La semana ha dejado en la comunidad un debate profundo sobre las dificultades que acarrea hoy en día la lucha contra el fuego. Muchas de las tragedias crecientes las tienen los llamados incendios de sexta generación, que se producen por las altas temperaturas y la baja humedad que provoca el calentamiento global y multiplica las calamidades en territorios como Aragón, que prepara una nueva ley para combatir urgencias de primer orden como esta u otras varias que han cruzado el territorio en los últimos años en forma de borrascas, riadas o cualquier otro tipo de accidente climatológico, algunos con nombres inolvidables como Filomena o Gloria.
La obsesión en estos días, no obstante, es buscar el mejor modo de combatir los grandes incendios forestales. «Son tormentas de fuego, crean su propio clima, sus propias corrientes de aire, a veces recorren cientos o miles de hectáreas en dos o tres horas», explica Felipe González, el expresidente del Gobierno que está implicado con pasión en una campaña de concienciación para lograr un cambio de modelo que sirva para que la batalla contra el fuego sea más igualada.
Se habla de respetar el paisaje, pero sobre todo «al paisanaje», prescindiendo de ese exceso de sabiduría banal que pretende hacer desde los despachos de ciudad lo que los paisanos del campo llevan haciendo siglos. «Prevención, prevención y prevención», dice González. Y precisamente en ese sentido trabaja el Gobierno de Aragón, para sacar adelante la nueva Ley de Emergencias antes de que concluya la legislatura.
Esta nueva ley surge ante la necesidad de adaptar la normativa a la evolución de la protección civil y la gestión de emergencias. También como desarrollo de la vigente ley aragonesa de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que data de 2002 y si bien contribuyó a sentar las bases y el modelo del sistema de protección civil y gestión de emergencias en Aragón, ha quedado desfasada en algunos apartados, por lo que precisa de una actualización.
La nueva ley busca reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento de los sectores públicos ante situaciones de emergencia o catástrofes. En el texto se busca establecer el sistema de protección civil de Aragón, integrando a los sectores públicos y privados de la comunidad y aumentando la resiliencia de los ciudadanos.
«Es muy importante, como ya vimos con la gestión del covid, contar con la implicación de todos los departamentos. Y que todos estén comprometidos cuando se trate de una emergencia integral. Es la idea de la que partimos y que va sobrevolando el texto de la ley», explica Carmen Sánchez, directora general de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón.
El texto pretende cambiar el paradigma para pasar de la gestión de los desastres a la gestión del riesgo del desastre. Por eso se enfatiza la importancia de la anticipación –el «prevenir y prevenir» de Felipe González– y la autoprotección como las herramientas más eficaces para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y sus bienes.
En las Cortes
La idea, ahora en las Cortes pendiente de que concluya el proceso de enmiendas el 17 de febrero, nace después de que la borrasca Gloria provocase daños muy importantes en Aragón en enero de 2020. Entonces, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, «entendió la necesidad de crear una especie de ejército», cuenta Sánchez.
Un aspecto que subyace en la ley es buscar la implicación y participación de toda la sociedad en la protección civil, en especial de los colectivos más vulnerables. «Queremos insistir en la cultura de la autoprotección, en la resiliencia o en la formación de los niños. Para que sepan qué deben hacer ante un incendio o una inundación, por ejemplo. Es decir, que aprendan a autoprotegerse», explica la directora general.
Sánchez incide en que el cambio climático ha traído consigo sucesos «muy difíciles de gestionar», y recuerda que «nunca, en toda la historia, habíamos tenido que desalojar a tantos vecinos como el pasado verano». En cifras, los cinco incendios de gran extensión que cruzaron la comunidad en el último periodo estival obligaron a evacuar 13 núcleos urbanos y a 3.363 personas en el territorio aragonés.
La nueva ley estructurará la intervención alrededor del centro de emergencias 1-1-2 Aragón y de los servicios operativos en la comunidad autónoma, con la novedad de que se establece sobre los principios de complementariedad, inmediatez, proximidad y mando único.
Es decir, cuando el presidente de Aragón declare la emergencia integral, supondrá la asunción por su parte de la dirección de todas las actuaciones, una variación notable en comparación con la organización actual, en la que los diferentes cuerpos tiene una visión particular de las urgencias, cada uno desde su ámbito.
«Y no debe ser así, no tienen por qué pensar en si están invadiendo la competencia de otro. En el momento que hay que proteger vidas, hay que organizarse muy bien, trabajar todos de manera conjunta sin mirar de soslayo al de al lado», remarca Carmen Sánchez.
La norma regulará también cuestiones tan importantes como las medidas sancionadoras. Es decir, la restitución de los costes que genere a las administraciones públicas las negligencias o actos que sean provocados y obliguen a la intervención de los servicios de emergencia.
Entre las principales novedades se habla de un servicio público que garantice la coordinación y eficacia de las políticas aragonesas de protección civil. Aquí aparecerán las provincias como parte de la organización del Sistema de Protección Civil, adquiriendo competencias en prevención, intervención y recuperación. Además, aparece la figura del consorcio autonómico de prevención y extinción de incendios, que dotará de más operatividad a la lucha contra los fuegos. Será una suerte de paraguas bajo el que se situarán los servicios provinciales y los de los municipios de más de 20.000 habitantes que lo deseen.
La visión sindical
UGT, CCOO y CSIF han expresado recientemente su rechazo a que el operativo contra incendios deje de depender en su conjunto de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y se desgaje para hacer recaer las tareas de extinción en la Dirección General de Interior y Protección Civil.
Los sindicatos aseguran compartir la necesidad de que en la comunidad haya una ley que regule la actuación de los distintos operativos de emergencias y mejore su coordinación, pero denuncian que el proyecto de ley elaborado «camufla», en una disposición transitoria, la posibilidad de separar la prevención de la extinción en la gestión de los incendios forestales.
Su temor es que se trate de imitar «un modelo de operativo basado en Bomberos, solo seguido en las comunidades más ricas y densamente pobladas pero alejadas de la realidad del territorio aragonés».
«No hay ninguna separación, pero hay que ir viendo hacia dónde evolucionamos. No hay nada cerrado en este sentido, lo único que queremos es mejorar la gestión de las emergencias», dice la directora general, que concluye explicando que «al presidente, a la consejera y a mí nos gustaría que saliera adelante cuanto antes porque es una ley que nos arma».
