Demoledor informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón que se ha publicado sobre la Sociedad de Desarrollo de Aguarón, incluido en el Programa de Fiscalización del ejercicio 2022 por iniciativa de las Cortes de Aragón. Este revisa la gestión económico-financiera de la sociedad, íntegramente participada por el Ayuntamiento de Aguarón y constituida en agosto de 2006, impulsada por el entonces alcalde socialista Lucio Cucalón, que perdió el bastón de mando en 2019 a manos del PP y lo ha recuperado en mayo de este año. Una operación impulsada hace 16 años para lograr un objetivo que, además, aún hoy sigue sin materializarse: el desarrollo urbanístico del polígono industrial La Mata que sigue inactivo. Aunque la consecuencia es que hoy el ayuntamiento está ahogado por una deuda de casi 1,6 millones de euros, el doble que el presupuesto anual del municipio.
Esta sociedad se constituyó para llevar a cabo un desarrollo del polígono que ni siquiera se ha iniciado, entre otras actuaciones de carácter inmobiliario vinculadas. Y las indagaciones han destapado un agujero millonario pese a que, según los auditores, no han podido obtener evidencia para llegar a una conclusión razonable sobre su precisión y fiabilidad al no haber tenido acceso a los libros de contabilidad de la sociedad ni existir un archivo de facturas ni extractos bancarios. Por otras vías sí han obtenido las escrituras de compraventa de una parte de las parcelas que figuran en el epígrafe de existencias de las cuentas anuales pero no se ha obtenido información sobre la composición de los pasivos financieros.
Aún así, su trabajo prosiguió a pesar de estas limitaciones y los auditores consiguieron reunir información sobre la sociedad que "confirma que, a fecha actual, se encuentra en situación de insolvencia dado que no tiene ningún activo en propiedad y mantiene una deuda de, al menos, 1,6 millones de euros", ha expuesto el órgano fiscalizador aragonés.
Además, desde la Cámara de Cuentas explicaron que la auditoría "también ha confirmado que la sociedad formalizó préstamos por dos millones de euros, aproximadamente, que compró parcelas hasta completar 50 hectáreas de terreno por 1,5 millones" y que estas a su vez acabaron siendo "embargadas y ejecutadas por distintas entidades bancarias". Además de que, desde la constitución de esta entidad, el ayuntamiento "ha soportado gastos relacionados con la sociedad por importe de 168.857 euros, de los cuales, 150.000 lo son en concepto de transferencias y reconocimiento de deudas».
Un informa sin alegaciones
El informe fue notificado al ayuntamiento el pasado mes de julio, pero no ha recibido alegaciones del consistorio, con lo que este adquiere firmeza y ya ha sido remitido a la entidad local, a las Cortes de Aragón, al Gobierno autonómico, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal Cuentas. Habrá que ver los siguientes pasos que da este informe tan demoledor sobre el municipio y la actuación del consistorio.
"La actividad principal de la sociedad consistió en adquirir terrenos para la promoción y construcción de un polígono industrial que nunca llegó a iniciarse", expone el informe, que añade que "en el epígrafe de existencias de las cuentas anuales, que debería incluir el coste de la adquisición de terrenos y las obras realizadas, alcanzó en el ejercicio 2010 los 2.128.634 euros" aunque solo se han obtenido escrituras de compraventas "por valor de 991.261 euros" y a pesar de que lo único que se ha podido acreditar es la cuantificación de que esas 50 hectáreas costaron "1.493.825 euros". Un desfase en las cifras de 634.809 euros que los auditores achacan a "intereses financieros de los préstamos y otros gastos diversos de los que no hemos podido obtener evidencia dado que no existe detalle de las facturas".
La deuda asciende a 1.597.904 euros
Respecto a la deuda, la cifra concreta, con independencia de los intereses que haya podido generar, es de 1.597.904 euros, de los que 1.095.489 euros da cuenta la información suministrada por el Banco de España y los 502.415 euros restantes se conoció por una notificación de Ibercaja en la que comunicaba la cesión de su crédito a la entidad DSSV, domiciliada en Luxemburgo.
También explica el informe de fiscalización que "en enero de 2023 se presentó en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Zaragoza la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores sin masa de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón". Y detalles como que las 49 fincas de suelo rústico adquiridas entre 2007 y 2009 se pagaron al "triple" de lo que costaban realmente según una pericial realizada por el Juzgado de Primera Instancia de Daroca y emitida en septiembre de 2019. Se abonaron 18.000 euros por hectárea si no tenían viñas y hasta 30.000 o 35.000 si las tenían de vaso o emparradas.
