INVESTIGACIÓN SOBRE UNA POSIBLE TRAMA DE CORRUPCIÓN

El Gobierno de Aragón compró drones a una empresa investigada en el ‘caso Mediador’

El Gobierno de Aragón adquirió un lote de 7.450 euros para Protección Civil y se negociaban más. La jueza investiga licitaciones de los ministerios de Interior y Defensa

Juan Bernardo Fuentes, en libertad tras declarar por el caso Mediador.

Juan Bernardo Fuentes, en libertad tras declarar por el caso Mediador. / CARSTEN W. LAURITSEN

M. Reyes

La trama de sobornos y extorsión que investiga desde Santa Cruz de Tenerife la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres en el llamado caso Mediador no solo afecta a los proyectos de formación que dirigía el general Francisco Espinosa en los países africanos del Sahel, con al menos cuatro contratos de 2,3 millones adjudicados por una fundación integrada por altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado. La juez que instruye el caso Mediador también pone el foco en otras seis adjudicaciones, dos de ellas vinculadas al Ministerio de Defensa, otra a Interior y las tres restantes a diferentes instituciones repartidas por la geografía española, incluido el Gobierno de Aragón, que adquirió drones por valor de 7.450 euros.

En todos esos procedimientos administrativos resultó beneficiada la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL, que pertenece a José Santiago Suárez, un empresario valenciano amigo del general de división Espinosa Navas, imputado en la causa junto a otros empresarios, los exdirectores de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes, este último exdiputado nacional del PSOE, y el mediador Antonio Tacoronte Navarro, que hacía de bisagra entre las dos tramas de la organización corrupta: una especializada en evitar inspecciones al sector ganadero a cambio de sobornos y pequeñas mordidas, entre otros favores urbanísticos, y otra que cobraba comisiones para facilitar negocios empresariales en las islas a través de la Zona Especial Canaria (ZEC). La juez investiga delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

El general Espinosa, en prisión provisional

El único de los doce detenidos la semana pasada que sigue en prisión provisional, comunicada y sin fianza es el general Espinosa, entre otros motivos porque la magistrada ha autorizado a Asuntos Internos que acceda al correo corporativo del general en el servidor de la Dirección General de la Guardia Civil.

Los agentes tratan de esclarecer si ha existido algún tipo de influencia o de trato de favor en la gran cantidad de contratos otorgados desde enero de 2020 a agosto de 2021 para suministrar drones tanto a los ministerios de Defensa y de Interior como a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que es el organismo presidido por Calviño para gestionar el proyecto europeo de cooperación internacional que lidera España en el Sahel. Espinosa dirigió ese programa desde 2017 hasta enero de 2021.

Y es que en todos esos contratos, desde la compra de drones para las misiones africanas por la fundación, hasta la adquisición de esos aparatos para los ministerios de Interior y de Defensa, los agentes han encontrado un patrón que se repite: siempre resultaba beneficiada en la adjudicación la empresa del amigo valenciano del general, según los informes de Asuntos Internos de la Guardia Civil que han sido remitidos a la autoridad judicial.

Los agentes, que han buceado en la Plataforma de Contratación del Sector Público para dar con esas adjudicaciones, advierten a la juez de la «complejidad» de la investigación, la cual requiere un minucioso estudio de la documentación para hallar indicios delictivos, con la finalidad de encontrar comportamientos, fechas o comunicaciones que acrediten el amaño de esas licitaciones. Por eso no solo se ha intervenido el correo de Espinosa en la Dirección General de la Guardia Civil, sino que la magistrada también ha reclamado los proyectos originales a la Fundación Internacional, así como las meses de contratación y los teléfonos de todos los funcionarios que han podido intervenir en esos procedimientos administrativos.

Es más, de entrada, solo con los datos de la Plataforma del Sector Público de Contratación, a los investigadores judiciales les llama la atención que no figuren las ofertas de las empresas rivales en uno de esos concursos. Se trata de una licitación que lleva fecha de 23 de septiembre, con la finalidad de comprar drones para la Guardia Civil por valor de 100.000 euros, todo ello mediante un procedimiento abierto, simplificado y de tramitación ordinaria. La entidad adjudicataria es la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, que depende del Ministerio de Defensa. El contrato se lo llevó, como todos los investigados, la entidad Asesoramiento y Servicio de Drones por 94.4000 euros, pero los agentes destacan que en el expediente no figuran las ofertas de las otras tres empresas: Guardian Homeland Security, Integración Tecnológica Empresarial y Stockrc FPV Aeromodelismo.

Contrato con el Ejército de Tierra

Otro de los contratos que logra la empresa valenciana, menor en este caso, lo adjudica por 14.997 euros la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones, que también está adscrita al Ministerio de Defensa, concretamente al Ejército de Tierra. Ocurre el 12 de noviembre de 2021.

El tercer contrato estatal que está bajo sospecha lleva fecha del 21 de octubre de 2020. El órgano adjudicatario en este caso es la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, que depende Ministerio del Interior. Se trata de un contrato menor para comprar por 21.000 euros dos sistemas de detección de drones destinados a la Dirección General de la Policía.

La cuarta licitación sacada de la Plataforma de Contratación del Sector Público apunta al Ayuntamiento de Carmona, en Sevilla, que adquiere un dron para su Policía Local por valor de 6.766 euros, cuando el anuncio inicial de licitación, de fecha 13 de enero de 2022, era de 5.591 euros.

También adquiere drones para su Protección Civil el Gobierno de Aragón por importe de 7.450 euros. El anuncio de la convocatoria es el 4 de enero de 2022 y el departamento adjudicatario es Presidencia y Relaciones Institucionales. En este punto, los agentes destacan conversaciones entre el empresario valenciano y el conseguidor que revelan la intención de lograr más contratos con esa comunidad.

— Suárez: «Aquí tenemos el tema de Protección Civil, el tema de los bomberos. Los bomberos en la Península están como locos. Yo tengo mucho trato con la Diputación de Zaragoza».

— Navarro Tacoronte: «¿Es del PSOE?».

– Suárez: «Han despegado 20 vuelos de emergencia con drones».

— Navarro Tacoronte: «Escúchame, ¿Zaragoza es del PSOE?»

— Suárez: Zaragoza es del PSOE, sí.

— Navarro Tacoronte: «Pues bien. No creo que haya más nada que hablar, ¿no?».

En Valdepeñas, Ciudad Real, también hizo negocio el empresario valenciano José Santiago Suárez. El Ayuntamiento, a través de su Alcaldía, le pagó 5.100 euros el 15 de octubre de 2021 a cambio de una cámara térmica para su Agrupación de Protección Civil.

Todos estos contratos, cuatro de la Fundación, dos de Defensa, uno de Interior, otro de Aragón, uno de Valdepeñas y otro de Carmona, han sido localizados por Asuntos Internos a través de la Plataforma Pública de Contratación, pero los agentes han dado con más vínculos comerciales con el empresario valenciano mediante su propia Aplicación Logística y Financiera (Alfi).

La Dirección General de la Guardia Civil, durante 2019, facturó a la compañía Emcotex Export 9.160 euros mediante el procedimiento de anticipo por caja fija (gastos corrientes extrapresupuestarios). Se trata de una empresa también vinculada a Suárez que en este caso presta una especia de servicio de mantenimiento, con el suministro de diferentes baterías y repuestos de drones.

Entre 2020 y 2022, la facturación de la Guardia Civil ascendió hasta a los 37.751 euros con la sociedad Asesoramiento y Servicio de Drones, que esos años estaba dirigida por dos hijas de Suárez. Aquí se empleó el sistema de anticipo de caja y dos contratos menores de 13.761 y 9.021 euros para comprar drones al Seprona y otras unidades aéreas.