PLENO DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Aprobada la ley de agricultura familiar en Aragón

El objetivo es garantizar el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación

Silvia Gimeno, diputada de PSOE, durante la presentación del dictamen de la comisión de Agricultura.

Silvia Gimeno, diputada de PSOE, durante la presentación del dictamen de la comisión de Agricultura. / CORTES DE ARAGÓN

Europa Press

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario, que establece criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar y social de suficiente dimensión para ser competitivo en los mercados y fija las prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.

El objetivo principal, es pues, concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación, según recoge el texto de la ley.

Esta norma actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura, las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.

Asimismo, la ley resulta "ambiciosa" en su concepción, planteando una actualización en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas en su conjunto hacia el modelo de agricultura social y familiar, pero también, incidiendo de forma notable en la adaptación del marco normativo a la realidad social del sector, así como al aseguramiento de la sostenibilidad económica y ambiental de las producciones, en línea con las sensibilidades y requerimientos del resto de los ciudadanos hacia este sector.

Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a la planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del "liderazgo" de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, permitiendo que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural.

También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad, adaptándola a la situación actual en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.

Grupos

La diputada del PSOE Silvia Gimeno ha dicho que el PP apoya "la agricultura corporativa, de los fondos de inversión" y que la ley impulsa la modernización del sector y apoya la agricultura social, familiar y profesional.

El diputado del PP Ramón Celma ha aseverado que esta ley no atiende a los problemas de agricultores y ganaderos, recalcando que el sector perdió un 8,7% de su renta en 2022 pese al aumento de la producción agraria de un 11%. "Con esta ley aumenta la inseguridad jurídica, se excluye del modelo familiar a muchos ganaderos y agricultores por no ser declarantes de la PAC", ha añadido.

El diputado de Cs Ramiro Domínguez ha indicado que esta ley atiende a las necesidades reales del medio rural y ha destacado el impulso a la figura de la titularidad compartida.

El diputado de Podemos Nacho Escartín ha señalado que la aportación del PP es "suprimir a todos los agricultores" y ha defendido "una agricultura con agricultores", manifestando que este Parlamento "no va a permitir que la agricultura familiar muera".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín ha dicho que esta ley es "muy necesaria, mejora el futuro del sector y es clave para actualizar la situación del campo aragonés a una nueva realidad".

Desde el PAR, Esther Peirat ha apostado por el diálogo y el consenso, manifestando que es importante "escuchar a todos los colectivos afectados".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha opinado que el texto final de la ley "no es satisfactorio" porque aumenta la carga burocrática, no mejora la competitividad de las explotaciones y no apoya el relevo generacional.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha resaltado la inclusión del banco de tierras y el reconocimiento de los efectos nocivos de la ganadería industrial.