Más de 200 trabajadores de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental)se han manifestado por las calles del centro de Zaragoza este sábado para reivindicar unas mejores condiciones laborales que les permitan trabajar todo el año y afrontar con dignidad la lucha contra los incendios y la conservación de los montes en la comunidad autónoma.
Vestidos con los trajes de trabajo, se han manifestado por la Gran Vía hasta el paseo de la Independencia y han concluido con la lectura de un manifiesto en la plaza de España, donde han pedido más inversión y el respeto a sus derechos laborales tanto al Gobierno de Aragón como a los partidos políticos.
Los bomberos forestales han reclamado una reunión con el consejero de Agricultura del Ejecutivo aragonés, Joaquín Olona, para aumentar los tiempos de contratación. A la manifestación de este sábado se sumarán nuevas movilizaciones la próxima semana y, según han avisado los trabajadores, sus protestas pueden derivar en una huelga si antes del 21 de marzo Olona no se reúne con ellos.
Escasa inversión en la comunidad
La sección sindical de CCOO en SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental) ha elaborado un informe para protestar por la escasa inversión que tiene la comunidad para enfrentarse a los grandes fuegos. "En inversión en prevención y extinción de incendios forestales tenemos que Aragón invierte una media anual de 2,04 euros por hectárea (€/ha), frente a una inversión media en España de 21,67 euros, a lo que hay que añadir que, de estos 2,04 que invierte, 1,22 son subvencionados principalmente por la Unión Europea".
En cuanto a la gestión forestal, añaden, "Aragón invierte 15,15 €/ha (de los cuales 9,09€, son subvencionados también), frente a los 39 €/ha de media en España, por lo que estamos por debajo de la media nacional en gestión forestal también".
Tras sufrir una de las campañas más duras de incendios forestales este pasado verano, y viendo cómo muchos de los pronósticos de los expertos ya han empezado a cumplirse, se ha generado un intenso debate en cuanto a la gestión de la prevención y extinción de los incendios forestales. "Hay que resaltar que gran parte del debate se debe a que nos encontramos en año electoral, porque hasta la fecha el interés de los sucesivos Gobiernos ha sido escaso, y solo han sabido aplicar la política del parche. Pero claro, tras el verano de desalojos y evacuaciones de poblaciones, donde por desgracia el resultado es conocido por todos, los habitantes de nuestros pueblos han pasado de un estado de frustración a la crispación ante la situación de abandono de nuestros montes y viendo cómo el riesgo de sufrir un incendio, lejos de disminuir, ha aumentado, acercándose cada vez más a nuestros pueblos".
La quinta comunidad con más superficie forestal
Según el último estudio de la asociación nacional de empresas forestales (ASEMFO), Aragón es la quinta comunidad de España en cuanto a superficie forestal con 2.608.311,30 hectáreas, de las cuales 1.045.955 son de titularidad pública y el resto de propiedad privada.
En el catálogo de medios del año 2018, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, se aprecia que en materia de personal y medios "de que disponemos para atender los incendios forestales tenemos que, mientras la media nacional es de un bombero forestal por cada 1.994 hectáreas, en Aragón le corresponden 3.360, siendo la segunda comunidad tras Extremadura con menos personal destinado a la prevención y extinción", explican al tiempo que aseguran que estos datos no han cambiado en los últimos cinco años.
En cuanto al número de medios, "tenemos un camión autobomba por cada 25.186 hectáreas de media en España, mientras en Aragón hay un camión por cada 67.467, casi tres veces por encima de la media". Además, "solo disponemos de 7 centros de trabajo acordes a las necesidades del servicio, faltan todavía habilitar 63 centros de trabajo".
El plan de protección civil
En el año 2018 el Gobierno de Aragón aprobó el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (PROCINFO), con el fin de establecer la organización jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y servicios. "Muchos de los apartados contemplados en este plan siguen sin estar desarrollados e implantados, lo que repercute directamente en la gestión y planificación de la emergencia".
"Con el fin de proteger la salud de las personas, los bienes en los núcleos de población y otras infraestructuras y construcciones de relevancia para la protección civil, se estableció la necesidad de que los municipios que tengan al menos un 50% de su término municipal en zona de alto riesgo de incendios deberán contar con un Plan de actuación de ámbito local de emergencia por incendio forestal. Actualmente ningún municipio cuenta con este plan de protección civil, a pesar de que la Ley 30/2002 de protección civil y atención de emergencias de Aragón ya lo exigía", dicen desde Sarga.
Los datos del año 2022 recogidos en la estadística de incendios forestales del Gobierno de Aragón muestran que en el pasado ejercicio se produjeron 345 conatos y 138 incendios, la mayoría en los meses de junio, julio y agosto. De ellos, el 53,3% fueron debidos a accidentes y negligencias. "Las dos principales causas dentro de este apartado son las quemas agrícolas, en primer lugar, y los motores y máquinas, además de que de los diez incendios más grandes que sufrimos el año pasado, seis se desencadenaron con una alerta roja de peligro de incendios".
Según recoge el documento, "no querer poner restricciones en los días de alerta roja de incendio, como ya han hecho otras comunidades vecinas, es querer no ver el problema, porque para que se produzca el incendio se ha de producir la chispa".
Con el fin de reducir la peligrosidad y dificultad de la extinción de incendios forestales en el territorio, "se debe contar con los Planes Técnicos de Defensa contra Incendios Forestales, que son una obligación legal (Ley 15/2006 de Montes de Aragón) y constituyen una herramienta de trabajo imprescindible para acometer la planificación" de la prevención y la extinción.
"En Aragón, después de 17 años, sigue sin aprobarse ninguno. Con todo lo aportado, solo podemos afirmar que el actual Gobierno de Aragón, y su máximo responsable en la materia -- el responsable de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal es Diego Bayona-- ha sido incapaz de desarrollar y gestionar un servicio esencial como es el Servicio de Bomberos Forestales de Aragón. No comprenden que la inversión en prevención es inversión en seguridad y genera economía en los pueblos, sigue sin existir una planificación y una ejecución de trabajos que puedan llevar a una mitigación del grave riesgo actual que corren algunos de nuestros pueblos y de garantizar la seguridad de sus vecinos, dejando al territorio a merced de la suerte y la casuística frente al riesgo de los incendios forestales".
Próximo foro
Precisamente la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha organizado un foro técnico sobre incendios forestales, que se celebrará el próximo viernes en la Sala Goya del Edificio de San Pedro Nolasco.
La jornada contará con la presencia de expertos de ámbitos tanto estatal como autonómico, que analizarán los nuevos retos a los que se enfrenta el territorio aragonés ante este tipo de emergencias.
Desde el comité intercentros de Sarga han promovido varias protestas en las últimas semanas. Aseguran que el Gobierno de Aragón debería gestionar mejor las partidas presupuestarias destinadas a Sarga porque “carecemos de medios materiales y personales”.
La última petición se produjo el pasado 27 de febrero en las puertas de la sede de la DGA en el Pignatelli y ante el Departamento de Agricultura. "Este año el gobierno autonómico destinó 30 millones de euros para este servicio público y, a pesar de ello, soportamos unas condiciones de trabajo precarias. Con contratos inestables, soportando jornadas parciales y sin el compromiso de trabajar los doce meses del año", denuncian.
El comité intercentros de SARGA ya informó que del presupuesto anteriormente citado, una parte ha sido destinada para la subcontratación de algunas laborales a empresas privadas, "dinero que se ha quitado de la mesa de negociación con la plantilla para privatizar una parte del servicio", denuncian.
