La huelga de secretarios judiciales: una aguja que para todo el reloj

Hace casi tres semanas que sobre las mesas de los juzgados aragoneses se agolpa un buen número de demandas a la espera de admisión. Otras ya se habían admitido, pero la tramitación de estos procedimientos ha quedado paralizada. Y también existen sentencias sobre esos procesos judiciales, pero no se pueden ejecutar a pesar de que los jueces, como así les compete, ya han iniciado ese proceso de ejecución. Esta es una radiografía a gran escala de los efectos que deja la huelga de los letrados de la administración de justicia en Aragón. Entre ese montón de folios se entremezclan demandas y procesos de la jurisdicción civil, social, contencioso-administrativa o penal.

En el caso de lo civil, Ana Isabel Tena, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, concreta que, diariamente, están dejando de admitir una media de diez demandas por juzgado. En su jurisdicción esto se traduce en reclamaciones de dinero a los bancos como, por ejemplo, «que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca». No obstante, los paros «no solo causan un perjuicio al justiciable» ya que las validaciones de permisos, las vacaciones y el teletrabajo de los funcionarios de los juzgados –gestores, tramitadores y auxiliares– también depende de los letrados de la administración de justicia. «Tampoco estamos contestando a sus dudas del tipo ¿embargamos estas fincas? A ellos también se les está acumulando el trabajo», añade Tena.

En este sentido, apunta que estos mismos gestores, tramitadores y auxiliares tendrán que volver a citar a las partes cuando se señalen de nuevo esos juicios que están suspendiendo y que quedarán emplazados a «un mínimo de seis meses». De momento, ya acumulan entre 1.000 y 1.200 resoluciones sin firmar. «Y las que no se inician», exclama.

Esto mismo le sucede a Raquel Gregorio en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza. «Desde un matrimonio hasta hipotecas o contratos de arrendamiento», señala Gregorio, quien insiste, en todo momento, en el engranaje del que forman parte todos los miembros de un juzgado, desde el juez hasta los tramitadores, los gestores y los auxiliares. En este sentido, lamenta, al igual que su compañera Tena, que sus paros estén repercutiendo en el trabajo de esos gestores y tramitadores, pues «nosotros les damos las instrucciones». «Todo el mundo se piensa que la Justicia es dictar una sentencia y ya. El juzgado es como un reloj. Hay muchas piezas conectadas con muchas competencias. Si una pieza para, el reloj no funciona», expone a modo de reflexión.

Las consecuencias en Social

En la jurisdicción social sucede lo mismo con los procedimientos de despidos, sanciones laborales, reclamaciones, prestaciones de la Seguridad Social –«cuando una persona está incapacitada y solicita su reconocimiento»–, impugnaciones de altas médicas o impugnaciones de actos administrativos como, por ejemplo, «el incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales».

Así lo explica Ana Igea, secretaria judicial en un Juzgado de lo Social de Zaragoza. En su caso, especifica, «son asuntos bastantes complejos que exigen un estudio pormenorizado de la demanda». «Hablamos tanto de trabajadores como de empresas y, como no se tramita ni se admite nada, los trabajadores no reciben esas cantidades», añade. De hecho, Igea especifica que su juzgado ya acumula unas 50 demandas pendientes de ser aceptadas y unos 1.300 procedimientos paralizados.

La paralización de estos procedimientos también se sucede en la rama de Familia como, por ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Zaragoza. En este caso, enumera Alfonso Rivera, se trata de divorcios, separaciones, modificaciones de guardias y custodias de menores y de pagos de pensiones de alimentos. Por el momento ya acumula «44 demandas pendientes de iniciar el trámite» y, en su caso, los servicios mínimos han quedado fijados para las medidas cautelares y las vistas en las que participa un menor o un discapacitado.