INFRAESTRUCTURAS
Jaque a la obra pública de Aragón al suspender el Constitucional el decreto de medidas urgentes
Casi 150 licitaciones quedaron desiertas en la comunidad en 2022 por el sobrecoste de los materiales | Los contratistas advierten de "un problema serio" para ejecutar obras públicas en el medio plazo | El Gobierno se adherirá al decreto estatal mientras dure el litigio
El colegio Ana María Navales, en Zaragoza, se licitó en segunda convocatoria por un precio mayor al no querer ningún contratistas asumir el proyecto por el alza de precios. / ANDREEA VORNICU
Nuevo jaque a la ejecución de las obras públicas dependientes del Gobierno de Aragón y las entidades locales. El sobrecoste de los materiales lleva más de un año y medio regando de dolores de cabeza a los contratistas, que buscan adaptar sus proyectos a la subida desbocada de las materias primas, que ronda ahora el 30% con respecto a hace un año y medio. Los constructores encontraron cierto remedio en un decreto ley de medidas urgentes para paliar la inflación promulgado por el Gobierno de Aragón en abril del año pasado, pues recogía una cláusula de revisión de precios para frenar la bola de nieve de licitaciones desiertas en la obra pública: casi 150 adjudicaciones quedaron desiertas durante 2022. Sin embargo, este ajuste de costes ha quedado suspendida por la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Pedro Sánchez para anular la norma del Ejecutivo aragoné al entender que no se acomoda a la legislación básica estatal en materia de contratos públicos.
La noticia ha soliviantado a los contratistas aragoneses, que habían acordado con el Ejecutivo aragonés esta medida para paliar los golpes de la inflación. Manifiestan abiertamente su malestar y critican que se les apriete «aún más la soga al cuello», dado que renunciar a la cláusula de revisión supone ejecutar la obra con unos precios muy diferentes a los previstos al comenzar una obra debido a la aleatoriedad en la que se ha movido el mercado en el último bienio, guerra de Ucrania mediante. Según coinciden las fuentes del sector consultadas por este diario, cabe esperar que las empresas contratistas vayan a estudiar con mucho más detenimiento los proyectos al no contar con ese apoyo jurídico que permitía equilibrar económicamente los contratos desfasados por la variación de precios.
«La reacción del Estado mandando el decreto al Tribunal Constitucional (TC) por vulneración de la constitución es criticable. La mayoría de las competencias de contratación pública son compartidas entre los Gobiernos central y autonómico. La suspensión de la norma por el recurso causa perjuicios patentes y graves a la actividad económica de la obra pública en Aragón», explica Vicente Lafuente, el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Aragón. «El decreto se promulga para poner coto a los problemas gravísimos de demoras en el inicio de las obras públicas, revisar contratos en marcha, dar seguridad jurídica y evitar las resoluciones de contrato por inviabilidad económica o los pleitos contra la Administración», prosigue Lafuente.
Una medida única desde principios de siglo
De este modo, se entiende que el Ejecutivo aragonés promulgó su propia norma para tratar de frenar una bola de nieve de licitaciones desiertas en el ámbito de la obra pública a través de la revisión de precios, una forma de actuar proscrita desde principios de siglo, cuando se aprobó la ley de desindexación por la que se desvinculaban los precios de las subidas del IPC en un contexto de inflación muy contenida.
Cabe destacar que la iniciativa afecta tan solo a los contratos de obra dependientes del Gobierno de Aragón y dispone una transición para que los ayuntamientos y otras entidades locales promotoras se adhieran en caso de así desearlo. El Gobierno de Sánchez promulgó su propio decreto ley para las obras estatales, las que dependen de sus ministerios, a los que las autonomías se podían adherir.
Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a los que este diario ha tenido acceso, la ejecución de 145 proyectos ubicados en Aragón habían quedado desiertas en su primera convocatoria desde octubre de 2021 hasta el pasado mes de diciembre, con un valor agregado superior a los 40 millones de euros. Algunas de ellas con cuantías muy elevadas, como la reforma de la residencia de mayores Javalambre en Teruel (la más grande de Aragón), licitada por 3,66 millones de euros, o la construcción de un otro centro de mayores en Morata de Jalón, que se hubiera adjudicado por 1,42 millones de euros pero no despertó el interés de los contratistas.
LA DGA SE ADHIERE A LA NORMATIVA ESTATAL DURANTE EL LITIGIO
El Gobierno de Aragón solicitará al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión del decreto ley tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez. En cualquier caso, en el tiempo en el que la norma esté suspendida, Aragón se va adherir al decreto ley estatal para que exista la posibilidad de revisar los precios y evitar el vacío legal.
Así lo revelaron ayer fuentes del Ejecutivo aragonés, subrayando que es un intento por «defender nuestra propia autonomía», dado que la norma promulgada por el Gobierno de Lambán es «ajustado a derecho y no se extralimita». Añaden que se están analizando las posibilidades presentes y los pasos a dar. La admisión a trámite del recurso deja sin efecto los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón. Es decir, que deja sin efecto las medidas excepcionales en materia de revisión de precios de los contratos de obras, la revisión de precios en los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública y la modificación de los materiales en los contratos de obra pública, así como el ámbito de aplicación.
Desde el Ejecutivo autonómico afirman que el volumen de revisiones en los contratos hasta ahora «no ha sido desmesurado», sobre todo por la contención de la inflación durante los últimos meses.
RECLAMACIONES DEL SECTOR
Este mismo litigio que los Gobiernos central y aragonés mantienen se dio entre Moncloa y el Ejecutivo extremeño en octubre del año pasado. Del procedimiento negociador entre la Junta de Extremadura y el sector se acordaron varias medidas que ahora los contratistas aragoneses quieren emular. Según ha podido saber este diario, la semana pasada se desarrolló una reunión a dos bandas entre la patronal de los constructores y la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón. Allí, los contratistas propusieron cargar a las cuentas de la Administración un 14% de la factura de los contratos públicos. En concreto, pidieron que los gastos de dirección de la obra (ronda el 5% de la licitación) lo asuma la DGA, así como que la Administración pague el máximo en cuanto a gastos generales (el 17% cuando el mínimo es el 13%). Por último, los contratistas piden ahorrarse el ICIO y la licencia de obra (otro 5%). La propuesta fue derivada a la Consejería de Hacienda, que no ha emitido todavía una respuesta.
«Si no se nos echa una mano ya, habrá un problema serio en el medio y largo plazo para hacer obra pública. En un futuro se encontrarán sin empresas que se atrevan a hacerlas», critica Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC). Incide Bandrés en que la inflación ha estrechado sobremanera los márgenes comerciales de los contratistas, lo que les ahuyenta de un sector que ya sufrió un éxodo con la crisis del ladrillo de 2008.
"Dejando una obra a mitad perdía tan solo 10.000 euros, la fianza, pero si la terminaba, las pérdidas ascendían a 30.000", asegura un contratista
El decreto de la DGA incluía una disposición en la que podían adherirse las entidades locales por debajo de la comunidad autónoma. Sin embargo, los contratistas aseguran que la práctica totalidad de los consistorios no ejecutaron una revisión de precios, dado que el sobrecoste se cargaría sobre las arcas municipales. «Los contratistas no podemos asumir las subidas despropocionadas. Se han dado situaciones en las que, con la obra a mitad, si la terminaba perdía 30.000 euros por los sobrecostes, mientras que si la dejaba sin acabar y pagaba la fianza tan solo perdía 10.000 euros», afirma Pablo Ruiz de Temiño, director general de la constructora Inobare.
«La cláusula de revisión era una pequeña ayuda de la DGA para sus propias obras. Nos ayudaba a no perder dinero, pero esto de la suspensión es inaudito. Es echarnos más la soga al cuello a los contratistas, pero quienes promueven la obras son las Administraciones», concluye.
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