La Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Aragón ha comunicado este viernes que ha logrado la devolución de unas cantidades mal cobradas por parte de Naturgy en la factura de la luz de un socio de la organización. El importe asciende a 163 euros y correspondía a facturas desde agosto donde se había incluido erróneamente el concepto del mecanismo de compensación del gas, puesto que su contrato finalizaba en diciembre y por eso la aplicación de este ajuste no se ajustaba a la normativa.

El usuario, relata la OCU de Aragón, formalizó distintas reclamaciones a la comercializadora, que se limitaba a indicar "de forma genérica" que el usuario "había renovado su contrato", negando de esta manera que procediese la devolución de la cantidad reclamada.

"Tal alegación era infundada ya que el consumidor tenía la posibilidad de cambiar de tarifa/precio por consumo dentro del contrato suscrito con su comercializadora, pero tales cambios no podían considerarse en ningún caso como una novación del contrato ya que estaban previstos en el mismo", explica la Organización de Consumidores en su nota.

El afectado reclamó a la OCU e inició un "proceso de mediación" reclamando la devolución del importe. Finalmente, Naturgy aceptó la reclamación asumiendo su responsabilidad y abonando el abono de las cantidades facturadas y el "sucesivo cobro" hasta la renovación del contrato en diciembre de este año.

No son casos aislados

Este caso no es extraño para la OCU. Según afirman, vienen detectando quejas por la "aplicación indebida del tope del gas" desde que este mecanismo de ajuste en octubre.

Además, denuncian que no es el único punto problemático desde que entró en vigor esta medida. Se trata de la ausencia de referencias en el Decreto a cómo las comercializadoras pueden o no pueden trasladar este coste que ellas tienen que asumir a sus clientes.

"Han sido necesarias dos documentos de la CNMC para resolver algunas cuestiones, y en cualquier caso la situación de indefensión del consumidor sigue siendo total, ya que sigue sin poder verificar si tiene que asumir ese coste y si el importe exacto que le está trasladando es el correcto", explican.

 "El Ministerio ante el revuelo que sin duda ha causado esta medida, en vez de tratar de aclarar la situación, únicamente actualizó el pasado mes de octubre la norma, para obligar a que las comercializadoras, cuando aplicaran este coste lo hicieran con un formato concreto e indicando que era decisión de ellas, trasladarlo al cliente", critican.