Nueve compañías serán las encargadas de ejecutar el ambicioso Plan Extraordinario de Carreteras que impulsó el pasado Ejecutivo aragonés y que ha mantenido el Gobierno de PP y Vox y que pretende actualizar la situación del 30% de la red de carreteras de la comunidad autónoma después de décadas de déficit inversor. En total, 1.769 kilómetros verán mejorado su trazado y su calzada.
A través de un novedoso modelo concesional, el programa prevé la inversión de más de 500 millones de euros inicialmente en las carreteras aragonesas de la red principal. Para ejecutarlo, el plan preveía la división de todo el territorio aragonés en once lotes con las actuaciones previstas en las carreteras donde el Ejecutivo anterior detectó más necesidades. Para el resto de la red, el 70% de vías secundarias o menos frecuentadas, la previsión es destinar parte del presupuesto ordinario.
El pasado 11 de septiembre se procedió a la adjudicación provisional del Plan Extraordinario de Carreteras, una licitación dividida en esos diez lotes correspondientes a la red autonómica además de otro relativo a la carretera ARA-2 que conectará Ejea de los Caballeros y Gallur.
Nueve licitadores provisionales
En total, según fuentes del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística que lidera el consejero Octavio López, hay nueve licitadores provisionales para los mencionados once lotes. Además, fruto de la licitación, se prevé una rebaja de unos 15 millones de euros respecto al presupuesto inicial.
A partir de ahora, está pendiente la adjudicación definitiva en una nueva mesa de contratación (Mesa 4), en la que se pedirá a los adjudicatarios provisionales la documentación para comprobar que cumplen con las condiciones que marcan los pliegos. Esto sucederá, según confirmaron fuentes del Ejecutivo aragonés, durante la primera semana de octubre.
Así, tal y como avanzó el consejero López en una entrevista con este diario, «se han acortado los plazos» para empezar a ejecutar «cuanto antes» el plan extraordinario. No en vano, el Partido Popular basó buena parte de su campaña electoral y de su argumentario desde la oposición criticando las «peores carreteras de España que están en Aragón». En coherencia, desde el Departamento no querían perder tiempo en empezar a ejecutar las obras, lo que permitirá, también desbloquear la inversión en la red secundaria.
Los plazos
Precisamente en este ámbito, el consejero se comprometió en sede parlamentaria a actuar especialmente en los dos primeros años de la legislatura, antes de que el impacto inversor sea más acuciante para el presupuesto del área.
Si se cumplen los plazos previstos por el departamento, la firma de los contratos definitivos se hará a principios del mes de marzo de 2024 y, una vez que las empresas sean adjudicatarias definitivas, habrán de proceder a la redacción de los proyectos constructivos, para lo cual tendrán un periodo de cuatro meses desde la firma del contrato. Es decir, los proyectos constructivos tendrán que estar en junio de 2024.
Con esa previsión, que anticipa los plazos previstos por el exconsejero del área, José Luis Soro, las obras comenzarían en ese mismo mes de junio o julio. Cabe recordar que el periodo de ejecución será de 30 meses, con lo cual, los trabajos tendrán que estar finiquitados entre finales del año 2026 y principios de 2027. Es decir, coincidiendo, casi, con el final de la presente legislatura y a las puertas de las futuras elecciones municipales y autonómicas.
Zonas territoriales
Los lotes previstos se distribuyen por zonas territoriales, desde el Bajo Aragón, Zaragoza Oeste, Zaragoza Central, Huesca-Monegros, Jacetania-Alto Gállego, Sobrarbe-Ribagorza, Cinca-La Litera, Zaragoza Norte, Teruel Este-Oeste, Teruel Norte-Sur y Cinco Villas-Ribera Alta.
Según las estimaciones iniciales, el presupuesto de licitación de los 11 lotes era de 520.111.139 euros más IVA, mientras que el de adjudicación se quedaría en 505.126.500,69 euros más IVA, lo que arrojaría un ahorro de unos 15 millones de euros más IVA.
A esta inversión en obras de arreglo se sumará el mantenimiento de las carreteras para los próximos 25 años, con un coste previsto inicialmente de 328 millones más.
