Aragón se compromete a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en 2027

El Gobierno de Aragón se ha puesto como meta lograr la gratuidad de la educación para niños de 0 a 3 años antes de que acabe esta legislatura, así que la fecha límite es 2027. Así lo ha asegurado la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, pocos minutos antes de constituirse la Mesa de Primer Ciclo de Educación Infantil. Esta medida beneficiará, cuando se ponga en marcha, a unos 27.000 niños.

El cómo aplicar la medida es otra cosa. La reunión ha servido para empezar a andar hacia esa gratuidad, pero «hay que ver cómo se implanta, qué modelo hacemos» y en eso «todos estamos implicados», reconoció la consejera. A la llamada del Gobierno de Aragón han asistido los representantes de las familias (de la escuela pública y de la concertada), de la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil, de la Asociación Aragonesa de Centros de Atención Infantil, de Escuelas Católicas, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, los sindicatos educativos, del Consejo Escolar de Aragón, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El resultado ha sido ofrecer una «visión general», ya que esta misma semana comenzarán con reuniones individuales con cada una de las entidades y una puesta en común en la mesa de propuestas ya más o menos concretas, porque tal y como avanzó Hernández, en un encuentro «tan numeroso, se avanza lentamente».

Esa educación gratuita de 0 a 3 años permitirá «facilitar la conciliación y apoyar a las familias en la carga económica que supone la escolarización». Al mismo tiempo, podría aumentar la natalidad y «asentar el empleo en este sector, que es mayoritariamente femenino», dijo. 

El sector privado da trabajo a alrededor de 1.500 personas y «no interesa destruir empleo, sino mantenerlo», señaló Hernández, que consideró necesario «aprovechar la red» de centros privados: «Aprovechar lo ya existente, no destruir», repitió en varias ocasiones. Por eso, todos están llamados a «aportar» y una vez escuchadas las opciones «veremos qué modelo hacemos».

Desde la patronal recogieron el guante. «Que nos aprovechen», ya que actualmente ya forman parte de la red de centros autorizados del Gobierno de Aragón, aseguró la presidenta de la Patronal aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei), Ana Peña, mientras que desde Fapar o los sindicatos apostaron por una educación «pública y de calidad».

Las familias de la escuela pública defendieron que «todo lo que se abra en el ámbito educativo tiene que ser público», de ahí que deseara –sin éxito– el anuncio de la construcción de nuevas escuelas infantiles para atender toda la demanda. En este sentido, la secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, incidió en que la educación «tiene que ser pública» y aunque reconoce que «el ámbito privado es lícito, no contemplamos la concertación».

Desde Fecaparagon (las familias de la escuela concertada), su representante, Miguel Ángel Sarralde, aseguró que el objetivo es «la igualdad de oportunidades» porque se trata de aumentar la natalidad y articular la gratuidad, «lo que beneficiará la conciliación».

Por su parte, Mónica de Cristóbal, de Csif, insistió también en su apuesta «por una educación pública y de calidad», por lo que señaló que si es necesario, hay que dotar «de más aulas las infraestructuras que se están quedando obsoletas», y apostó por utilizar «espacios públicos ya construidos» para este menester.

Desde la patronal de centros privados agradecieron la llamada del Ejecutivo porque llevaban más de un lustro esperando ser escuchados. En estos momentos, existen 109 (14 menos que en 2021) y todos son centros autorizados, ya que en 2005 se les obligó a cumplir una serie de requisitos, que los aragoneses llevaron a cabo con fondos propios. «Somos el mejor recurso para ofrecer plazas» que ahora no están cubiertas (unas 700 de 3.500) en los centros privados y que «sean gratuitas para las familias».

Un sector ‘tocado’

En los últimos años, reconoció Peña, han cumplido la función de cubrir las necesidades de las familias ante una demanda que no podrían cumplir las escuelas infantiles públicas, pero la bajada de la natalidad, la creación de aulas de dos años y los centros que «no cumplen los requisitos» hacen que «las familias no tengan capacidad de elección, en ocasiones por motivos económicos». 

La presidenta hizo hincapié en que «no son almacenes de niños ni guarderías, ni centros lúdicos o de bolas», sino centros de educación, por lo que calificó de «desleal» a los centros no autorizados, que «cada vez hay más y sin ningún control». Y también criticó la apertura de aulas de dos años (se cortó el ciclo porque antes era de 0 a 3), ya que a ellos les obligan a tener un número de niños de una determinada edad para tener un aula, a tener que hacerlo en un lugar «con una entrada aparte» y unas condiciones diferentes de «no compartir patio, ni estar en barracones», que en ocasiones sí que lo están en estas aulas de escolarización anticipada.

Peña reconoció a este diario que «muchos centros se han quedado en el camino», y los que quedan están a la espera de que «se nos dé una solución para conseguir salir adelante y coger aire». 

Estas situaciones han hecho mella en un sector que ya venía tocado de la pandemia, que fue «brutal» por el tiempo que «estuvimos sin ingresos, sin ayudas para los autónomos» y muchos tuvieron que sumar una hipoteca para pagar esas actualizaciones que tuvieron que hacer para ser centros autorizados. 

Por eso, a la reunión «no vamos a pedir ayudas para el sector» sino que «lo único que pedimos es que después de que nos ha costado tanto ser centros autorizados se nos considere como tal, aunque la gestión sea privada», dijo. «Que cuenten con nosotros» y que «las ayudas sean directas a las familias para que elijan al centro que quieren llevar a sus hijos porque nuestra trayectoria nos avala», añadió Peña. En este sentido, harán todo «lo que está en nuestras manos» para llegar a un entendimiento.