La memoria democrática en las aulas es la asignatura pendiente en Aragón

Mirar al pasado, con los ojos del presente y con la intención de reparar el futuro. Eso es la memoria democrática que esta semana protagoniza las actividades de las principales instituciones. Desde la llegada de la nueva ley, muchos asuntos han cambiado para reparar ese pasado injusto y esas heridas que aún hoy siguen abiertas.

Las asociaciones memorialistas trabajan desde hace años por exhumar los cadáveres de las víctimas de la represión y resignificar los todavía demasiados restos del franquismo que siguen en las ciudades de todo el país. Para estas organizaciones en Aragón, el primer fallo sigue siendo la falta de presencia de materiales sobre la memoria democrática en las aulas de los colegios e institutos.

«Hay seis o siete millones de chavales en todo el país que no tienen ni idea de lo que fue la Segunda República, de lo que fue el franquismo y de qué paso en España después de la guerra civil», asegura Enrique Gómez, presidente de Armha (Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón). Una consecuencia, la que ocurre en los colegios, de políticas de «mirar hacia otro lado durante más de cuatro décadas», según el propio Gómez.

Desde Armha lamentan que la relación con la consejería de Educación no es muy fluida, ya que «no tenemos contestaciones a nuestras propuestas para llevar exposiciones, películas o charlas sobre este tema a los colegios». Celebra, por otro lado, que gracias a iniciativas como la semana de la Memoria Democrática, que hoy concluye, varios institutos de la comunidad sí que hayan tenido clases temáticas sobre memoria histórica.

Lo que siente Gómez es que el currículo, en este aspecto, se ha ampliado «de forma muy puntual» y que la presión que sienten los profesores afecta a la hora de enseñar estas lecciones: «Hay profesores que no han querido tratar estos temas porque se sienten incómodos y conocen todo el barullo político que los rodea». Sin duda, para Gómez la memoria democrática es «la asignatura pendiente del sistema educativo».

«Una de nuestras mayores batallas es conseguir que la memoria democrática sea algo habitual en los currículos escolares», resume Anabel Lapuente, presidenta de PAMA (Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón). Para la dirigente de esta asociación memorialista, «es importante que los jóvenes sepan lo que ha ocurrido en nuestro país y conozcan lo que hacemos en estas organizaciones». Para Lapuente, la principal falla es que «nuestros chavales no son conscientes de todo lo que han sufrido muchas familias españolas».

El objetivo de Lapuente, si se completa la colaboración con los colegios, es conseguir que los jóvenes aragoneses sepan que «se está intentando reparar algo que el Estado debía haber hecho hace mucho tiempo, empezando en la Transición y siguiendo hasta que hiciese falta». La presidenta de PAMA asegura que esta tarea «se hace sin ningún rencor» y que el único objetivo es «recuperar el eslabón que falta en muchas familias». «Lo que pretendemos es formar pactos de encuentro y poder decir lo antes posible que vivimos en una democracia sana y verdadera», completa.

No están solas las asociaciones memorialistas en esta tarea. Preguntados por la postura sobre la presencia de la memoria democrática en las aulas, la Federación Aragonesa de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) valora «positivamente que se introduzcan contenidos que pongan en valor la realidad histórica vivida», así como animan a que esto suceda para «reivindicar hechos históricos silenciados en los libros que es necesario conocer». En definitiva, los padres y madres de Aragón consideran «necesario normalizar» esos contenidos ocultos.

Cumplir lo establecido

«Desde esta nueva ley y desde la creación de la Secretaría de Estado, ha vuelto la dotación y llegan más subvenciones para seguir haciendo nuestra actividad», confirma Enrique Gómez. La mejora es sustancial, ya que con estas prestaciones «se han reactivado las exhumaciones, que son tareas muy caras, y podemos llegar a sitios a los que antes no llegábamos».

Una idea que comparte Anabel Lapuente, que exige un poco más a las instituciones: «Nos gustaría que hubiera más implicación por su parte, que hubiera más personal trabajando». Porque, advierte, que la tarea necesita relevo, ya que «muchos activistas nos vamos haciendo mayores y no podemos dejar a nuestros nietos con una mancha tan fea en el pasado».

Como exigencias para que el trabajo se complete, la presidenta de PAMA tiene solo una, pero que agrupa a todas: «Que de verdad se cumpla íntegramente la ley, solo con eso no tendríamos ni la mitad de los problemas que aún mantenemos en estos días».

Desde Armha, Gómez sí que da algunos casos que están dificultando las tareas de estas asociaciones: «No tenemos disponibles el censo de algunos ayuntamientos, las instituciones no quieren saber nada del pasado de la Guardia Civil o de la Iglesia, y tampoco tienen mucho interés en aplicar la parte sancionadora».