CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno da luz verde al nuevo plan extraordinario de carreteras de Aragón

La DGA lo licitará en breve y prevé actuar en 1.700 kilómetros, el 30% de la red autonómica

Varios operarios trabajan en una carretera aragonesa.

Varios operarios trabajan en una carretera aragonesa. / ÁNGEL DE CASTRO

Ignacio Martín

Ignacio Martín

La reunión del Consejo de Gobierno aprobó ayer también el nuevo plan extraordinario de carreteras, que se licitará en breve y no debería de tardar mucho en ser presentado por el Gobierno de Aragón.

La licitación llegará en breve para este plan extraordinario de carreteras, un programa para mejorar el 30% de las vías autonómicas gracias a la colaboración público-privada que supondrá una fuerte carga sobre las arcas de la comunidad de alrededor de 3.000 millones en 24 años. El presidente, Javier Lambán, ya advirtió en noviembre que este plan obligará a «reajustes muy serios» en el presupuesto si no crece la financiación autonómica.

El plan extraordinario de carreteras supondrá una inversión inicial de unos 630 millones para mejorar el 30% de las vías autonómicas, por las que circula más del 60% del tráfico de la red secundaria. A lo largo de 2023 se cerrará el proceso de adjudicación de los contratos para que comiencen las obras en 2024, con 30 meses de ejecución.

El plan, por el que las adjudicatarias asumirán la inversión y se encargan de la conservación de las vías durante 25 años con el cobro de un canon anual global de unos 125 millones, divide las actuaciones en carreteras que vertebran Aragón en diez zonas más la duplicación de la A-127 entre Tauste y Ejea de los Caballeros para conectar las Cinco Villas con vías de alta capacidad.

El Gobierno de Aragón ha constatado que es imposible acometer las obras con el presupuesto ordinario. No se podía esperar más tiempo a actuar en estas vías que el propio Lambán considera que, en gran parte, tiene un estado «pésimo, malo, lamentable», ha repetido el jefe del Ejecutivo, que advirtió del problema creciente con la financiación autonómica, hasta el punto de que prácticamente todos los recursos de la comunidad se tienen que destinar a sanidad, educación y servicios sociales, con lo que «no hay manera de atender como se merecen otro tipo de políticas públicas». 

Suscríbete para seguir leyendo