El Casino Montesblancos, un embargo que se convirtió en un interminable ‘pozo sin fondo’

Si ya es desolador ver un edificio público rendirse al abandono y el olvido de la Administración, mucho más lo es cuando ese bien inmueble, que gozó de un importante valor en el pasado, nunca fue pretendido por el actual propietario, que acabó recibiéndolo como pago en especie por el embargo impuesto a su anterior dueño. Este es, exactamente, el contexto que rodea a uno de los edificios más reconocibles de Aragón en esta situación de olvido: el Casino Montesblancos. Es, sin duda, el más famoso esqueleto de hormigón y escombros de la provincia de Zaragoza, instalado en el término municipal de Alfajarín y que acumula 25 años a la espera de un desenlace ya irreversible y que está en manos de la DGA.

Saqueado hasta dejarlo despojado de cualquier objeto con un mínimo valor en su interior, vandalizado en todas sus dependencias y casi en cada metro cuadrado de sus múltiples estancias, su estado actual es de absoluta «ruina». Y lo cierto es que este inmueble cada año le cuesta dinero al Gobierno de Aragón, su propietario desde que su anterior dueño lo perdió por un embargo de sus bienes motivado «por el impago de 973 millones de pesetas» de impuestos autonómicos. No hace falta imaginarse lo difícil que es desprenderse de un inmueble así. Ni que en el mercado tenga más valor el suelo sobre el que se asienta, escaso también, que el edificio en sí, que no tiene una rehabilitación posible.

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No obstante, este edificio sí está teniendo una utilidad. Según informaron desde la DGA a este diario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya lo ha usado varias veces para entrenar, una formación en el trabajo sobre el terreno en un edificio en ruina, que amenaza con derruirse y para actuar en las condiciones más complicadas. Ahora mismo, de hecho, la principal preocupación del Gobierno de Aragón es que se cuele alguien al interior de este inmueble y no sea consciente del riesgo que representa para sí mismo.

Así se encuentra el abandonado casino Montesblancos, en Alfajarín

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Lo peor es que cuesta más dinero echar abajo todo ese esqueleto de hormigón que mantenerlo en pie a la espera de que llegue algún interesado. Por el volumen de trabajo que supondría y al precio que están estas labores en el mercado, la factura para el Gobierno de Aragón rondaría los 600.000 euros aproximadamente. Un gasto abultado para una única finalidad, que deje de existir en el paisaje del término municipal de Alfajarín.

Este embargo al final ha pesado como una losa sobre las arcas autonómicas durante los últimos 25 años y no será porque no se haya intentado vender. Salvo en este mandato y el anterior (2015-2019), en todos los anteriores gobiernos, tanto con el PSOE al frente como con el PP, han intentado al menos una vez colocarlo a alguna empresa o particular. Ahora lleva nueve años sin hacerlo, ya que la última subasta en la que se incluyó data de 2014 y entonces se sacó por un valor de 1,3 millones de euros.

La última subasta

El edificio recién embargado, cuentan desde el Ejecutivo autonómico, se recibió como si nadie hubiera tocado nada de la última noche en la que el Casino Montesblancos estuvo abierto. Hasta las copas a medio vaciar estaban encima de la barra. Nada que ver con la imagen actual. Pero el paso del tiempo solo ha hecho que devaluar un inmueble que ya en aquella subasta de 2014 habría perdido más del 70% de su valor. No hay más que ver que si la deuda tributaria por la que fue embargado eran 973 millones de pesetas, al cambio al euro un total de 5,8 millones de euros, esos 1,4 millones de euros por los que se puso en el mercado entonces apenas representaba el 25% de la deuda que se pretendía cobrar por el impago. Tampoco se logró ingresar esa cuantía y ahora probablemente la cifra de salida sería muy inferior.

La propiedad pasó al Gobierno de Aragón por el impago de 973 millones de pesetas en impuestos

El Casino Montesblancos es a día de hoy el único edificio que el Gobierno de Aragón ha adquirido por la vía del embargo y ahora, 25 años después, se ve obligado a gestionar este agujero negro. La gran mayoría de inmuebles que recibe le llegan por herencias de aragoneses sin descendencia legal o por abintestato. Y si los gobiernos de Santiago Lanzuela, Marcelino Iglesias y Luis Fernanda Rudi lo intentaron adjudicar sin éxito a manos privadas, quizá el de Javier Lambán tampoco tendría mucho éxito ahora. Ni siquiera el Ayuntamiento de Alfajarín lo ha reclamado para dar uso al suelo donde se levanta este esqueleto en ruina.

No obstante, en su dilatada historia en manos públicas sí ha habido alguna tentativa de compra que no se llevó a cabo. Se llegó a adjudicar su venta a un empresario barcelonés que ofrecía 1,5 millones de euros por él. Estaba prácticamente hecha la operación tras la subasta y solo le quedaba cubrir los avales necesarios para la firma y... nunca se llegó a hacer. Desapareció la oferta y nunca más se supo de este interesado.

Lanzuela, Iglesias y Rudi lo subastaron sin éxito, la última vez en 2014 por 1,3 millones

La crónica negra

Además, la sombra de la crónica negra también está muy presente en sus paredes. Solo para quienes recuerdan la historia que acompañó al interventor designado por el juzgado para analizar la suspensión de pagos declarada por la empresa en 1996. Asesinado en 1997, Javier López Aldea, justo cuando acababa de informar de sus conclusiones, y sin que todavía hoy se sepa quienes le ejecutaron o si fue un crimen por encargo. Lo cierto es que fue la puntilla a un negocio que fue boyante en los años 80 (abrió en 1978) y que ya estaba sumido en su decadencia por aquel entonces.

Hoy ya han pasado 26 años de aquel asesinato y es una espita más en la dramática deriva de esta construcción ubicada en la estepa zaragozana, junto a la A-2. Y es una palada más a ese pozo sin fondo para una Administración como la DGA, que hoy es víctima de ser entonces uno de sus principales acreedores. Ha pagado caro el precio de su propio embargo.