Sector primario

UAGA afirma que sus datos contradicen los del Gobierno de Aragón y que en 2023 no incrementaron las hectáreas ecológicas

Desde el sindicato denuncian que, pese a que la consejería de Samper se escuda en un incremento en las hectáreas para dejar el 35% de las solicitudes fuera, fue en 2021 cuando se produjo el gran salto en el número de cultivos, que subieron un 47%

Los operadores aún no han recibido la comunicación oficial desde la DGA para saber cómo ha sido la baremación y así poder presentar alegaciones a las ayudas agroecológicas

Manifestación de varios agricultores frente a la consejería de Samper, el pasado febrero.

Manifestación de varios agricultores frente a la consejería de Samper, el pasado febrero. / Laura Trives

Alberto Arilla

Alberto Arilla

A vueltas con las ayudas a la agricultura ecológica. Han pasado ya dos semanas desde que se conoció, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que hasta un 35% de los operadores aragoneses se habían quedado fuera de estas subvenciones agroambientales, correspondientes al PDR 2023-2027, la segunda línea de la nueva PAC y que competen en exclusiva a la consejería de Agricultura de la DGA, dirigida por Ángel Samper (Vox). Desde entonces, en cambio, los afectados siguen sin tener una comunicación oficial desde el Departamento en la que se les detalle los motivos por los que sus cultivos han quedado fuera de estas ayudas, por lo que no pueden interponer los recursos correspondientes.

Tanto es así que los agricultores se enteraron de que no iban a cobrar estas ayudas por el boca a boca, ya que, mientras algunos solicitantes iban recibiendo el dinero, otros no vieron ni rastro y, preguntando, conocieron la situación, pese a la opacidad de la DGA que denuncian los sindicatos. En cualquier caso, el sector primario aragonés mostró su incredulidad ante esta decisión ya que el presupuesto para este nuevo período se ha incrementado en unos tres millones y medio. En cifras absolutas, la asignación prevista es de 29,07 millones para este lustro, unos 5,8 millones al año, por los 25,66 millones previstos para los años anteriores (2014-2020), que se traducían en 3,66 millones por curso. En 2021 y 2022, en plena transición, se prorrogaron las partidas.

En total, han sido casi medio millar de operadores los que han quedado fuera de las 1.300 solicitudes totales presentadas a la consejería. Una situación inédita, ya que en los años anteriores, con un presupuesto menor, habían entrado el 100% de las peticiones. La explicación dada por la dirección general de Producción Agraria, que encabeza Carlos Calvo, radicaba en que se había producido un incremento muy importante en las hectáreas en ecológico, especialmente de cereal de secano. Unos datos que contrastan con los que manejan los sindicatos, que destacan que fue en 2021, y no ahora, cuando se produjo ese incremento significativo.

En concreto, fue un 47% el número de hectáreas que subieron en Aragón entre 2020 y 2021 y que se dividen en las calificadas como "primer año en prácticas", las que se consideran "de transición" y las propiamente ecológicas, pasando de las 70.000 a las casi 104.000. En 2022, el número siguió ascendiendo hasta superar las 106.000 hectáreas. Lo chocante aquí es que, en 2023, el número de hectáreas, lejos de crecer, disminuyó en casi un 5%, situándose en algo más de 101.600. Por tanto, desde UAGA no entienden cómo, siendo conocedora la consejería de este incremento que venía desde dos años atrás y que, de hecho, había permitido aceptar el 100% de las solicitudes, ahora la partida, más dotada económicamente, ha dejado a casi cuatro de cada diez operadores fuera.

"El cobro de la ayuda agroambiental es fundamental para la viabilidad económica de las explotaciones en régimen ecológico, ya que sirve para cubrir todos los gastos extra, principalmente los trámites de la certificación, y también para compensar la merma productiva, porque en ecológico hay menos rendimiento que en convencional", denuncian desde UAGA, que exige a Samper que "cumpla" con los requisitos medioambientales de la Unión Europea. Mientras, desde la consejería ya admitieron que se habían ejecutado en torno a un 98% de los fondos, quedando en torno a 116.000 euros (más el dinero que se pueda extraer de lo que haya sobrado en otro tipo de ayudas agroambientales, como las de la apicultura) para poder atender a los recursos de los agricultores. Y es aquí donde está ahora el partido, pues UAGA centra su denuncia en que, mientras no reciban las notificaciones oficiales, es imposible que estas se puedan apelar.