CAMBIO LEGISLATIVO

Los empresarios del juego ven en peligro 2.000 empleos por la nueva ley aragonesa

La patronal del sector augura un cataclismo para sus negocios y la hostelería si no se dan marcha atrás a algunas de las medidas y restricciones del borrador de la norma, que se prevé aprobar en los próximos meses

El presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), José Antonio Rubio, y el vicepresidente, Jesús Tremosa, esta viernes en una rueda de prensa en Zaragoza.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), José Antonio Rubio, y el vicepresidente, Jesús Tremosa, esta viernes en una rueda de prensa en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

La nueva la Ley del Juego de Aragón, que se prevé aprobar definitivamente en los próximos meses --antes del final de la legislatura-- tras tres largos años de tramitación, levanta ampollas en las empresas del sector. Vaticinan un cataclismo para sus negocios, la hostelería y el empleo si no se corrigen algunos de los cambios sustanciales que recoge el borrador de la normativa. En particular, estiman que están en peligro más de 2.000 puestos de trabajo y la desaparición del 30% de los salones de juego por la aplicación de ciertas medidas y restricciones.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), José Antonio Rubio, ha tachado de "inconstitucional" el texto de la norma que se ha elaborado y ha lamentado que se haya perdido el espíritu de "consenso" con el que se promovió esta modificación legal en 2020, cuando se planteaba que "todos saliésemos más o menos contentos".  La ley que está en ciernes provocará, auguró, «efectos dañinos» para el sector y «no servirá para reducir el juego».

Las Cortes de Aragón darán el próximo lunes 27 de febrero un nuevo paso para culminar la reforma de la Ley del Juego. Será en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en la que se producirá el debate y votación del Informe de la ponencia que estudia el proyecto de esta modificación legistlativa.

Uno de los puntos que más recelos despierta es que se aplique en los bares con maquinas tragaperras el Registro del Juego de Prohibidos de Aragón (REJUP), un instrumento para ayudar a las personas afectadas por una adicción al juego. Se trata de un archivo que impide el acceso a quienes voluntariamente se inscriben por un problema de ludopatía. Hasta ahora solo era obligatorio en salones de juego, bingos y casinos. "Esto, llevado a la hostelería, crea muchos problemas", ha afirmado Rubio.

Registro de jugadores prohibidos

En este sentido, ha mostrado sus dudas sobre el cumplimiento en estos casos de la Ley de Protección de Datos. "A todos nuestros empleados de los salones se les exige un certificado de penales para la obtención de carnet de juego y está acreditado que tienen capacidad para acceder a esta base de datos", ha explicado. Asimismo, estos trabajadores se forman "continuamente" sobre el tratamiento y detección del "posible juego problemático" entre los clientes. "Esto es inviable en la hostelería", ha apuntado.

La introducción de este sistema en los bares provocará, según AESA, que el 50% de las maquinas de juego de estos locales se den de baja, lo que estiman que equivaldría a la pérdida de un puesto de trabajo por cada tragaperras, ya que supondría que estos negocios dejen de ingresar de media unos 20.000 euros al año. "No olvidemos que son pequeños empresarios, en muchos casos autónomos y familias humildes", ha subrayado.

"Es un ataque demasiado importante como para dejarlo pasar. No estamos en contra de que se apruebe la ley, es conveniente pero en unos términos ajustados", ha afirmado Rubio. Por estos motivos, la asociación empresarial, en alianza con el sector de la hostelería, va hacer "todo lo posible para defender esos 2.000 puestos de trabajo". "No podemos permitir --ha añadido-- que una ley, que prometía defender intereses de colectivos vulnerables y ser consensuada con el sector, acabe costando tanto empleos, tantos millones de euros a la Administración y tantos percances".

Prohibición de usar tarjetas bancarias

Rubio ha criticado además que, en lugar de reducir y controlar más el juego, la nueva ley tendrá el efecto contrario al haberse añadido una autorización para que la ONCE y las Loterías del Estado "puedan venderse en cualquier establecimiento abierto al público". Esto provocará, ha recalcado, "un incremento del consumo de juego exponencial", además de suponer un trasvase del negocio de la parte privado del sector a los operadores públicos.

Otra de las exigencias que, según AESA, hará estragos es la obligación de que en un plazo de dos años se conecten a un servidor del Gobierno de Aragón todas las máquinas de los establecimientos de juego con el objetivo de tener información sobre las cantidades apostadas, los premios dados y los tiempos jugados. "Técnicamente no es posible", ha dicho Rubio, que ha calculado que sería necesaria una inversión de unos 200.000 euros por establecimiento, es decir, un desembolso de más de 23 millones de euros para el conjunto de los 118 salones que hay hoy en la comunidad.

También han rechazado que el proyecto de ley prohíba que los clientes puedan efectuar pagos con sus tarjetas de crédito, algo que hasta ahora sí estaba permitido y que, además de "ser práctica creciente en todo el mundo, es viable en el juego público y online", señalan.

Otra de las exigencias que, según AESA, hará estragos es la obligación de que en un plazo de dos años se conecten a un servidor del Gobierno de Aragón todas las máquinas de los establecimientos de juego con el objetivo de tener información sobre las cantidades apostadas, los premios dados y los tiempos jugados. «Técnicamente no es posible», Rubio.

Por todo ello, la patronal aragonesa del juego ha pedido a los partidos políticos que se solicite un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón porque algunas de las medidas que se pretenden implantar son "anticonstitucionales", entre ellas, que se prohíba el uso las tarjetas bancarias en los salones. "Esto es ir en contra de los tiempos y de la libertad", ha afirmado Jesús Tremosa, vicepresidente de AESA.