Lambán garantiza que el PSOE "nunca" judicializará el plan de La Romareda

El mismo día y casi a la misma hora que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza presentaba tres informes para demostrar, en su opinión, que el consistorio zaragozano puede seguir adelante con el plan Romareda porque tiene «autonomía» para hacerlo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha dejado claro que el PSOE «no judicializará» la operación.

Pese a ello, poco después, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha respondido que dichos informes municipales no cambiaban una coma de lo denunciado hace una semana: el plan actual incumple la Ley de Urbanismo de Aragón. Pese a ello, parece que no será el Ejecutivo autonómico el que lleve el asunto a los tribunales, aunque alertan «con lealtad institucional» de que si alguien lo hace, la Justicia puede darle la razón.

«Dije que el PSOE no judicializaría La Romareda y lo mantengo. Lo dije solemnemente y lo ratifico más solemnemente. El Partido Socialista no judicializará La Romareda. No judicializaremos La Romareda, insisto. Por el PSOE no dejará de haber estadio, fundamentalmente por el respeto a la afición del Zaragoza, que es ejemplar y encomiable». Con esta manifestación tajante de Javier Lambán, presidente de Aragón, pareció ayer que quedaba despejado el camino para el plan del Ayuntamiento de Zaragoza.

Rédito político

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acusó el martes al PSOE de estar utilizando La Romareda «con intereses electorales», algo que este miércoles ha negado Lambán. «Es curioso que me acuse a mí de utilizar al Zaragoza y el asunto de La Romareda desde el punto de vista electoral. Últimamente me he limitado a decir que, en mi opinión, la gestión deportiva de los dueños del Zaragoza no está dando buenos resultados, lo cual me parece objetivo», reafirmó.

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«También he dicho que las aspiraciones económicas me parecen más solventes y que lo mejor que tiene el Real Zaragoza es su historia y su afición, que es ejemplar, con 25.000 personas yendo al campo todos los domingos en Segunda División, cuando los más mayores recuerdan al Zaragoza incluso a puntos de ganar la Liga». Se refería Lambán al campeonato liguero de la 99-00, cuando el equipo aragonés llegó a la última jornada con opciones matemáticas de ser campeón aunque finalmente terminó cuarto en la tabla.

Desde el punto de vista del jefe del Ejecutivo, los propietarios del Real Zaragoza y el ayuntamiento «decidieron un buen día que ellos se lo guisaban y ellos se lo comían», algo que considera «respetable». Desde el Gobierno «lo único que les decimos es que cumplan escrupulosamente con la ley. Porque pudiera ser que, si no lo hacen, lleguen a tener problemas. Pero no porque el Gobierno les ponga problemas, sino porque hacer las cosas mal les puede suponer problemas desde otros ámbitos», ha dicho.

El Gobierno de PP-Cs tiene el aval técnico

En la casa consistorial reforzaron su argumento con tres informes diferentes que avalan su operación por lo que, consideran, la única vía a la que puede recurrir Lambán para paralizar el proyecto es la judicial. El Gobierno de Azcón quiere aprobar cuanto el plan Romareda para sacar a licitación de la construcción del nuevo estadio antes de las elecciones del 28 de mayo.

Así de claro lo ha dejado el concejal de Urbanismo, pese a las advertencias del Gobierno de Aragón sobre la legalidad de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta. Soro ha insistido en que falta la aprobación del texto refundido en el Consejo Provincial de Urbanismo porque las modificaciones del plan son «sustanciales» y no «menores», como defiende su homólogo de Urbanismo en el consistorio. Entre finales de septiembre y enero, recordaba Soro, enviaron «diez requerimientos» al ayuntamiento solicitándoles dicha documentación.

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Serrano ha defendido, por su parte, la legalidad del proyecto basada en tres informes diferentes. El primero de ellos lo firma la jefa de Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce, que ha explicado durante una comisión de Urbanismo extraordinaria que el ayuntamiento está «homologado» desde 2013 para realizar modificaciones del planeamiento menores, por lo que entiende que el Comisión Provincial de Urbanismo «puede solicitar» al consistorio que trabaje en la redacción de un texto refundido, pero no exigirlo.

Soro ha manifestado su discrepancia respecto a que el consistorio esté «homologado», pero ésta es una modificación «sustancial», incidió, ya que «se pasa de un equipamiento público a uno privado, lo que no hacía la primera aprobación inicial de noviembre, y lo que era un bien demanial pasa a ser un bien patrimonial», de forma que el visto bueno definitivo sigue correspondiendo al Consejo Provincial de Urbanismo, ha reiterado.

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En el segundo informe, de los servicios jurídicos, se asegura que la competencia para la aprobación definitiva es municipal y la intervención del órgano autonómico «facultativa». Por último, el tercer documento, realizado por los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu y Gerardo García Álvarez, concluye que la Comisión Provincial de Urbanismo «no tiene competencia» para imponer la redacción de un texto refundido y «en ningún caso puede paralizar la aprobación de una modificación puntual del PGOU o suspender su eficacia».