Los presupuestos de 2023 reflejan el impulso final del mandato a las infraestructuras pendientes, especialmente en el ámbito sanitario.
La que ha sido la diana de todas las críticas desde los grupos de la oposición desde la pandemia es, también, el área que ensancha las inversiones en el territorio con dos grandes obras, las de los hospitales de Teruel y Alcañiz, que suman 70 millones para la provincia turolense, y con otras ampliamente demandadas, como el centro de salud de Barbastro, que motivó incluso la creación de una plataforma ciudadana y por fin verá dotación presupuestaria para renovar el espacio.
El reparto de inversiones territorializado en Aragón deja una fotografía muy desigual por comarcas. Claro está, las más beneficiadas son aquellas en las que en 2023 darán el empujón definitivo a esas infraestructuras pendientes que acercan los servicios públicos al territorio. Algunas comarcas no suman ni 100.000 euros de inversión del Gobierno de Aragón para 2023. Son las de Maestrazgo (59.750 euros) y el Aranda (84.000). También Andorra-Sierra de Arcos y las Cuencas Mineras (43.000 euros y 45.000, respectivamente, que se verán incrementados por la lluvia de millones de la Transición Justa).
Las mejor paradas en el mapa comarcal son las mencionadas Comunidad de Teruel y Bajo Aragón (con 27 y 44 millones, respectivamente, para sus hospitales) se encuentran entre las que acumulan más financiación en las cuentas presentadas por el Gobierno de Aragón.
A ellas se suma la Comarca Central de Zaragoza (con más de 52 millones de inversiones), la Hoya de Huesca (con 12 millones) y Somontano de Barbastro (con más de 11). Estas dos últimas también con el empuje de las infraestructuras sanitarias.
En el caso de Barbastro, con 4,6 millones de euros para el centro de salud, y en Huesca, con 550.000 para las obras del centro de salud del Perpetuo Socorro y otros 800.000 euros para el hospital San Jorge. Con estas inversiones, a falta de ver cómo se ejecutan, la hoja de previsiones del Gobierno de Aragón tapa buena parte de los agujeros en infraestructuras sanitarias.
En el ámbito educativo, otro de los orgullos de gestión del cuatripartito liderado por Javier Lambán, la inversión habla por sí sola en Zaragoza y la comarca central.
La carencia de infraestructuras en el sur de la capital aragonesa, dada la presión demográfica de los barrios más jóvenes de la ciudad, se va resolviendo con inversiones potentes. En concreto, para 2023 el Ana María Navales de Arcosur tendrá casi 7 millones; el Parque Venecia II, más de 6 y la ampliación del Valdespartera II, 200.000.
En el entorno metropolitano de Zaragoza, el IES Cuarte de Huerva tendrá 400.000 euros de inversión, y la ampliación del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, 100.000 euros.
El capítulo medioambiental, sello que ha intentado capitalizar Podemos, dejará prácticamente cerrado el drama del lindano con una nueva inversión de más de dos millones de euros para la descontaminación del río Gállego. Después de décadas de trabajo para limpiar el desastre ecológico de Inquinosa, la historia va llegando a su final.
A caballo entre el medio ambiente y el empleo, el convenio de transición justa también forma parte de una de esas cuestiones pendientes y largamente esperadas en el territorio. El próximo ejercicio, las partidas de inversión del Gobierno de Aragón superan los 21 millones de euros.
Y se espera que la visita de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, deje algún anuncio más.
Los proyectos estratégicos para la comunidad, como Motorland o la estación de Canfranc, también tendrán cuantías destacadas en el presupuesto. El plan parcial de la estación de Canfranc asciende a casi dos millones de euros, mientras el laboratorio del Canfranc contará con medio millón para investigación.
En el caso de Motorland, a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel, la Ciudad del Motor recibirá 687.000 euros, y el laboratorio de la Universidad de Zaragoza en Motorland, 300.000.
En el aire quedan, o al menos no aparecen como inversión, las adecuaciones de espacios para la hipotética llegada de las agencias estatales descentralizadas. El bono de 200 euros para los vulnerables queda diluido entre las partidas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
