Cualquiera que este miércoles tuviera acceso a la sentencia que anulaba los acuerdos alcanzados en el congreso del PAR por el que salió reelegido su presidente, Arturo Aliaga, solo tiene claro los motivos por los que aquella votación ahora queda invalidada. Pero a renglón seguido surge una duda que nadie ha respondido durante las primeras horas siguientes a conocerse un fallo judicial: ¿y ahora qué? Y, sobre todo, ¿ahora quién puede deshacer este entuerto y ponerse al frente de forma inmediata? No hay que olvidar que cabía recurso pero también que esta es una opción que el líder del Partido Aragonés anunció que no piensa ejecutar.

No hay forma de saber cómo se va a aplicar la sentencia judicial en el seno del PAR. O si hoy el llamado «sector crítico» amenazará con exigir que sea una gestora la que maneje el timón en este momento de incertidumbre, que se haga por las buenas o sea un juez, este juez, el que le obligue a Aliaga a recurrir a ello. O si abordar una negociación para buscar una salida a este atolladero de mutuo acuerdo con las posiciones tan enfrentadas entre el bando oficial y el crítico. El presidente anunció que contactará con la Ejecutiva que había antes del polémico congreso, quizá sea una pista. Pero la sentencia le impide imponer nada desde una cúpula que el fallo dice que ya no es válida. Eso, a seis meses de las elecciones y sin candidato claro, tampoco ayuda.

Respecto a los motivos de la anulación, la sentencia no hace más que ir contra la actual dirección del PAR. Destaca que la «cuestión más controvertida» es lo que se hizo con la admisión de las personas con derecho a voto en el congreso, ya que el impago de la cuota «sería algo incluso subsanable para favorecer el derecho de asociación» pero que es peor «el hecho de que es la comisión organizadora la que adopta la decisión de aprobar esas reclamaciones y admitir a esos nuevos afiliados, cuando en los estatutos está previsto, como he indicado, que lo apruebe la comisión permanente, que lo remite a la comisión ejecutiva para su ratificación». «Esto es una irregularidad muy relevante», recalca el magistrado.

Además, expone que «no se ha acreditado que los 311 afiliados que reclamaron su inclusión en el censo hubiesen efectuado la solicitud previa en forma». Pero sobre todo llama «la atención sobre un hecho sorprendente»: «el pago de 1.536 euros por una sola persona para cubrir el importe de cuotas de un grupo de afiliados. Esto está acreditado y corroborado por los testigos responsables de la administración del partido, los cuales además reconocen que no es lo normal». Ese caso anterior lo califican de «anómalo e insólito». Dice el juez que «no es ilegal la captación de afiliados ni que alguien pague las cuotas por otros afiliados», pero esta «inusual entrada de afiliados en bloque unido a ese pago elevado de cuotas» obligaba a comprobar con más «rigor para evitar que la finalidad sea conseguir votantes exclusivamente para el congreso, que se podrán dar de baja inmediatamente después». Es lo más vergonzante y la clave para anular la modificación del censo hecha en septiembre y la lista de compromisarios decidida en octubre de 2021.

El juez, además, le resta importancia a otras cuestiones por la nula influencia en el resultado o porque no está claro que fuera una irregularidad. El voto delegado (fueron nueve y Aliaga ganó por 20), la exigencia de avales o la fecha límite para presentar candidaturas... Tampoco que hubiera papeletas numeradas que «no hay evidencias de que esos números permitiesen identificar de forma concreta a cada votante». Pero, aún así, refuerza el mensaje que los críticos han adoptado, el de que Aliaga hizo «trampas» para ganar. El mismo que usó un PP que quizá se sienta más cómodo, dentro de 6 meses, con la línea díscola del PAR en el futuro que con la actual dirección