Aragón aprueba la nueva Ley del Juego, más precisa y protectora

El pleno de las Cortes de Aragón ha dado luz verde este jueves al dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de modificación de la Ley del Juego de Aragón, que atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón. 

De este modo, termina un larguísimo periodo de tres años de estudios, consultas y debates que consolida la nueva Ley del Juego de Aragón, que modifica y adapta la normativa aprobada en el año 2000, que ha sido respaldada enérgicamente desde diferentes sectores, y que fue aplaudido y jaleado en la Cámara por numerosas asociaciones que han luchado con constancia por este cambio en la norma cuyo objetivo primordial es compaginar la actividad y la seguridad jurídica de un sector económico legal con la protección a los colectivos más vulnerables, sobre todo a los jóvenes y a las personas que presentan adicción al juego.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley es la prohibición de abrir o ampliar instalaciones a menos de 500 metros de la entrada de los centros educativos. Con esta limitación, establecida en virtud de la atribución exclusiva que tiene la comunidad en materia de juego, apuestas y casinos, se logra que la cercanía a los locales de juego no constituya un reclamo que induzca a uno de colectivos más sensibles, el que componen menores y jóvenes, a convertirse en adictos al juego.

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Además, en las tragaperras habrá un cuestionario inicial en que el jugador deberá responder sobre su edad y su comportamiento responsable; estas máquinas tragaperras no podrán emitir señales lumínicas o sonoras cuando no estén en uso; y hay una prohibición expresa sobre la publicidad y los patrocinios que estimulen la práctica del juego.

La ley pone un énfasis especial en la prevención. Se trata de adelantarse a los problemas e intentar que a la población sensible no le resulte fácil acceder al juego. Ese es el espíritu de los programas de prevención de la ludopatía que establece la normativa, así como la creación de una comisión técnica de coordinación interdepartamental, con el fin de coordinar la política de las distintas consejerías del Gobierno en materia de juego. 

La iniciativa más polémica del texto era el refuerzo jurídico a la prohibición de sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV (Terminal en Punto de Venta) con tarjeta de crédito. Ya figuraba como sanción muy grave, pero debido a su redacción dejaba ciertas dudas jurídicas que en algunas ocasiones no acababa en las sanciones esperadas.

Ahora, la Ley disipa esas dudas y refuerza la prohibición al salir adelante --sorprendentemente con los votos de Vox, que aseguró votar "por convencimiento" y no por error como algunos diputados dejaron entrever en su explicación de voto (PP, Cs y PAR no la apoyaron)-- una enmienda de Izquierda Unida que dice lo siguiente: «Conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito, incluido el uso de tarjeta de crédito para intercambiar por efectivo con el que jugar, así como conceder asistencia financiera a particulares y a las personas que acceden a los establecimientos y locales en que tenga lugar la actividad de juego, mediante la entrega de dinero a crédito para el jugador, por parte de las personas titulares u organizadoras de las actividades de juego o por parte de las personas al servicio de estas, empleadas o empleados o directivos de los locales».

La norma pivota sobre tres puntos clave, pioneros en España: la prevención multidisciplinar (sanidad, educación, servicios sociales...) de la ludopatía, que a partir de ahora pasará a denominarse trastorno por juego; un control y mayor restricción de la actividad, junto con mejora en las herramientas de inspección; y la ayuda y tratamiento a través del sistema público.

Los grupos

José Antonio Lagüens (PP) ha admitido que el asunto ha sido "complejo, espinoso y altamente participativo" y ha explicado su decisión de mantener el voto particular en el control de uso de la tarjeta bancaria porque, a su juicio, genera "dudas, incoherencia e inseguridad jurídica".

Beatriz García, de Cs, se ha mostrado "satisfecha por el trabajo, pero no tanto por el resultado. Veremos si satisface, cumple los objetivos, previene, protege al vulnerable y facilita la actividad económica de las casas de juego", ha apuntado la diputada, que cree que la ley "se sigue quedando corta en la prevención y se siguen poniendo trabas a la actividad".

Por Vox, Santiago Arranz, "sin coincidir con la totalidad de todo lo aprobado", ha justificado su apoyo a la ley "como ejercicio de responsabilidad, velar por el bienestar común y proteger a menores, jóvenes y familias", ha rechazado la postura de "quienes criminalizan a todo el sector" al recordar que "muchas empresas y familias precisan de la actividad para salir adelante" y ha asegurado que tampoco "soluciona la adicción al juego".

Desde IU, Álvaro Sanz ha mostrado su satisfacción por el resultado de la votación --"No sé si por azar o por convicción", ha dicho en referencia Vox-- y por el apoyo que han recibido parte de las 78 enmiendas que ha presentado para abordar el cambio con un "enfoque integral que contemplase la prevención, sensibilización y atender el juego problemático".

Por los grupos que sustentan al gobierno, el socialista Darío Villagrasa ha agradecido la participación y aportaciones desde los grupos parlamentarios para sacar adelante una ley que busca compaginar actividad empresarial con la correcta seguridad jurídica y su adecuación a los actuales cánones normativos junto a la protección de los colectivos más vulnerables y salud pública.

Desde CHA, Carmen Martínez también se ha mostrado satisfecha por el resultado que permite "equiparar y poner en plano de igualdad", la actividad comercial, lícita, y la prevención y el derecho y a la salud pública, crear por tanto espacios de juego más seguros y "mirar cara a cara" el juego patológico.

Jesús Guerrero, del PAR, ha apuntado que se ha sacado "la mejor ley posible en defensa de quienes sufren el trastorno del juego y las obligaciones y derechos de las empresas que se dedican al sector" y que "pretende sensibilizar, concienciar y garantizar un juego responsable".

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Por último, Itxaso Cabrera (Podemos) ha hablado orgullosa tras pelear por sacar adelante una ley "valiente, vanguardista y pionera para todo el estado que contempla la materia de prevención, control, inspección y el tratamiento desde los espacios públicos contra un trastorno que afecta a un millón de personas y pone en riesgo a otro millón". De ello, ha culpado a los locales de apuestas que "quieren arrasar nuestros barrios, exprimiendo a su gente y llenándose los bolsillos".