Aragón, con Lambán y Azcón a la cabeza, carga contra Urtasun por sus declaraciones sobre Sijena

Las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre los bienes de Sijena siguen trayendo cola un día después, provocando una reacción en cadena de la política aragonesa que promete mantenerse con el paso de los días, desencadenando un fuego cruzado que se ha convertido en una suerte de recados de todos contra todos. Uno de los primeros en responder ayer al ministro, que se refirió al proceso de devolución como un "acto político", fue el presidente Jorge Azcón, quien aseguró en sus redes sociales que sus declaraciones habían sido un "insulto" para los aragoneses, instando a los diputados del PSOE y Sumar a que le exigiesen una rectificación. Unas palabras que ha reforzado este miércoles en Cuarte de Huerva, yendo incluso un paso más allá: "El ministro Urtasun ha demostrado que es incapaz de ostentar el cargo".

Unas horas antes, y también a través de sus redes sociales, el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, protagonista del regreso de los bienes, que comenzó en 2017 cuando él dirigía el Ejecutivo, ha acusado al ministro Urtasun de "ignorancia y mala fe". En ese sentido, Lambán ha recordado que el regreso de los bienes fue "en cumplimiento de una sentencia judicial, ajena al 155", como había sugerido el titular de Cultura. "Preservemos nuestro patrimonio de políticos así y confiemos en la justicia para el regreso pendiente de las pinturas de la Sala Capitular", ha concluido el socialista.

El ministro de Cultura califica de "político" el regreso de los bienes de Sijena a Aragón

Palabras similares a las empleadas por Azcón, quien ha reincidido, precisamente, en que el proceso de devolución de los bienes al Monasterio de Sijena -por el momento, han regresado 99, como adelantó este diario- responde a una sentencia judicial. "El respeto a las instituciones debe estar por encima de todo. Estamos hablando de una sentencia que gana la comunidad y que hace justicia con la entrega de unos bienes que son propiedad de Aragón", ha subrayado el presidente. Además, el líder popular considera que la intención de Urtasun es la de "ahondar en el enfrentamiento", con el único fin de "regalarle los oídos y seguir contando con los votos de los independentistas catalanes". "Ha insultado a Aragón una vez más, lo que demuestra que no está capacitado para ser ministro de Cultura", ha concluido Azcón.

Y en Madrid, el diputado de CHA en Sumar Aragón, Jorge Pueyo -quien además ostenta la portavocía de Cultura-, ha defendido al ministro y ha achacado al PP y a Junts la responsabilidad sobre una polémica que considera "artificial": "Es evidente que el señor Azcón está intentando alimentar, aliándose con Junts, una polémica artificial que no responde a la realidad. Porque el ministro de Cultura dijo ayer que la gestión de los bienes es de Aragón. Nunca ha cuestionado las sentencias. Y a Junts le dijo que este tipo de conflictos es mejor resolverlos desde la colaboración institucional antes que llegar a los tribunales. Algo que debería ser de sentido común".

Pueyo también ha tirado de hemeroteca para y se ha ido a 2016, cuando el PP votó en Cataluña que los bienes permanecieran ahí, en un plebiscito que se aprobó en el Parlament por mayoría absoluta, con la única abstención de Ciudadanos. "Eso es la vergüenza, el PP quiere jugar con los aragoneses, pero esto no es un juego", ha continuado Pueyo, para culminar su discurso: "Desde un primer momento en campaña prometí defender los intereses de Aragón por encima de todo y así va a seguir siendo. Por ello, lo que nos da asco es que el PP y Junts se alíen para alimentar el odio y utilicen Aragón como tablero donde hacer un pulso a costa del patrimonio aragonés".

"No admitimos lecciones"

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado que "quiere pensar" que las palabras de Urtasun "son por falta de información y no mala fe", y ha anunciado que está intentando ponerse en contacto con el ministro para aclarar lo que pasó con los bienes. Cabe recordar que la socialista era en 2017 la consejera de Cultura, ostentando así las competencias en este asunto, por lo que ha querido salir a recordar que fue partícipe en primera persona de todo lo que sucedió entonces.

"Fue un juez de Huesca, que nos permitió ir a recoger los bienes a Lérida, el responsable principal de que esos bienes regresaran a Aragón", ha señalado Pérez, dando respuesta a varios frentes a la vez. El primero, el de Azcón y el propio grupo parlamentario popular, cuyo portavoz, Fernando Ledesma, ha incidido en que el Ejecutivo de Lambán "recogió el fruto del trabajo de los anteriores". "No admitimos lecciones, porque la aplicación del 155 no tuvo nada que ver para facilitar el regreso de los bienes. De hecho, el ministro Méndez de Vigo no hizo nada, más bien todo lo contrario, porque intentó disuadirnos", ha proseguido, recordando asimismo que uno de los responsables de coordinar las actuaciones fue Roberto Bermúdez de Castro, entonces secretario de Estado y actual consejero de Hacienda de la DGA.

Por otra parte, la diputada socialista también ha cargado contra el independentismo catalán, especialmente contra Junts, al que ha acusado de "tergiversar" la historia. "Fue un expolio. Estamos hartos de la suficiencia intelectual, de la soberbia y de ese carácter incluso supremacista de los políticos independentistas catalanes. Nos dan lecciones de cómo cuidar nuestro patrimonio cuando ellos tenían estos bienes almacenados en cajas, sin ningún cuidado y sin ser expuestos al público", ha sentenciado.

Más duro se ha expresado Alberto Izquierdo (PAR), que ha calificado de "estupideces" las palabras de Urtasun y ha cargado contra CHA y su diputado en Madrid, Jorge Pueyo. "Debe dejar (Urtasun) de decir estupideces para contentar a sus amigos independentistas catalanes, y tiene que rectificar y explicar por qué considera que esto fue una cuestión política", ha aseverado, y ha reincidido en que "los bienes de Sijena eran aragoneses y estaban de forma ilícita en Cataluña y por eso, una sentencia judicial obligó a la Generalitat a devolverlos a Aragón".