En plena crisis sanitaria en Tarazona y su entorno por el brote de gastroenteritis causado por el protozoo Cryptosporidium que nadie sabe dónde se ha originado ni cómo combatirlo, el asunto podría superar en breve la esfera de la gestión administrativa para saltar a la judicial. Al menos es lo que persigue el escrito presentado en la Fiscalía General del Estado por parte de dos colectivos, uno de Zaragoza y otro de Soria (Castilla y León), ambos de Ecologistas en Acción, reclamando que sea esta la que dirija la investigación y no se quede solo en manos del Gobierno de Aragón o del resto de actores que están interviniendo.

Mientras, siguen aumentando los casos de afectados, en las últimas horas solo uno más y se acerca ya al medio millar acumulado. Y sigue vigente la prohibición de beber agua del grifo en cuatro localidades damnificadas, la propia Tarazona, Torrellas, Los Fayos y Novallas.

«Es importante que haya un órgano jurídico y neutral que dirija la investigación», aseguró ayer a este diario Jesús Sampériz, portavoz del colectivo de Ecologistas en Acción de Zaragoza y de Marea Azul en Aragón. Y es que, a su juicio, «en este asunto puede haber hasta indicios de delito en cómo se han gestionado los vertidos en el río Queiles». «Lo más sensato es que haya un fiscal que con todos los papeles encima de la mesa decida quién ha actuado bien y mal y quien es responsable de lo que está ocurriendo», apostilló.

«Al final en este asunto hay tres comunidades autónomas que pueden estar implicadas, dos confederaciones de cuenca y dos provincias, y está afectando a una zona en la que llueve sobre mojado», expuso Sampériz, quien recuerda que ya en mayo de 2022 se presentó otro escrito en Fiscalía «por la decisión de sanción que tramitó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sobre los vertidos comprobados en el cauce del río Val procedentes de la depuradora de Ágreda».

«Llevamos años denunciando que esa zona es un caos y, aunque aparentemente esto se debe a otra cosa, sí que nos gustaría que se viera con luz y taquígrafos lo que ha podido suceder», argumentó Sampériz, que quiso recalcar que «entendemos que se están haciendo bien las cosas, aunque creemos que han tardado bastante en tomar muestras a la salida de la piscifactoría, pero tampoco queremos decir que todo se deba a la piscifactoría, es solo una posibilidad. No estamos señalando a nadie ni decimos dónde está el foco de este brote, solo que sea la Fiscalía la que lleve la investigación abierta, que somos conscientes que desde Salud Pública se preocuparán muy mucho de hacer las cosas bien», añadió el portavoz de Marea Azul en Aragón.

El escrito ya está presentado en la Fiscalía General del Estado, en el registro de la Mesa Coordinadora de Medio Ambiente en Madrid, y ahora será esta quien decida si acepta o no la petición y, como ya hizo con la del 2022, la deriva a la Fiscalía de la zona, en aquel caso fue la de Soria. 

Mientras, el Gobierno de Aragón sigue aplicándose para ayudar a la población afectada de Tarazona, Torrellas, Los Fayos y Novallas y anunció ayer que desde la Dirección General de Interior y Emergencias se distribuirá a partir mañana diez depósitos de mil litros cada uno en estos municipios, siete en el primero y uno en los tres restantes, una distribución hecha a partir del número de habitantes de cada localidad. Además, estos depósitos se irán rellenando posteriormente en función de las necesidades de los vecinos.