EL ACCESO DE UN BIEN BÁSICO
El Gobierno de Aragón invertirá 21 millones para comprar 195 viviendas de alquiler
La DGA espera alcanzar en poco tiempo los mil pisos propios dedicados a arriendo social para familias vulnerables o colectivos como los jóvenes

El consejero de Vertebración de Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, este miércoles en rueda de prensa junto a Mayte Pérez, consejera de Presidencia. / GOBIERNO DE ARAGÓN
J. H. P.
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón destinará 21,3 millones de euros a la compra de al menos 195 vivienda de particulares, empresas o entidades financieras. El objetivo es incrementar el parque público de alquiler para dar soluciones habitacionales a las familias vulnerables o facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con dificultades como los jóvenes.
De esta manera, la DGA incrementará en torno a un 32% el censo actual de 600 viviendas de alquiler social que forman parte de su patrimonio. Esta cifra rondará en un plazo de tiempo no muy lejano las 1.000 unidades sumando las adquisiciones anunciadas y los proyectos de construcción de esta tipología de inmuebles.
Así lo aseguró ayer el consejero del ramo, José Luis Soro, tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó esta inversión. El Ejecutivo de España aportará el 60%, 13 millones, a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y el resto, 8,3 millones, los sufragará la DGA.
La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) adquirirá las viviendas, con 18,5 millones de euros en 2023 y el resto entre 2024 y 2025. Los inmuebles deberán tener una superficie útil mínima de 55 metros cuadrados, localizarse en suelo urbano, contar con célula de habitabilidad y suministros.
El procedimiento para la selección de las viviendas, que siempre serán de titularidad pública y para el alquiler, se ultimará a lo largo del mes de diciembre estableciendo las condiciones y criterios para la adquisición y buscando siempre que sean lo más útiles posible para las necesidades actuales.
Viviendas que cumplan su función
Estos inmuebles se incorporarán al patrimonio público y se podrán destinar tanto al alquiler social para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad, como a otro tipo de políticas para atender la demanda de alquiler en municipios con problemas de acceso a la vivienda o para facilitar el emancipación de los jóvenes.
José Luis Soro ha dejado claro que "no se trata de comprar por comprar, se trata de que las viviendas cumplan su función", recalcando que no se adquirirán aquellas que se encuentren en un estado de ruina, de forma que las obras de acondicionamiento no podrán tener un coste superior a 8.000 euros por vivienda.
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