La muerte este miércoles del quinto trabajador en un accidente laboral en apenas 22 días en Aragón certifica el julio negro en el primer mes de vacaciones estivales. Un varón de 33 años, de origen marroquí y vecino de Huesca, se ha precipitado desde un tejado que reparaba en unas obras en la plaza del Ayuntamiento de Albelda (Huesca) cuando el reloj daba las cuatro de la tarde, falleciendo en el acto para engrosar la lista de accidentes mortales tan solo 24 horas después del deceso de un hombre que manipulaba una excavadora en Calatayud fuera aplastado por el edificio que trataba de demoler. 

El trágico mes en el tajo dispara hasta 13 los muertos en sus puestos de trabajo en lo que va de año, una cifra que supera con creces a los nueve que se registraron entre enero y julio de 2022. El año pasado ya se registró un repunte en el cómputo anual con 28 muertos. Solo en el séptimo mes del año se han registrado los fallecimientos de un hombre atrapado en una mezcladora en Fraga, de un trabajador en las obras de la línea del Canfranero, de un agricultor tras quedar atrapado por la cosechadora con la que trabajaba en Barcabo y el ya citado de la ciudad bilbilitana.

La evidencia es que algo falla con la seguridad laboral en la comunidad. Y las alarmas han saltado en los sindicatos. Precisamente este miércoles por la mañana, antes de conocer el suceso de Albelda, CCOO se concentró en su sede de Zaragoza para exigir el fin de las muertes en el trabajo. 

"No es una preocupación de primer nivel"

La razón primera que hallan los responsables sindicales para estos hechos es sencillamente que nadie se toma la siniestralidad laboral como una preocupación de primer nivel. Lo dice con contundencia José de las Morenas, uno de los pesos pesados del asunto a escala nacional como coordinador de la secretaría confederal de Salud Laboral de UGT, además de secretario de Política industrial de UGT en Aragón. Más causas: la formación en prevención laboral es eminentemente teórica y por tanto estéril, los autónomos y subcontratados están más desprotegidos porque la cadena de responsabilidades en la vigilancia se diluye entre la empresa matriz y la secundaria o, por resumir, que la concienciación es mínima, sobre todo cuanto más pequeña es la empresa. 

«El gran fallo está en la concantenación de factores. Falta concienciación, cumplimiento con los planes de prevención, fondos reales para que sea efectiva y que la inspección de trabajo esté detrás. Si tenemos una media de 17.000 trabajadores atendidos por cada inspector de trabajo es imposible para ellos», explica Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón. 

Los hechos evidencian lo que los sindicatos denuncian: que el sector de la construcción es absoluto protagonista de este auge de la siniestralidad laboral, si bien no escapan a la tendencia al alza los autónomos ni el sector servicios, donde «notamos un claro aumento de de ictus e infartos a causa del estrés», especifica Clarimón.

Por ello, los accidentes más graves, subraya Luis Clarimón, suceden «en pequeñas empresas y los sufren personas que llevan poco trabajando, con poca experiencia». Es ejemplo de ello «la población extranjera», que sufre más accidentes «probablemente porque los peores trabajos los desempeñan las personas extranjeras», apunta el responsable de CCOO. 

El 30,16% de los accidentes graves y el 62,50% de los accidentes mortales (cinco) se han producido en empresas muy pequeñas, de entre uno y cinco trabajadores, según se extrae del balance del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. La cuestión clave reside en las empresas pequeñas, en los autónomos y en las subcontratas, donde la cadena de supervisión y prevención se rompe. «Es ahí donde debemos enfocar y poner la luz», incide José de las Morenas. Sin embargo, De las Morenas va más allá: «Creo que en este país la siniestralidad laboral no es una preocupación de primer nivel. La violencia de género tiene una dedicación de recursos, como es normal en la lucha contra una lacra, pero en el ámbito laboral y de la seguridad en el trabajo las asignaciones son cada vez menores».

Pudo comprobarse con la última víctima mortal, el operario de una excavadora que procedía con la demolición de un edificio en Calatayud cuando el inmueble se vino abajo y lo atrapó. Un vídeo que vio la luz ayer mostraba al hombre trabajando sin distancia de seguridad ni medidas preventivas. «El edificio estaba en condiciones inseguras tal y como se ve en las imágenes. El día anterior ya estaba en riesgo, incluso con trabajadores con los arneses de seguridad enganchados a una columna. Se estaba procediendo a un derribo de un edificio sin equipos adecuados», dice Clarimón.

«La gente pierde la vida donde va a ganársela y eso es inaceptable», resume José de las Morenas, que insiste en la necesidad de dotar con más fondos estrategias como la aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo que estará vigente hasta 2027 y que fue consensuada el año pasado entre el Gobierno de Aragón, instituciones y las organizaciones sindicales y empresariales. «Pero una estrategia necesita recursos económicos y humanos. En el Gobierno de Castilla y León (el PP gobierna en coalición con Vox) está habiendo muchos problemas para poner en marcha la estrategia», manifiesta también con preocupación Luis Clarimón. 

Sin embargo, los accidentes mortales son la punta del iceberg de la siniestralidad laboral. Según los datos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, 6.300 hombres y 2.493 mujeres han sufrido accidentes laborales en Aragón. «Tenemos un disenso sobre cómo se clasifican los accidentes. Nos encontramos casos como clasificar como accidente leve que un trabajador se corte medio dedo en una máquina y pierda varias falanges. Los partes médicos de las mutuas deben afinar mejor cómo se clasifican, porque no representan la realidad fielmente», denuncia Luis Clarimón.

Tampoco ocultan que los in itinere son otra de las cuestiones a resolver. Este es el único que sufren en mayor volumen las mujeres que los hombres. «Lo relacionamos por la doble jornada que tienen las trabajadoras, que son las que tienen un mayor número de contratos partidos y responsabilidades de los cuidados», apunta Clarimón.