Guerra abierta entre la DGA y la DPH por el entierro de la unión de estaciones

Oficial: la unión de estaciones entre Astún y Formigal por Canal Roya se guarda en el cajón. El clavo en el ataúd del proyecto se lo ha puesto la Diputación Provincial de Huesca (DPH), cuyo presidente, el socialista Miguel Gracia, ha renunciado a la ejecución de los 26,4 millones de euros que provenían de la Unión Europea para ejecutar la iniciativa. Asume que no puede acometer este proyecto en tiempo y forma pero reparte culpas entre los firmantes del convenio de colaboración (DGA, Aramón, DPH y Astún), pues asegura que los trámites administrativos se han retrasado hasta el punto de no permitir la ejecución del proyecto. Por ello ha pedido redistribuir los fondos entre los 32 proyectos (de los 37 presentados en la segunda convocatoria) que no recibieron fondos para que la unión de estaciones llegara a buen puerto y así se lo comunicó el pasado martes en una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha sido este jueves meridianamante claro: "Ha sido el Pirineo y Miguel Gracia quienes han parado el proyecto".

En esas andan ahora los líderes del PSOE en Zaragoza y Huesca, que han abierto una guerra dialéctica con la intermediación de la presidenta de Aramón, Marta Gastón, quien ha insistido este viernes en que "los plazos se pueden cumplir". El caso es que nadie quiere oficiar el entierro, que se celebrará en la conferencia sectorial en unos días, pero hay una cosa en la que todos coinciden: habrá nuevas intentonas de ejecutar la unión de estaciones entre Astún y Formigal.

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Lambán ha sido muy concreto: “El proyecto no lo doy por muerto yo. He peleado por este proyecto porque la montaña me lo pedía. Yo nací en Ejea y allí no se esquía ni hay nieve. Fue la gente de la montaña y Miguel Gracia quienes me pedían desde hace años que destináramos fondos a la unión de estaciones, pero no los teníamos. Ahora teníamos una oportunidad formidable, pero no los vamos a poder aprovechar porque quien los tenía que ejecutar ha denunciado el convenio y ha renunciado a los fondos”. Por eso, ha concluido diciendo que es un proyecto que "nació en el Pirineo y murió allí", pero ha dejado la puerta abierta a una ejecución en el futuro: "Si la gente de la montaña se aclara, pues a lo mejor podemos hacer la unión de estaciones”. 

¿Reparto de culpas?

Sin embargo, Gracia ha repartido culpas sobre el fracaso del proyecto hacia los otros implicados en la firma del convenio, acaecida el pasado 14 de febrero. “El promotor es Formigal y la DPH solo es un instrumento que está de acuerdo con el proyecto y su interés autonómico”, ha detallado Gracia, que ha insistido en que cada una de las patas “tiene su responsabilidad y discrepo de que se nos haga responsables de todo lo sucedido”. Los plazos de ejecución del proyecto, que siempre ha sido fuente de conflicto, también han estado variando conforme la iniciativa echaba a andar: “El cronograma de ejecución es nuevo, habíamos trabajado con otro cronograma en el que el PIGA y el informe de impacto ambiental se completaban en 2022, pero todavía hoy no se ha empezado a trabajar”. “No hay declaración de impacto ambiental, no hay inicio del PIGA, no hay declaración de suelos, no es creíble el cronograma, no tenemos constancia de informes jurídico o económico, no podemos gestionar transporte por cable sin cambios legislativos ni convenio económico”, ha resumido el presidente oscense, que ha certificado que la DPH “no puede sustentar 26 de los 38 millones que se exigen para levantar el proyecto”. 

En cualquier caso, Gracia ha señalado que la unión por Canal Roya tiene "un componente ambiental tremendo y por eso se cuestionan los tiempos". “Ejecutaríamos los fondos si tuviéramos todas las cuestiones legales resueltas, pero yo no puedo ejecutar nada en el territorio si no tengo la declaración de impacto ambiental”, ha lamentado Gracia. Sin embargo, justo a continuación ha dejado abierta la puerta a retomar el proyecto en el futuro. Gracia ha indicado que en breve entrará en vigor una nueva ley aragonesa sobre contratación pública por la que la DGA podría asumir la contratación de las obras y se reducirían los plazos.