La DGA valora como "el colmo de las risas" puntuar a Sevilla por la despoblación

Continúa el culebrón por la designación de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española, sobre todo después de conocer que uno de los aspectos tenidos en cuenta fue la pérdida de población de la ciudad andaluza. El director general de Investigación e Innovación, Ramón Guirado, ha calificado este hecho de «el colmo de las risas». El Gobierno ha dado a conocer este miércoles las bondades de Sevilla y los déficits del resto de candidaturas. En el caso de Teruel, por «deficiencias técnicas» referidas a la carencia de conexiones internacionales áreas, a la falta de presencia en el sector aeroespacial y de instituciones de investigación, así como por «indefiniciones» en relación a la sede provisional ofrecida.

La decisión de optar por Sevilla, además de tener todo lo anterior, es que es «la única de las cuatro mayores ciudades españolas cuya población ha decrecido en los últimos diez años». Esto es lo que duele en el seno del Gobierno de Aragón. «Ha perdido unos pocos y ya parece sufrir el drama despoblación», ha lamentado Guirado. «A medida que vamos sabiendo más sobre el procedimiento estamos más convencidos del paripé que se ha hecho», ha dicho. 

Mientras tanto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por Teruel Existe el 28 de octubre en el que se solicitaba la suspensión cautelar de la Orden del Ministerio de Política Territorial sobre los criterios exigidos para la instalación de la sede de la Agencia Espacial Española.

La Audiencia Nacional ya ha dado traslado de la notificación al Abogado del Estado, que tiene un plazo de diez días para que exponga lo que estime procedente o cinco días en caso de optar por un recurso de reposición para su impugnación. Teruel Existe se ha mostrado este miércoles «satisfecho» con esta noticia y ha recalcado que va a explorar «todas las acciones judiciales que se puedan interponer» para recurrir el acuerdo del Consejo de Ministros del lunes donde se elegía a Sevilla como ubicación. 

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha recalcado que «no compartimos la decisión que se ha tomado» y ha destacado que «es evidente» que la despoblación «se sufre de una manera mucho más aguda» en según qué zonas.

Fines electoralistas

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha asegurado que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha demostrado en este proceso de descentralización que «está dispuesto a manipular todo con fines electoralistas» y ha considerado que lo que debería haber «pesado con fuerza» es la lucha contra la despoblación y la vertebración territorial, pero ha acabado siendo «un elemento electoralista» con una apuesta por ciudades en las que gobierna el PSOE «ubicadas en comunidades donde gobierna el PP».

Además, ha afirmado que con estas decisiones se comprueba «la incapacidad de Lambán de influir en el Gobierno de Sánchez para conseguir la llegada de los proyectos estratégicos que necesita Aragón».

Por su parte, desde CHA han calificado de «broma de mal gusto» amparar la elección de Sevilla en detrimento de la candidatura de Teruel. «Aunque somos conscientes de que el desarrollo de los territorios más desfavorecidos no se hace a golpe de agencias, entendíamos que era un gesto necesario para demostrar que se pasaba de las palabras a los hechos en materia de Reto Demográfico», ha indicado José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA. A pesar de todas las críticas, para el Gobierno de España no hay vuelta atrás. De hecho, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha visitado este miércoles el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA) en Sevilla, donde se situará la futura Agencia Espacial, y allí ha defendido que la candidatura de la ciudad es «perfecta» y, de hecho, «no concibe otro lugar mejor que Sevilla».

Morant ha insistido en que el procedimiento ha sido «impecable» desde el punto de vista jurídico y, por tanto, «no hay ningún proceso judicial que pueda paralizar la decisión», en referencia al recurso del Gobierno de Aragón. Además, ha defendido la política «constructiva del Gobierno de España de lucha contra las desigualdades y no la del ruido y el agravio» entre territorios.