Aragón quiere blindar las multas a las salas de juego que usan los datáfonos para facilitar efectivo

El pleno de las Cortes vota este jueves la nueva Ley del Juego de Aragón, que modifica y adapta la normativa aprobada en el año 2000, una norma largamente demandada desde diferentes sectores. El objetivo primordial del texto que tramitan las Cortes es compaginar la actividad y la seguridad jurídica de un sector económico legal con la protección a los colectivos más vulnerables, sobre todo a los jóvenes y a las personas que presentan adicción al juego.

La iniciativa más polémica que incluye el texto es el refuerzo jurídico a la prohibición de sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV (Terminal en Punto de Venta) con tarjeta de crédito. Es algo que ya figura como sanción muy grave actualmente (artículo 39.h) pero que, debido a cómo está redactado, ha sido objeto de dudas jurídicas y en algunas ocasiones no ha acabado en las sanciones esperadas. Ahora, la ley trata de disipar esas dudas y refuerza la prohibición.

Sin embargo, sobre este punto ha habido controversia. En la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario extraordinaria de febrero hubo grupos que cambiaron el sentido de su voto respecto a la ponencia, que había recibido un respaldo unánime salvo por parte de Vox, único que se abstuvo en la primera votación.

La nueva Ley del Juego de Aragón se aprobará la próxima semana

En la aceptación transaccionada de la enmienda 91 de Izquierda Unida, en ponencia, se estableció como infracción muy grave en el artículo 39 lo siguiente: «Conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito, incluido el uso de tarjeta de crédito para intercambiar por efectivo con el que jugar, así como conceder asistencia financiera a particulares y a las personas que acceden a los establecimientos y locales en que tenga lugar la actividad de juego, mediante la entrega de dinero a crédito para el jugador, por parte de las personas titulares u organizadoras de las actividades de juego o por parte de las personas al servicio de estas, empleadas o empleados o directivos de los locales».

El cambio de voto

Es en esta enmienda en la que luego decidieron cambiar su voto tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox en la comisión, que prefieren que este apartado quede tal como estaba pese a las dudas jurídicas que ha generado estos años. Y ahora está en riesgo la revisión ya que el voto del PAR está en el aire por el mismo motivo. Desde el PP defienden que esta enmienda es «una cabezonería» de la izquierda que no sirve «para proteger al ludópata sino para castigar a algunas empresas».

Por su parte, en Ciudadanos afirman no haber cambiado el sentido del voto. «La enmienda que introduce el pago con tarjeta la votamos que no desde el principio en comisión», dicen desde el grupo liberal, donde afirman que solo ha cambiado su decisión «en una disposición sobre infracciones».

La OCU apremia a los partidos políticos a aprobar la ley sin ceder ante las presiones de la patronal del juego

Esta decisión tan poco común hace sospechar a algunos de los que han participado en la elaboración de la norma que pueden haber concurrido factores externos para que se produzca este cambio de posición. La Delegación en Aragón de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da gran valor a las novedades introducidas en el proyecto que modificará esta, pero apremia a los partidos políticos a su aprobación sin ceder ante las presiones de la patronal del juego. «El sector está presionando para impedir avances que recoge la normativa», tales como el citado de prohibición el uso de tarjetas de crédito en locales de juego para obtener efectivo con el que jugar, que en la práctica funcionan como cajeros para los usuarios.

Los menores

Según los últimos datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el porcentaje de personas de entre 15 y 64 años que han jugado online o de forma presencial en los últimos 12 meses ha pasado de un 60% a un 64%. En el caso de los menores de 14 a 18 años, la tasa de los que han jugado con dinero al menos una vez en el último año ha pasado del 16,1% al 25,5%, un aumento significativo.

Gran parte del problema reside en el juego online, especialmente en las apuestas deportivas, un ámbito donde no tiene competencias el Gobierno de Aragón, que apuesta por regular el juego presencial de modo que se pueda adaptar a una realidad que ha cambiado por completo desde hace 21 años, cuando se aprobó la ley vigente.

Dentro de la planificación y ordenación de la oferta de locales de juego se incluye uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley: la prohibición de abrir o ampliar instalaciones a menos de 500 metros de la entrada de los centros educativos. Con esta limitación, establecida en virtud de la atribución exclusiva que tiene la comunidad en materia de juego, apuestas y casinos, se pretende lograr que la cercanía a los locales de juego no constituya un reclamo que induzca a uno de colectivos más sensibles, el que componen menores y jóvenes, a convertirse en adictos al juego.

Los empresarios del juego ven en peligro 2.000 empleos por la nueva ley aragonesa

Uno de los aspectos en el que este proyecto de ley pone un énfasis especial es la prevención. Se trata de adelantarse a los problemas e intentar que a la población sensible no le resulte fácil acceder al juego. Ese es el espíritu de los programas de prevención de la ludopatía que establece la normativa, que permitirá tener mayor eficacia y optimizar los recursos socio-sanitarios de los que se dispone en todo el territorio.

Otra de las novedades es la creación de una comisión técnica de coordinación interdepartamental, con el fin de coordinar la política del Gobierno en materia de juego. Ahí estarán representadas las consejerías de Sanidad, Educación y Derechos Sociales, además de la de Presidencia, con el objetivo de analizar el sector, asesorar en la aplicación de la ley o elaborar trabajos e informes para mejorar la protección de los jóvenes.

En cualquier caso, en conjunto la reforma es una iniciativa legislativa que cuenta con un respaldo muy amplio de todos los sectores implicados, incluida la mayoría de las asociaciones empresariales.