Cada día que pasa la celebración de la bilateral parece menos posible, por más que unos y otros insistan en que sí, en que tienen interés. El Gobierno de Zaragoza ha contraatacado para afear las declaraciones de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, del miércoles, en las que acusó a Jorge Azcón de promover un «clima» enrarecido y de acusar al ayuntamiento de remitir la documentación reclamada de una manera «algo desordenada».
La concejala de Hacienda, María Navarro, ha explicado que el consistorio ha entregado «toda» la información solicitada por el Gobierno de Aragón. En concreto, lo hizo el pasado 13 de enero, cuando se dio traslado de la documentación requerida sobre el fondo de financiación, el coste de la depuración o de la prestación de las competencias impropias.
«No vamos a participar en esa política de confrontación que sufre la ciudadanía. No hay que ponerse nerviosos porque las elecciones sean dentro de unos meses», ha afirmado Navarro, que ha instado al Ejecutivo aragonés a que dejen «trabajar a los técnicos» y no pongan «palos en la rueda».
La concejala ha asegurado que no presionarán a los técnicos de la DGA para que devuelvan la documentación con sus apreciaciones. «Entiendo que lo están estudiando. En cuanto nos lo manden, el ayuntamiento convocará la bilateral», ha dicho.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha aprovechado la ocasión para recodar que fue el Gobierno de Aragón el que decidió judicializar el convenio del plan Embarcadero, en plena negociación por parte de las mesas técnicas de la bilateral.
Proyecto para crear comunidades energéticas
Frente a estas «decisiones caprichosas porque alguien tiene interés en confrontar», el edil ha defendido que el ayuntamiento «va a seguir trabajando para defender los intereses de los ciudadanos y no a confrontar». Serrano también ha cargado contra el requerimiento por la instalación de placas fotovoltaicas en polígonos industriales anunciado por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.
Para Serrano, es «especialmente grave» que la DGA vaya «en contra» de la modificación del plan general que va «en consonancia de todas las ciudades europeas y lo que marca el propio Ministerio de Transición Ecológica y que, además, obtuvo la unanimidad del salón de plenos.
Desde el Ejecutivo han explicado que hay una parcela calificada como zona verde, por lo que es necesario que se establezca otro espacio de similares características en compensación.
