Un 10% ha disminuido el nivel de agua embalsada en el embalse de Ribarroja en la última semana, del 93 al 83%, suficiente como para sacar a la luz una enorme cantidad de lodos que permanecen acumulados en la desembocadura del río Segre, frente al núcleo urbano de Mequinenza. Se estima que la acumulación de estos lodos se traduce en un impacto económico que ronda los 400 millones de euros en los últimos diez años y que serían consecuencia del desembalse de Barasona a mitad de los años 90 que, además, ha supuesto la pérdida de 1.100 empleos.

La respuesta institucional por parte del Ayuntamiento de Mequinenza no se ha hecho esperar. Según ha podido saber este diario, el consistorio va a reclamar al organismo de cuenca y a la concesionaria de la explotación hidroeléctrica el cumplimiento de las condiciones que quedaron fijadas en la concesión de los embalses de Ribarroja y Mequinenza, así como se lleve a cabo el mantenimiento al que están obligados. Así, tratarían de evitar recurrir a la toma de acciones legales, algo que no se descarta.

De hecho, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se comprometió el pasado mes de agosto a trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez para que se tuviera en cuenta en la próxima comisión bilateral Aragón-Estado.

Los daños, cuantificados

La consultora Smartpint elaboró un estudio en el cual cifró el impacto económico del desembalse de Barasona en 393 millones de euros entre 2011 y 2020, así como la pérdida de 1.100 empleos procedentes del sector industrial y turístico. No solo supone un impacto económico, sino también importante perjuicios hacia Mequinenza ya que se suma a la construcción de los dos embalses y al más reciente cierre de la actividad minera.

Además, critican que el proyecto de recuperación del lecho y mejora del estado ecológico del río Segre en la confluencia con el Ebro, valorado en 13 millones de euros, quedara sin ejecutarse por falta de asignación presupuestaria aún contando con todas la autorizaciones requeridas, incluida la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA). En este sentido, aluden a las estimaciones de la misma consultora sobre el ahorro de 18 millones de euros para Endesa en tributos por incumplimientos concesionales, así como a que las administraciones públicas reciben 45 millones.

Si este proyecto se hubiera terminando ejecutando, habrían finalizado los problemas de captación de agua para uso agrícola y también habrían disminuido las afecciones por inundabilidad en caso de avenida en el Polígono Industrial Riols.