El director de Fedea teme una "reforma para mal" del sistema de financiación por las presiones políticas y las prisas

"Aunque el sistema es francamente mejorable, empiezo a temer que si hay reforma será para mal". La sentencia es del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, sobre el reparto del dinero del Estado a las comunidades autónomas, que ha visitado este lunes la Comisión especial de estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica de las Cortes de Aragón. De la Fuente ha llamado a elaborar la reforma del sistema "con calma y sin presiones" como una nueva investidura en la Generalitat de Cataluña. "Es muy posible que el sistema que salga sea peor si se hace con prisas y en circunstancias como la actual", ha dicho el director de Fedea en una sesión celebrada mientras los consejeros de todas las autonomías debaten con la ministra Montero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé de alto voltaje.

Ángel de La Fuente ha desarrollado varias tesis sobre la reforma del sistema que reparte el dinero del Estado entre las autonomías, una guerra abierta por las distintas variables que afectan a cada territorio (envejecimiento, dispersión poblacional...). El experto ha dejado claro su rechazo a la generalización del sistema de concierto de los territorios forales, como piden ahora el nacionalismo catalán, ya que según cree después lo pedirían Baleares o Madrid. "Si del sistema de financiación se salen los ricos, no hay nada que repartir", ha asegurado De la Fuente. "Si permitimos que se quede todo en los territorios ricos (el excedente fiscal que generan) tendremos poca solidaridad territorial y menos políticas sociales", ha afirmado.

La financiación autonómica no consigue recuperar la unanimidad en las Cortes de Aragón

"Soy partidario de más que pensar en cómo repartimos los peces trabajemos en repartir las cañas para que cada autonomía pueda pedir a sus ciudadanos lo que crea conveniente para el desarrollo de sus servicios. Tenemos que pensar en cómo repartimos las herramientas fiscales entre el Estado y las comunidades", ha aseverado el experto ante los diputados aragoneses, bastante críticos con algunas de esas tesis. Aragón siempre ha defendido un modelo de financiación vinculado al coste efectivo del servicio, explíquese con un ejemplo, en base a que una atención médica no cuesta lo mismo en Alcorcón que en el Maestrazgo.

Aún así, De la Fuente ha dicho que lo primero que habría que ejecutar son algunas medidas "de oficio", como un fondo transitorio de garantía para las comunidades que entiende que están "infrafinanciadas", entre las que ha citado a Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla y La Mancha. El coste de ese fondo sería de 3.000 millones de euros al año para alcanzar una "equidad" con estos territorios, según ha asegurado el director ejecutivo de Fedea.

Comisión en las Cortes

De la Fuente ha comparecido en la recién creada comisión de estudio sobre el sistema de financiación de las Cortes de Aragón, que ya emitieron un dictamen unánime con la posición de la Comunidad en 2017 -entones no contaban con representación ni Vox ni Aragón Teruel Existe- y que ahora pretende actualizarse, como ha explicado por el PP la coordinadora, Elena Allué.

En todo caso, ha incidido en que "poco a nada" se ha hecho por abordar realmente el sistema de financiación, que los intentos han estado más relacionados con las citas electorales y que se ha reavivado el debate por los acuerdos de PSOE con Sumar y los independentistas, con cesiones a comunidades y agravios comparativos entre territorios para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa "a costa de cualquier cosa". "No sé si este va a ser un buen momento para poder alcanzar esos acuerdos" porque, ha vaticinado, "Aragón lo va a pagar, seguramente, muy caro".

Óscar Galeano, del PSOE, ha reflexionado sobre si ha servido de algo el actual modelo, si es un "zombi" y si hay riesgo de que vaya a peor y si es necesaria una reforma fiscal previa para que la de la financiación "tenga sentido", al tiempo que ha afirmado que todas las comunidades están infrafinanciadas y que han de tenerse en cuenta criterios como la dispersión, la despoblación o el envejecimiento.

Fermín Civiac, de Vox, ha coincidido con De la Fuente en que no hay prisa en reformar el sistema para dejarlo peor, sobre todo, ha dicho, si se reincide en los "vicios" del modelo anterior y del actual, que es "injusto, ineficaz y que genera desigualdades" por decisiones políticas, de PP y PSOE, ante la necesidad de votos para sacar adelante investiduras, sin tener en cuenta ni la justicia ni el coste efectivo de los servicios.

Por Aragón Teruel Existe, Pilar Buj ha reivindicado una mejora de la financiación de las autonomías como base de la prestación de las políticas públicas y ha apelado a Fedea a compartir, asumir y difundir el peso de las circunstancias geográficas, orográficas, de accesibilidad y de dispersión de la población a la hora de prestar servicios en el territorio.

José Luis Soro, de CHA, ha defendido que la "clave de bóveda" del sistema tiene que ver con la población ajustada y el coste real de los servicios, condicionados por variables geográficas o la despoblación, y ha cuestionado que haya cuatro comunidades infrafinanciadas cuando no se sabe el resultado de la reforma, al tiempo que ha subrayado que no hay suficiencia y autonomía financiera.

Álvaro Sanz, de IU, se ha referido a la "tensión" de algunas comunidades con mayor capacidad política, pero también a las que practican "el desmantelamiento fiscal", haciendo que los impuestos dejen de ser efectivos mientras piden más recursos al Estado, fomentando la "insolidaridad", y ha opinado que si las comunidades no están "en solfa", será muy difícil que el sistema opere.

Alberto Izquierdo, del PAR, ha defendido que las únicas comunidades que tienen derecho a tener hacienda foral son Navarra y Aragón y que otra cosa es el "cuponazo" vasco o en su caso el catalán, ha defendido que los territorios dispersos y con poca población tienen que tener mucho más peso que el actual y ha rechazado que la reforma del sistema tenga que partir de PP y PSOE y que no sea el momento por la pluralidad del parlamento, porque "todo el mundo -ha aseverado- tiene derecho a hablar".