Todavía surgen dudas tras lo sucedido en Zaragoza hace ahora una semana y media. El jueves, 6 de julio, un aguacero cayó sobre la capital aragonesa y hubo un punto de la urbe, la Z-30 a la altura del Barranco de la Muerte, que se convirtió en un río de aguas bravas, arrastrando coches y dejando imágenes nunca vistas por los zaragozanos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ha pasado ahora y no antes? ¿Estaba preparada la infraestructura para una soportar una cantidad de precipitación semejante?

La respuesta a esta última pregunta es obvia: no. Pero ahora, un análisis detallado elaborado por expertos de la Comisión de Urbanismo y Movilidad de la demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos permite conocer nuevos detalles.

«Evidentemente, la obra existente no ha tenido la capacidad necesaria para desaguar el caudal del aguacero producido», comienza este análisis. Pero esto no necesariamente quiere decir que en su momento se hicieran las cosas mal. Y el informe de los ingenieros de Caminos así trata de explicarlo.

La Ronda Hispanidad, conocida como la Z-30, entró en servicio en el año 2002. Las obras proyectadas fueron aprobadas en 1994 tras la correspondiente declaración de impacto ambiental y con todos los estudios pertinentes sobre posibles riesgos.

Parque en la superficie del tanque de tormentas en el Picarral. | MIGUEL Á. GARCÍA

Para determinar esos posibles riesgos para las infraestructura, los técnicos recurren a la probabilidad estadística y se diseñan puentes, carreteras o puertos tratando de aunar dos criterios: la posibilidad de ocurra un fenómeno meteorológico extremo (o un terremoto, entre otros factores) y la inversión necesaria para proteger dicha infraestructura. «Es un compromiso entre el daño que se puede producir y el coste de evitarlo; entre las sociedad, que paga, usa y asume las consecuencias y la comunidad técnica que calcula, diseña, construye y asume su responsabilidad», explica en análisis de los expertos.

Por ejemplo, a la hora de diseñar un puente en este tipo de vías como la Z-30, la normativa técnica señala que las infraestructuras deben dimensionarse y diseñarse para aguantar «el caudal de 500 años de periodo de retorno», que es la cantidad de agua máxima que se calcula, según la probabilidad, que puede darse según el análisis de los datos y su proyección a futuro en los próximos 500 años.

Coches arrastrados por la riada en la Z-30, el día después de la tormenta del 6 de julio. | EL PERIÓDICO

Sin embargo, 20 años después de su puesta en marcha, ese caudal que se había calculado se ha visto ampliamente superado, según se vio el pasado jueves 6 de julio. ¿Por qué? ¿Cómo es que un temporal ha sobrepasado las estimaciones probabilísticas de los próximos 500 años? ¿Se erró en los cálculos?

No, zanjan los expertos en este análisis al que ha tenido acceso este diario. Lo que ocurrió es debido a que los sistemas de medición y predicción (cálculos probabilísticos de que ocurra un evento extremo) que se usaron en la época utilizaron, como es obvio, los datos disponibles en la época. Y en los 90, las DANA o el fenómento de la gota fría, que conlleva intensas precipitaciones, no eran tan habituales como ahora en nuestra comunidad. Recientemente sí que se usan sistemas de cálculo traídas de Japón, un país habituado a los tifones, que se ajustan más a la probabilidad real de que ocurran fenómenos extremos para poder tenerlo en cuenta a la hora de construir una infraestructura.

Y es que los datos que arroja este análisis realizado por expertos del Colegio de Ingenieros de Caminos asustan. En la Z-30, el agua llegó a una altura (calado) de medio metro y la corriente alcanzó una velocidad de cinco metros por segundo gracias en parte a la pendiente de la calzada. En la tragedia del camping de Biescas el flujo de agua no llegó a tal velocidad: fueron 4 metros por segundo.

«En definitiva, ni en el diseño de la Z-30, cuyo trazado fue el resultado de un largo proceso de decisión institucional y pública, ni en el de ninguna de las infraestructuras hidráulicas (tanques de tormentas) proyectadas con los datos de pluviometría (estudio y cálculo de las precipitaciones) existentes, los métodos estadísticos aplicables en la época y la normativa vigente, se pudo prever la magnitud de lo ocurrido», concluye el análisis de los expertos. Así pues, los expertos opinan que «hay que reconsiderar y actualizar la situación teniendo en cuenta la evolución de las precipitaciones» y aplicar nuevos procedimientos de cálculo más ajustados a la realidad climatológica del hoy.

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La solución ahora pasa por estudiar la viabilidad de acometer unas obras para permitir un mejor desagüe en esta zona de la Z-30 «que eviten las afecciones a las personas y las edificaciones», empujando y transportando el agua, en caso de una nueva crecida, «por fuera de la plataforma de circulación». «La pendiente de la zona, causante de la velocidad registrada, es una buena aliada para que no resulte una obra faraónica», opinan los expertos. Pero primero habrá que adaptar nuestros fenómenos de medición y cálculo a nuestra realidad climatológica actual.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, avanzó que será esta semana cuando estará la primera valoración aproximada del coste de los daños ocasionados por la fuerte tormenta desatada en la ciudad el pasado 6 de julio. «Se trabaja –explicó– de forma transversal y se hace una valoración de los daños que es aproximada en primer lugar para elaborar un expediente administrativo que con datos del ayuntamiento se llevará a la Delegación del Gobierno de España en Aragón, que luego elevará al Gobierno de España». Posteriormente, y con las «facturas pagadas» del coste de cada actuación, se volverá a repetir el mismo trámite que, al ser «al detalle», hace que sea más «costosa en el tiempo», comentó. Cuanto antes se declare zona catastrófica por el Consejo de Ministros, «mejor para los vecinos», apremió Serrano.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ya ha hecho público que los daños en el colegio María Zambrano, en Parque Venecia, ascienden hasta los 600.000 euros, pero que tratarán de que todo esté reparado para poder comenzar el curso con normalidad en septiembre. Y todo mientras no se ha despejado la posibilidad de trasladar el centro de sitio para evitar riesgos.