El Gobierno de Aragón espera al Constitucional y mantiene la orden de renovables

El Gobierno de Aragón mantendrá por ahora el decreto sobre renovables aprobado al final de la pasada legislatura hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso del Gobierno central a diversos artículos de la norma autonómica. Así lo anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y preguntada por este recurso sobre el decreto ley sobre renovables, aprobado por el anterior Gobierno de Javier Lambán, en una votación en la que el PP se abstuvo y que el Ejecutivo central decidió recurrir al Constitucional al considerar que invade competencias del Estado y vulnera la ley de contratos públicos. Sobre este asunto se pronunció también la portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, quien afirmó que el Gobierno de Jorge Azcón pudo convenir con el Estado un arreglo para modificar el decreto y evitar el recurso.

Vaquero incidió en que el anterior Ejecutivo era conocedor del cuestionamiento de la norma por el Estado y sabía de la reunión técnica que habría entre las dos administraciones. La titular de Economía admitió que lo habitual es llegar a un acuerdo cuando hay conflicto de competencias y lo excepcional, que se llegue al recurso de inconstitucionalidad. Subrayó que el objetivo del Gobierno de Azcón en ese encuentro fue «primar la seguridad jurídica».

Vaquero detalló que el recurso afecta a unos veinte artículos del decreto, el 25% de la norma, y que los servicios jurídicos estimaron que la eliminación de algunos de ellos repercutía «claramente» en la seguridad jurídica. De ahí que se defendiera en la reunión el conjunto de la norma, porque sacar esos 20 artículos «desnaturalizaba» el decreto ley y «habríamos tenido –dijo– un queso Gruyere con demasiados agujeros jurídicos».

El Gobierno central lleva al Constitucional el decreto de renovables del Ejecutivo de Lambán

Vaquero recordó que el PP se abstuvo en la votación de la norma, ya que a pesar de compartir la finalidad de facilitar el consumo en Aragón de la energía que se produce en la región, «era obvio que había aspectos que invadían competencias estatales». Y avanzó que la DGA tomará una decisión cuando sepa hasta dónde puede regular.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, lamentó que mientras el Gobierno de Lambán «trató de exprimir al máximo nuestro autogobierno y nuestros recursos naturales, pretendiendo defender por decreto ley que la comunidad se aprovechara en primer lugar de la generación de energías renovables, el PP se abstuvo en su día» y lamentó que se podría haber convenido un acuerdo con el Estado para modificar el decreto y evitar el recurso. «Entendemos que si no lo hizo en el órgano previo a la decisión es porque ahora bendicen nuestra norma, cosa que antes no hacían. Es eso o simplemente quieren rivalizar con Sánchez», expresó. Y recordó que con la Ley de Agricultura Familiar sí que hubo acuerdo con el Estado, pero no con esta, «sobre todo para emponzoñar, provocando una polémica sobre el desarrollo de las renovables, que es tan importante para el territorio», denunció Pérez.