El exsupervisor del centro de Ateca dice que se informó al IASS de una supuesta agresión
La jueza cuestiona la credibilidad del testimonio ya que se contradice con el de varios de los internos denunciantes
Entrada al centro de menores de Ateca, ahora cerrado. / EFE
El exsupervisor del centro de menores de Ateca (Zaragoza) argumentó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud que se abrió una investigación interna sobre una agresión sexual a una menor por parte de dos jóvenes de origen árabe que concluyó en un expediente que fue remitido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Un testimonio cuya credibilidad cuestiona la magistrada Aída Ramírez en el auto en el que resolvió la puesta en libertad provisional del detenido, con medidas, sin embargo, como la prohibición de salir del territorio nacional y la consiguiente retirada de su pasaporte.
En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza valora la existencia de "indicios racionales" de la participación del detenido en los hechos como cooperador necesario en los delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual imputados al director del centro y a tres de sus trabajadores, en prisión provisional por estos hechos.
En su declaración, este detenido, Miguel Ángel V.P., que ejerció como supervisor del centro desde su apertura a manos de la Fundación Salud y Comunidad hasta su jubilación, negó en todo momento conocer la existencia de abusos psicológicos o sexuales por parte de educadores y auxiliares de la institución.
Considera la instructora que el desconocimiento absoluto de los hechos manifestado por el investigado se contradice con el testimonio de varios de los internos denunciantes, que aseguraron que era conocedor de los hechos de boca de las propias víctimas.
Destaca que aunque la defensa insiste en que las denuncias son "meras confabulaciones de menores", las pruebas no sólo no evidencian la existencia de ningún acuerdo entre ellos dirigidos a este fin, sino que no se ha ofrecido una "explicación racional o coherente" de los motivos que les hubieran guiado a denunciar falsamente.
La jueza se refiere también a la denuncia formulada por una de las menores ante la Guardia Civil, que se desplazó junto al investigado al puesto de La Almunia de Doña Godina para manifestar que había sido agredida sexualmente por dos jóvenes de origen árabe en presencia de otro de los detenidos.
Una situación que, según el detenido, dio lugar a un expediente interno que se remitió al IASS, pero que sin embargo, y casualmente, no figura entre todos los remitidos por esta institución a los investigadores de la Guardia Civil lo que, a juicio de la juez, "pone en duda la seriedad de su testimonio".
Añade la jueza que durante la instrucción judicial se pudo verificar que era habitual que los menores se ausentaran del instituto a modo de “castigo” impuesto desde el centro, supliendo su formación los educadores, los cuales, sin embargo, no contaban con formación suficiente como docentes, "más allá de ser trabajadores sociales".
El investigado manifestó en su declaración que el absentismo escolar se producía únicamente por iniciativa del instituto de la localidad, a pesar de que una de las testigos manifestó en sede judicial que el profesorado del centro escolar comentaba y sabía que era habitual que a veces los menores estuvieran varios días o semanas sin acudir a clase porque se les castigaba.
La investigación judicial comenzó tras las denuncias presentadas por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años, pero en la actualidad el número de denuncias asciende ya a 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.
La jueza, de acuerdo con la fiscalía, no ha decretado para el investigado la prisión provisional al no apreciar riesgo de fuga ni posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas, porque está jubilado, no trabaja con menores y tampoco se ha acreditado una persecución o comunicación con posibles víctimas para disuadirlas en su actuación o influir en ellas.Y por eso la jueza ha dictado auto de libertad provisional sin fianza, pero le retira el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional, le obliga a comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana y cuantas otras veces sea llamado y a que notifique cualquier cambio de domicilio.
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