Ya advirtieron hace un mes que llegaría una huelga indefinida si las nuevas responsabilidades asumidas por los letrados de la administración de Justicia (LAJ) -antes llamados secretarios judiciales- no iban unidas a una adecuación salarial. El ministerio de Pilar Llop no atendió su reclamación y este martes comienza una huelga que podría colapsar los juzgados en toda España y, por ende, en Aragón. En el marco de esta medida, se manifestarán en la Plaza Callao de Madrid, a las 13.00 horas, y se movilizarán hasta el Ministerio.

La mayoría de juicios podrían verse suspendidos, salvo que afecten a menores, discapacitados o presos, ya que son considerados servicios mínimos, así como las causas en las que sea necesario decretar medidas cautelares. Solo los juzgados de guardia (incluido el especializado en violencia sobre la Mujer) estará al 100% en su actividad. 

Por ejemplo, si en la sección penal de la Audiencia Provincial de Zaragoza se consuma la huelga no habría juicios hasta el 31 de enero cuando está señalada una vista oral por el parricidio de La Almozara. Se suspenderán vistas por alzamiento de bienes, estafas y tráfico de drogas. 

 La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ llegan a la víspera de la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Justicia por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es «política», «sin finalidad profesional alguna» y «contra el pueblo». Este señaló que «cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles».

La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional reprocharon al secretario de Estado sus declaraciones y le avisaron que «si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado». En el marco del conflicto, los convocantes llegaron a apelar a la «autoridad» del presidente Pedro Sánchez, ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio dirigido por Pilar Llop. «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico», instaron en un comunicado conjunto. 

El origen del conflicto

El conflicto laboral tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un «insoportable desequilibrio». Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".