La oposición ve "dudas jurídicas" en el contrato de Barceló en Canfranc

Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón expresaron ayer sus dudas por el contrato de arrendamiento del grupo Barceló para gestionar el hotel de gran lujo en la rehabilitada Estación de Canfranc por un alquiler de 370.000 euros de media al año en las próximas siete décadas.

Una concesión a 69 años en la que el Ejecutivo autonómico conseguirá prácticamente cubrir la inversión realizada en la estación y su entorno, de más de 31 millones de euros, pero en el año 2092.

Desde el Partido Popular a Izquierda Unida expresaron sus "dudas" por un modelo de gestión en el que, denunciaron, el "beneficiado" será una empresa privada tras un gran esfuerzo inversor de las arcas autonómicas.

"Nos llama poderosamente la atención que todos los aragoneses hayamos invertido 32 millones de euros, de los que algo menos de la mitad se han destinado a rehabilitar la antigua Estación de Canfranc, para que ahora entre una empresa que no sabemos cómo ha sido seleccionada", expresó el portavoz del PP en el área de Cultura, Fernando Ledesma.

El diputado popular anunció que van a estudiar "en profundidad" el contrato de arrendamiento porque observan, aseguró, "muchas dudas jurídicas".

"El Gobierno de Aragón no participa en la elección de la empresa arrendataria, que además se queda con el negocio para los próximos 69 años por una módica contraprestación económica", expresó Ledesma. Además, criticó el hecho de que el contrato, como se recoge en los pliegos, no actualice al IPC las cuantías de alquiler anuales, sino que tan solo se debe incorporar el IVA correspondiente. "No entendemos que no se plantee la actualización al IPC en un contrato a 69 años", recalcó.

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Tanto es así, avanzó Ledesma, que el grupo parlamentario está estudiando pedir la comparecencia del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para solicitar "explicaciones" sobre el contrato.

Desde el otro extremo ideológico del arco parlamentario, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, lamentó que esta decisión del Gobierno de Aragón es "más de lo mismo".

"Entregar a manos privadas un bien patrimonial emblemático como la estación de Canfranc una vez ha sido rehabilitada con fondos públicos, para convertirlo en un hotel de súper lujo por un ridículo canon es más de lo mismo", expresó. "Un episodio más de la mal llamada colaboración público-privada, donde lo público aporta y lo privado obtiene los beneficios", denunció el también coordinador de IU Aragón.

Desde el grupo parlamentario de Vox, su portavoz Santiago Morón, que repetirá como candidato a las Cortes por Zaragoza en las próximas elecciones, aseguró que comparte "el fondo pero no las formas" de la gestión del arrendamiento de la Estación Internacional de Canfranc para albergar un hotel en los próximos 69 años.

"El fondo es el adecuado, la rehabilitación de un Bien de Interés Cultural (BIC) a través de una explotación económica surgida de la colaboración público-privada, que da sentido a las obras realizadas y que permite generar riqueza en el valle", comentó Morón.

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Sin embargo, lamentó que las formas "están en línea con lo que nos tiene acostumbrado el gobierno del cuatripartito, actuando con el dinero de los aragoneses como si fuera propio". "Generan una operación de inversión fuera de la ortodoxia financiera, tanto en plazos como en la forma de pago, diseñándola además fuera de la debida concurrencia competitiva, utilizando la figura de una UTE de por medio, para soslayarla. Los riesgos son altos y los asumimos los aragoneses", denunció el portavoz de Vox.

La postura más comprensiva desde la oposición llegó desde el grupo parlamentario de Ciudadanos. El diputado portavoz de Vertebración del Territorio, Carlos Ortas, destacó que la reconversión de la estación en hotel y su arrendamiento "es una forma de dinamizar la zona y de poner en valor la inversión realizada", y declinó valorar las condiciones del contrato por no disponer del documento.