FISCALIDAD
Aragón tiene 72 millones en el aire por la ilegalidad del tributo autonómico a los hidrocarburos
La Justicia europea dictamina que fue ilegal implementar un tramo autonómico del impuesto a los hidrocarburos pero deja en manos del Supremo la posible devolución de los importes

Un hombre echa repostaje en su vehículo, en una imagen de archivo. / JAIME GALINDO
Los 72 millones de euros que el Gobierno de Aragón recaudó en base al tramo autonómico del impuesto a los hidrocarburos entre 2016 y 2019 están en tela de juicio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de declarar ilegal el polémico sucesor del céntimo sanitario que impulsó el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP), que permitía a las autonomías cobrar un suplemento que revertiera en sus arcas además del tributo nacional. La decisión abre la puerta a devoluciones por valor de los 6.500 millones de euros que las comunidades españolas recaudaron entre 2013 y 2018. Sin embargo, la Justicia europea no determina si habrá que devolver o no la citada recaudación y devuelve la pelota al Tribunal Supremo español, que debe dilucidar si habrá que devolver lo cobrado y, en tal, caso si es el Ministerio de Hacienda o los Ejecutivos autonómicos quienes deben hacerse cargo.
Aragón comenzó a cobrar el suplemento autonómico en 2016, años más tarde que otras autonomías que lo impusieron desde 2013, cuando el Ejecutivo aragonés del primer mandato de Javier Lambán y con Fernando Gimeno como consejero de Hacienda comenzaron la recaudación del tramo autonómico. Aquel primer año se recaudaron 23,37 millones de euros, mientras que en 2017 fueron 24 millones, cantidad similar a la del año 2018. Aún se recaudaron 607.248 euros más en el primer trimestre de 2019, para un total que ronda los 72 millones.
La aplicación del tramo autonómico levantó una importante polvareda política y empresarial en Aragón, con fuertes críticas de los empresarios, que llegaron a asegurar que el Gobierno aragonés iba a perder más de 20 millones de euros, lo mismo que iba a recaudar, por el bajón en el consumo y la pérdida de competitividad de las empresas. Nada fue para tanto, pero en 2018, el Gobierno central cambió el sistema y el tramo autonómico tocó a su fin. Mientras tanto, y lejos de quedar en el olvido, comenzó el camino judicial.
La Justicia europea ha resuelto que el impuesto era ilegal al dilucidar sobre un litigio entre la petrolera Disa y la Agencia Tributaria española. La multinacional exigió la devolución de los impuestos suplementarios abonados a cuenta del tramo autonómico alegando que era contrario al derecho comunitario pero la agencia tributaria rechazó la petición. El Gobierno español, por su parte, derogó el tipo el 1 de enero de 2019 y estableció otro sistema, que prevé un tipo uniforme para todo el territorio nacional.
La petrolera llevó el caso ante el tribunal económico-administrativo y la Audiencia Nacional, que desestimaron sus recursos. Disa elevó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en 2020, que decidió enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La corte, con sede en Luxemburgo, declaró esta semana ilegal el impuesto, dado que considera que aplicar un gravamen regional diferente para un mismo producto y un mismo uso, sin ninguna delimitación ni mecanismo de control, podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior, fragmentándolo y comprometiendo la libre circulación de mercancías.
Pero la sentencia no aclara si la Agencia Tributaria debe devolver el dinero, por lo que manda de vuelta la pelota al Tribunal Supremo, que debe decidir ahora si se procede con las devoluciones y, en tal caso, quien las afronta. Desde la Consejería de Hacienda del Gobieron de Aragón, que dirige el popular Roberto Bermúdez de Castro, se mantienen a la espera de la resolución del Supremo, por lo que evitan pronunciarse sobre la cuestión.
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