¿Constitucionalistas? no todos

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió unos mensajes de WhatsApp a sus compañeros, en los que alardeaba del acuerdo al que habían llegado con el Partido Socialista para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Según expresaba en esos mensajes, el acuerdo alcanzado les permitiría, entre otros espurios propósitos, «controlar la Sala Segunda de Tribunal Supremo desde atrás». El nombramiento de los nuevos vocales debía efectuarse el 4 de diciembre de ese mismo año, pero esa «filtración» hizo saltar el pacto por los aires y la renovación quedó frustrada.

No está de más recordar que esos mismos políticos que en su día atacaron con dureza la insumisión de los independentistas catalanes a la Constitución están actuando ahora del mismo modo, poniendo sucesivas trabas al mandato constitucional con el único propósito de llegar a las próximas elecciones con este bloqueo de la renovación, confiando, es de suponer, en ganarlas y así poder asegurarse la mayoría de los vocales a designar, con todo lo que ello implica sobre nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales. Se encuentran, en definitiva, instalados en una persistencia incumplidora de la Constitución que, no teniendo justificación alguna, es extremadamente dañina para el sistema democrático.

Si ponemos el retrovisor para observar todo lo que ha venido ocurriendo en estos cuatro años, nos encontraremos con que la actual crisis institucional en la que estamos inmersos encuentra su explicación en esos actos renuentes a cumplir la Constitución, siempre protagonizados por los mismos. Incluso encontraremos motivos de los que poder inferir que la aparente filtración de aquellos WhatsApp pudo no ser tal. Muy probablemente, lo que se pretendía entonces desde el partido más importante de la oposición no era la mera ruptura de aquel pacto, sino propiciar el inicio de una crisis institucional sin precedentes con el único objetivo de poder controlar los órganos constitucionales que escapan del sufragio directo popular.

Este premeditado plan ha culminado, a día de hoy, con la falta de designación por el Consejo General del Poder Judicial de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondían, en la que, obviamente, ha sido protagonista y cooperador necesario un grupo de vocales afines, cuya actitud negativa en facilitar esos nombramientos ha impedido obtener la mayoría de tres quintos que se requiere.

La actitud obstruccionista de quienes dan sucesivas nuestras de no respetar el resultado de las urnas es la explicación el propósito de cambiar esa mayoría cualificada que se exige

Se ha llegado así a una situación de bloqueo extraordinariamente preocupante, la cual, a nadie se le escapa, requiere de alguna solución, pues es mucho lo que nos estamos jugando, tanto si se mantiene, como si se sigue empeorando el actual statu quo.

Por esa razón, ante esa actitud obstruccionista de quienes dan sucesivas nuestras de no respetar el resultado de las urnas que les impidió gobernar en la presente legislatura, parece evidente que algo había que hacer, y es ahí donde encuentra su explicación el propósito de cambiar esa mayoría cualificada que se exige legalmente para la renovación de esos dos miembros del Tribunal Constitucional.

Una indignidad

Es cierto que, aunque se ha hecho otras muchas veces por gobiernos de distinto signo, se utilizó un procedimiento erróneo, pues se introdujo una enmienda a una proposición de ley que nada tenía que ver con nombramientos de nuevos magistrados del TC, pero, aun siendo errónea esa forma de intentar resolver el problema, lo más grave estaba por llegar, y llegó. El Tribunal Constitucional, a instancia de un partido político que lleva cuatro años incumpliendo la Constitución, adoptó, por primera vez en nuestra democracia, una decisión insólita, paralizando el debate parlamentario sobre esa iniciativa legislativa que, de salir adelante, habría permitido poner fin a la situación extremadamente anómala que se había generado. Se consumó con ello una injerencia sin precedentes en la autonomía del poder legislativo. ¡Qué indignidad!

El mal ya está hecho, pero es evidente que ante tan descomunal despropósito se hace necesario buscar con urgencia una solución, y la misma pasa por llevar a cabo una tramitación rápida de una proposición de ley cuyo contenido sea, exclusivamente, el de las enmiendas cuya tramitación parlamentaria ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

**Alfonso Ballestín es coordinador de Jueces y Juezas para la Democracia