La temporalidad en el Gobierno de Aragón supera el 55%

El número de trabajadores con contrato temporal en la Administración general autonómica de Aragón ha aumentado casi dos puntos en solo seis meses y ya supone el 55,1% del total de la plantilla, según los datos oficiales del último Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que estas cifras "vuelven a evidenciar que el Gobierno de Javier Lambán no defiende un empleo público estable y no va a cumplir con el compromiso de reducir al 8% las cifras de temporalidad a las que le obliga la Unión Europea y la legislación española".

La publicación del último boletín de personal, con datos del pasado mes de diciembre, y su comparación con el anterior, con datos de junio, muestra que la Administración General de la DGA ha pasado en este periodo de 12.079 a 12.113 empleados, 34 más. Sin embargo, el número de quienes tienen contrato temporal ha ascendido en 239 personas. De esta manera, el porcentaje de temporalidad ha pasado del 53,3% a la cifra récord del 55,1%.

STEPA subraya que este aumento de la temporalidad en la Administración autonómica ha sido una "constante" durante las dos legislaturas de Javier Lambán.

Los datos de su propia Dirección General de la Función Pública señalan que cuando llegó a la Presidencia de Aragón, en junio de 2015, este porcentaje de temporales era del 35,7% y no ha dejado de crecer, ya que "infringe sistemáticamente la ley que obliga a que las necesidades permanentes estén cubiertas por personal fijo, lo que pone de manifiesto la inoperancia de su Gobierno, y en particular del director general de Función Pública, Esteban del Ruste".

El sindicato resalta la paradoja de que el Gobierno de Aragón castigaría con duras sanciones a cualquier empresa privada que practicase esta política laboral "cuando el encargado de hacer cumplir las leyes por la estabilidad en el empleo es, precisamente, el principal incumplidor".

La mitad de los trabajadores, con contrato temporal

La Administración General es el colectivo de la Administración Autonómica de Aragón con peores datos de temporalidad, pero los números y la evolución temporal son igualmente negativos si se considera el total de empleados públicos, incluyendo también a los de Educación, Sanidad y otras áreas. Así, los datos globales que arroja el boletín de diciembre son de 58.487 trabajadores en total y 28.929 con contrato temporal, el 49,5%, con un aumento del 10% durante el mandato de Lambán.

Los datos oficiales, publicados semestralmente, revelan que en el periodo de junio de 2015 a diciembre de 2022 hubo 7.562 trabajadores más, pero 1.022 menos con contrato fijo. El número total de trabajadores de la DGA ha aumentado todos los años, sin embargo la cifra de contratos fijos que había en 2015 ya no se ha superado en ninguna ocasión.

El aumento de la temporalidad en la Administración autonómica ha sido una tendencia constante durante las dos legislaturas de Javier Lambán, con leves bajadas ocasionales, totalmente eclipsadas por subidas mucho más fuertes y otros datos. Por ejemplo, la temporalidad ha bajado un 0,1 respecto de junio a diciembre de 2022; pero el número total de la plantilla ha descendido en un porcentaje mayor.

"El Gobierno defiende el trabajo público solo de boquilla", denuncia el sindicato

STEPA denuncia que la política laboral del cuatripartito de Javier Lambán, con el consenso de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial, "es la opuesta a la de un supuesto gobierno progresista" y se ha basado en prácticas como "la privatización de los servicios, la amortización de plazas, las convocatorias fraudulentas, la ocultación de información y el incumplimiento de la ley", de manera que "el actual Gobierno de Aragón defiende un modelo basado en el trabajo público y la estabilidad solo de boquilla, porque sus actos muestran todo lo contrario".

Como prueba, el sindicato incide en que este aumento de la temporalidad convive con "el despido masivo de temporales en abuso, que se están echando a la calle, tras décadas de servicio, por el empecinamiento en incumplir la Ley que obliga a estabilizar sus plazas". Un "atentado contra los derechos de cerca del 30% de sus trabajadores, que además supone empeorar gravemente la calidad de los servicios públicos", denuncian fuentes sindicales. 

En cumplimiento de la normativa europea, la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad obliga a dar la posibilidad de consolidar su puesto en un proceso extraordinario a todos los empleados públicos con más de tres años encadenando contratos temporales, de la misma manera que sucede en el sector privado.

Pese a que casi la mitad de sus trabajadores son temporales, el Ejecutivo aragonés solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía para el total de trabajadores de la comunidad autónoma (571 plazas en Administración General). Mientras, "sigue despidiendo a trabajadores con décadas de experiencia mediante prácticas muy poco ortodoxas, como modificar las plantillas amortizando puestos, ofrecer a los nuevos funcionarios plazas en adscripción provisional incluidos los puestos con reserva de plaza".

Así, aseguran desde el sindicato que "se suceden los despidos ilegales de trabajadores con mucha experiencia en el sector público; en su mayoría mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares" y "sin reducir la temporalidad porque todas las semanas se están realizando llamamientos a la lista de interinos y la rotación es constante; a la vez, que se mantiene sin cubrir alrededor del 8% de plazas vacantes".

STEPA subraya que no se va a cumplir con la obligación legal y las exigencias de la Unión Europea de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8%, lo que "pone en peligro la llegada de fondos europeos" y también dará lugar, finalmente, al pago de indemnizaciones, con cargo a las cuentas públicas.

Aragón "ha hecho los deberes"

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, ha comparecido este martes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a petición del PP, para informar del grado de cumplimiento de la Ley sobre las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De esta forma, del Ruste ha apuntado que en Aragón “se han hechos los deberes”. “Tenemos 462 convocatorias en marcha, teniendo en cuenta los procesos de 2018 y 2019 con 2.549 plazas”, ha explicado.

En este sentido, ha argumentado que si se hubiera partido de cero “no hubiéramos tenido problema en ofertar más de 4.000 plazas”. Sin embargo, “la mayoría de las plazas que cuentan con los requisitos ya estaban apuntadas en convocatorias anteriores con la ley vigente en la mano”, ha sentenciado. Por tanto, “no se estabilizarán 571 plazas, sino miles”, ha incidido. Además, ha expuesto que en el segundo semestre se abordarán “103 plazas de discapacidad” y “1.134 que estaban pendientes de 2019, 2020 y 2021”.

El director general también ha anunciado que se ha solicitado dotar de 14 plazas más para la gestión de las convocatorias y se ha pedido “un procedimiento de simplificación” para las convocatorias de selección en Aragón. Así, se trabajaría con “un modelo más rápido y más objetivo”, ha añadido. En esta línea, del Ruste ha explicado que los seleccionados tendrán que realizar un curso selectivo de formación y la nota se incluirá a la nota de la oposición.

De la "ausencia de transparencia" al "trabajo ingente y complejo"

La diputada popular Ana Cristina Sainz, quien había pedido la intervención del director general, ha apuntado que Aragón cuenta con “6.664 trabajadores temporales” y ha reclamado que “solo se han convocado 571 plazas”, por lo que ha dudado de que la tasa de temporalidad “se reduzca al 8%”. Además, ha denunciado la ausencia de “transparencia” en el procedimiento y ha acusado de que "la realidad es que se están despidiendo interinos y la mayoría son mujeres”.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha señalado que, de la herencia que toma el Gobierno de Javier Lambán, “hemos tratado, junto con el Gobierno central, de recomponer la situación” y establecer una administración pública que “tiene que cumplir unas premisas de modernidad, suficiencia de recursos y eficiencia para un servicio público de calidad”. José Luis Saz, de Ciudadanos, ha expuesto que “la concurrencia de culpa de todas las administraciones públicas nos ha traído a esta situación” y con la ley 20/2021 “se intenta dar solución y determinar unos compromisos”. Así, ha preguntado sobre los interinos de larga duración sin poder estabilizarse y sobre el derecho a indemnización en estos casos.

Marta de Santos (Podemos) ha puesto en valor “el trabajo ingente y complejo, desarrollado en medio de una pandemia” y ha afirmado que existe un “intento de ocultar de dónde veníamos” porque el PP fue “el peor Gobierno para la función pública, ya que se redujeron más de medio millón de empleados públicos en España”. Desde CHA, Carmen Martínez ha manifestado que el número o porcentaje de interinidad “es más elevado de lo deseado, pero al menos se sacan los procesos selectivos en el tiempo que se marcan”. Asimismo, Martínez también ha preguntado cuántas plazas estaban convocadas antes de la ley 20/2021 porque “si no hubiese estado en marcha, se podrían haber incorporado los procesos de estabilización”.

David Arranz (Vox) ha puesto el foco en “la alarmante tasa de temporalidad en la administración aragonesa”, que lleva una década “alimentando a la bestia de lo temporal en el empleo público”. Además, ha subrayado que la oferta presentada por Del Ruste es “insuficiente para la estabilización”.