La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, brindó ayer un apoyo «total» y «unánime» a los abogados y los procuradores mutualistas para que puedan integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este fue el resultado de una reunión «fructífera» que Fernández (Vox) mantuvo en el Palacio de La Aljafería con los portavoces de la plataforma Aragón Pasarela al RETA: abogados y procuradores, Miguel Ángel Alcaraz y Joaquín Galindo, quienes tildaron el encuentro de «satisfactorio». La presidenta de la cámara legislativa les transmitió que hará «todo lo posible» para que las Cortes aprueben una Proposición No de Ley (PNL) que permita a Aragón aunar fuerzas con respecto al resto de comunidades donde ya se ha aprobado. En cualquier cosa, la tramitación dberá partir de algunos de los grupos parlamentarios de las Cortes.
El objetivo de la aprobación de esta PNL, explicó Alcaraz a este diario, es «unificar el territorio» y con ello «intentar que el Gobierno central apruebe la pasarela al RETA». Por el momento, todos los grupos parlamentarios que conforman las Cortes de Aragón «ya conocen el tema» y ayer la presidenta de las Cortes reiteró un apoyo «total» y «unánime» a los afectados que comenzaría con las primeras tramitaciones de la citada PNL.
Una vez que la norma sea redactada y posteriormente aprobada por los diputados de las Cortes, Aragón pasará a formar parte de la lista de comunidades autónomas que ya han hecho lo propio a lo largo de las últimas semanas. El objetivo final es que los abogados y procuradores afiliados a la Mutualidad puedan integrarse en la Seguridad Social para cobrar «unas pensiones signas» cuando se jubilen.
Precisamente, a finales del pasado mes de julio, estos juristas comenzaron a movilizarse porque algunos de sus compañeros comenzaron a percibir pensiones incluso por debajo de 400 euros mensuales tras 40 años de desempeño profesional. Apenas cuatro meses después, desde la recién constituida Aragón Pasarela al RETA: abogados y procuradores aplaudieron que «por fin» Aragón se pusiera «en marcha» –«estamos luchando solos porque ni el Colegio de Abogados ni el de Procuradores nos han apoyado en nada», reiteraron– en una causa que, según Alcaraz, tiene sus mayores apoyos en dos formaciones «antagónicas»: Vox y la coalición Sumar.
Ambos colectivos quedaron «atrapados» en esta maraña por tres motivos: la obligatoriedad de estar afiliado a la mutualidad hasta el año 1995, el cambio normativo de 1996 por el que se permitió su paso al RETA con la imposibilidad de recuperar el dinero abonado a la mutualidad –otras fuentes consultadas por este diario concretan que «pasó a ser un fondo de pensiones y no nos informaron»– y la «dejadez» del colectivo. «Siendo juristas, nos hemos fiado en demasía», confesó en su día Alcaraz. El pasado 21 de septiembre, los procuradores abandonaron «indignados» la reunión telemática que mantuvieron con la mutualidad para abordar la prpblemática.
A los citados insumos llegan tras haber abonado mensualmente unos 280 euros, prácticamente, la cuota mínima establecida en la Seguridad Social para los autónomos y que, en estos casos, dejan pensiones que rozan los 1.000 euros. Estos abogados y procuradores se quedarán lejos porque, justifican desde la plataforma de afectados, la mutualidad se ha gastado el dinero con «malas inversiones en productos conservadores». A algunos de los procuradores, las citadas simulaciones les llegaron a dar 1.200 euros hace 15 años y, ahora, 417.
