¿Podría ocurrir que el aragonés lograra colarse entre las lenguas de uso en el Congreso de los Diputados antes que oficializarse su utilización en las Cortes de Aragón? La duda está en el aire. Esta legislatura, el diputado de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo, se ha comprometido a dar la batalla por que las lenguas propias estatutarias puedan tener el mismo trato que las cooficiales en la Cámara Baja y ser utilizadas en las intervenciones parlamentarias. La respuesta no está clara todavía.
Uno de los primeros gestos de la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, fue mostrar su disposición a que se permita el uso de las lenguas cooficiales del Estado, estas son, el catalán, el gallego y el euskera. Pueyo reclama que se dé un paso más allá. «Nuestras lenguas y culturas merecen el mismo respeto seamos aragoneses, vascos, catalanes, castellanos, gallegos o asturianos», insiste.
Mientras, este mismo debate en las Cortes de Aragón ni está, ni se le espera. La presidenta de la Cámara aragonesa, Marta Fernández, de Vox, no lo tendrá entre sus prioridades. De hecho, los diputados de Vox abandonaron el pleno en la pasada legislatura cuando el diputado de Podemos, Nacho Escartín, intervino en una moción utilizando el castellano, el catalán y el aragonés. Lo hizo en un debate promovido precisamente por el partido de ultraderecha y Ciudadanos para «alejar la lengua de la política». Reclamaban la supresión de la Academia Aragonesa de la Lengua y calificaron la dirección general de Política Lingüística de chiringuito.
En los últimos 40 años de actividad en las Cortes de Aragón, apenas ha habido diputados cuya lengua materna sea el catalán o el aragonés que se hayan expresado en su idioma en el hemiciclo, aunque sean muchos los que lo hablen en su vida cotidiana. El caso de Nacho Escartín, que aprendió las lenguas propias a posteriori y por voluntad propia, es uno de los ejemplos recientes.
Pero el reglamento de las Cortes de Aragón no regula los usos de las lenguas en las intervenciones ni el Estatuto de Autonomía.
El artículo 7 del Estatuto de Aragón sobre las «Lenguas y modalidades lingüísticas propias» define que son «una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento» y que una ley emanante del Parlamento aragonés «establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas».
No se dice nada, por lo tanto, de su uso parlamentario. Tampoco en el reglamento propio de las Cortes de Aragón se habla claro sobre el tema. La única mención a las lenguas, en el artículo 6, señala que «las Cortes de Aragón adaptarán sus actuaciones interna y externa, así como sus relaciones con los ciudadanos, a las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de lengua». Y con la legislación por desarrollar, previsiblemente no será esta la legislatura en la que se impulse su uso en el hemiciclo aragonés.
