Teruel Existe estrecha el cerco a las renovables del Maestrazgo

Teruel Existe no ceja en su empeño de tratar de tumbar el macroproyecto renovable que se plantea instalar en las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, promovido por la empresa Forestalia. La iniciativa logró a finales del año pasado el visto bueno medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de manera que los inversores lograron superar el principal hito administrativo al que se enfrentan este tipo de actuaciones. A pesar de ello, la formación liderada por Tomás Guitarte no se da por vencida y ha redoblado la batalla para frenar proyecto, con nuevas alegaciones y un recurso de alzada.

La formación turolense ya llevó a los tribunales hace unos meses la declaración de impacto ambiental que concedió el Gobierno central al considerar que se había cometido un presunto «delito ambiental». El asunto está en manos del Juzgado de Instrucción número uno de Teruel, que ha abierto diligencias y citado a declarar a varios responsables del ministerio, según aseguran el partido. Al frente judicial ha sumado ahora una nuevas alegaciones contra los parques eólicos y fotovoltaicos dentro del periodo de información pública de la última fase de tramitación administrativa en la que anda inmerso el macroproyecto.

Amparo a la secretaria de Estado de Energía

El Miteco autorizó la construcción de 125 aerogenerodres (688 megavatios de potencia), el 78% de los que contemplaba inicialmente este polémico plan energético. También recibieron el permiso medioambiental dos plantas fotovoltaicas en Puertomingalvo, que suman otros 99 MW.

Entre el 21 y el 23 del mes de abril el ministerio concedió la autorización administrativa previa a estas centrales eléctricas «de forma rápida, puesto que la fecha límite era el 25 de abril y de superarla el promotor hubiera perdido los derechos de conexión a la red», según los de Guitarte. A juicio de esta formación, se produjeron «varias irregularidades», como que se emitió autorización administrativa cuando había que cambiar 36 posiciones de los aerogeneradores y aumentar la potencia unitaria de los mismos. «Como mínimo, debería haberse hecho información pública sobre los cambios sustanciales y, consiguientemente, una nueva evaluación de impacto ambiental de todo el clúster modificado», sostienen.

El siguiente paso que va a dar Teruel Existe es la presentación de un recurso de alzada con el fin de «pedir el amparo» de una autoridad superior, en concreto, a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Si la solicitud no es atendida positivamente, volverán a ir a los tribunales al considerar que está en peligro uno de los espacios naturales y paisajísticos de más valor que existe en Aragón y España.

Más plazo para los proyectos

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una extensión de seis meses del plazo para obtener la autorización de inicio de la construcción de nuevas renovables que caducaban este mes, ante el aluvión de nuevos permisos obtenidos a principios de año por las compañías. Esta es una de las medidas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo el pasado martes, junto con la prórroga hasta el 31 de diciembre de la exención del 80% de los peajes eléctricos de la factura para las empresas electrointensivas, la congelación del precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros o la actualización de los parámetros retributivos para las instalaciones de cogeneración para el período 2023-2025.

En todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia –el 80% fotovoltaica y el 20% eólica– que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaería sus permisos de acceso y conexión a la red, de forma que tendrían que volver a iniciar toda la tramitación administrativa. La mayoría de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de enero de este año pero condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.