Política fiscal

¿Qué dice el Estatuto sobre la financiación de Aragón?

La comunidad autónoma sí tiene reconocidas sus singularidades en la relación fiscal con el Estado, en plena crisis con Cataluña por un modelo de Hacienda común que satisfaga las necesidades de todos los territorios

El Estatuto de Autonomía de Aragón.

El Estatuto de Autonomía de Aragón. / EL PERIÓDICO

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

El Estatuto de Autonomía de Aragón es ese documento que vertebra la norma institucional básica de la comunidad, pero que se rescata solo en contadas ocasiones. Hoy vuelve a ser pieza clave en un debate que, lejos de tener una rápida solución, parece que va a condicionar el verano político: la financiación singular y diferenciada, Cataluña y las exigencias de cada territorio en busca de mantener una caja común que sostenga a todos los ciudadanos. Aragón, en su Estatuto, sí tiene reconocidos varios mecanismos para defender sus derechos y reclamar sus diferencias.

Entrando en el capítulo segundo, dedicado a la Hacienda de la comunidad autónoma, el artículo 107 aborda las transferencias, mecanismos de nivelación y solidaridad. En su primer punto, el texto básico aragonés determina que su sistema de ingresos «garantizará los recursos financieros que aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias». Y un detalle: «Sin perjuicio de respetar la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional». Esa solidaridad a la que el Gobierno autonómico, y muchos partidos políticos, señalan como fractura si se concede una financiación singular solo para Cataluña.

El punto tres de este mismo artículo 107 afronta el principio de nivelación. Refleja los mecanismos existentes y vuelve a esa «solidaridad» que hace que las comunidades más ricas colaboren en el mantenimiento de los servicios básicos, a través de la Hacienda nacional, de aquellos territorios que menos tienen. «En la misma forma, y si procede, la comunidad autónoma de Aragón aportará recursos a los mecanismos de nivelación y solidaridad», concluye el apartado, mostrando la predisposición de la región a apoyar en este principio solidario.

En último lugar, el artículo 107 señala que el modelo de financiación de la comunidad atenderá a algunas de las necesidades y características que la sociedad aragonesa y el territorio tienen. Reflejados en el propio Estatuto de Autonomía aparece «el esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales». Unas exigencias que hoy siguen compartiendo representantes políticos de casi todos los colores presentes en las Cortes.

¿Y cómo se pueden poner sobre la mesa esas reclamaciones? Artículo 108: Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. «La Administración general del Estado y la comunidad autónoma de Aragón suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial», es decir, que el propio Estatuto reconoce que Aragón tiene la capacidad de sentarse con el Estado para abordar la situación de su financiación y reformarla en función de esas necesidades.

Esa Comisión Mixta no se ha reunido nunca, por lo que Aragón no ha podido entablar una relación presencial con el Estado en la que abordase la situación financiera de la comunidad. Reconocida en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía, la comisión se define como «el órgano bilateral de relación» entre las dos institucionesen materia de «financiación autonómica específica aragonesa».

«A tal efecto, le corresponde la concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas de cooperación en relación con el sistema de financiación, así como las relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones», concreta el articulado, en el que se hace referencia a la cesión de tributos, inversiones del Estado, traspasos de servicios o el propio seguimiento del artículo 108. 

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