El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.

El Ejecutivo aragonés justificaba dichas medidas por "las circunstancias excepcionales que atraviesa la ejecución de los contratos de obra pública, debido al constante y extraordinario incremento del precio de las materias primas y los materiales, traduciéndose en resoluciones contractuales por imposibilidad de ejecución, litigiosidad contencioso-administrativa por reclamación de indemnización de daños y perjuicios, afección al tejido empresarial autonómico y a la pequeña y mediana empresa, con la subsiguiente afección a los trabajadores".

El TC, al invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, suspende la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso de inconstitucionalidad (5 de enero de 2023), para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que se comunicará a los presidentes de los órganos autonómicos.

El Gobierno considera que el Decreto-Ley autonómico impugnado puede no acomodarse a la legislación básica estatal en materia de contratos públicos.