El recorte del 76% a la cooperación en Aragón es el más alto de España

Un informe estatal que analiza los presupuestos que las comunidades autónomas dedican a la cooperación al desarrollo revela que el Gobierno de Aragón es la administración que ha llevado a cabo un mayor porcentaje de recortes de fondos de toda España, reduciendo este 2024 en más de un 76% los aportes públicos en ayuda internacional. Según las entidades solidarias aragonesas este «drástico descenso» afecta directamente a más de 485.000 personas beneficiarias de proyectos humanitarios y de derechos humanos impulsados por las entidades de la comunidad, cuya labor se encuentra ahora «en grave riesgo».

La red de coordinadoras autonómicas de oenegés para el desarrollo asegura que este análisis de los presupuestos «genera una gran preocupación sobre el papel que los gobiernos autonómicos otorgan a la ayuda internacional y sobre el futuro que les espera a valores como la cooperación y la solidaridad, en el interior de las administraciones territoriales». En este sentido Aragón se lleva el farolillo rojo con un cambio drástico en su tendencia habitual en la financiación pública de la solidaridad pasando de los 5,1 millones de euros que dedicó en 2022 en la convocatoria de subvenciones a los 868.000 euros del presente ejercicio. «Este recorte tiene consecuencias directas en las intervenciones que se apoyan a través de la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Aragón», alerta la secretaria técnica de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Estrelicia Izquierdo.

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Las entidades sociales que han redactado el informe evidencian además que los terribles efectos de la DANA en Valencia «demuestran que es necesario contar con políticas públicas que den respuesta a los enormes desafíos que vivimos en nuestros entornos más cercanos y también en todo el planeta» y recuerdan que estos desafíos «no saben de fronteras y exigen políticas que estén a la altura».

Aragón es la comunidad con mayor caída en la financiación, tanto en cifras absolutas como en porcentaje, a pesar de haber aumentado este año su presupuesto consolidado y que el pacto aragonés para la cooperación establece en un 0,2% la ayuda pública a los países del sur global. En la actualidad apenas se alcanza el 0,02%. «Estos recortes no solo vulneran los compromisos internacionales y nacionales de cooperación, sino que también ponen en jaque una política pública esencial para enfrentar crisis humanitarias a nivel global», lamentan desde la coordinadora.

Las cuentas públicas solo destinan 1,5 euros por persona al año a la solidaridad internacional

El alarmante retroceso en Aragón es parte de una tendencia general en varias autonomías. Según el informe especial, diez de las diecisiete comunidades han reducido o congelado sus fondos para cooperación, entre las que destacan, además de Aragón, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, donde el presupuesto por persona apenas alcanza el coste de un café al año. De hecho, los presupuestos aragoneses apenas dedican 1,5 euros por persona y año a la materia. Una cifra que contrasta con los casi 30 euros que destina Navarra. A nivel nacional, el promedio de inversión por habitante es de 8,50 euros, cifra que se queda corta ante las necesidades actuales.

La media de los fondos destinados por las comunidades a cooperación este último año se sitúa en un 0,12%, muy lejos del 0,7% comprometido por ley. Incluso los territorios que lideran en financiación, como Euskadi y Navarra, solo alcanzan un 0,35% y un 0,3% respectivamente, cumpliendo solo la mitad del objetivo establecido.

Nuevo escenario

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad lamentan el cambio de tendencia vivido en Aragón, impulsado sobre todo por partidos políticos que se escudan en la solidaridad interna para desdeñar los esfuerzos de desarrollo internacional. «La gran contradicción es cargar contra las personas migrantes que se ven expulsadas de sus territorios pero no apostar por las inversiones en el terreno que evitarían su salida», analiza Izquierdo.

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De hecho, estos recortes en cooperación al desarrollo contrastan con el apoyo firme de la ciudadanía española a las políticas de solidaridad y cooperación. Según el último barómetro del CIS, el 70% de la población apoya que España ayude a los países más desfavorecidos, un respaldo que queda demostrado en las numerosas manifestaciones de apoyo a crisis internacionales como las de Ucrania y Palestina. «El impacto de estos recortes es tremendo», lamentan.

Por el momento, las entidades sociales aragonesas se están adaptando a la nueva realidad presupuestaria y no se descartan despidos. «Nuestro principal objetivo es mantener nuestros compromisos con el territorio, buscando otras formas de cooperación y de lograr fondos», indica Izquierdo, asumiendo que es «inevitable» que el tejido social quede afectado por la situación.

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En este sentido precisan que las entidades requieren «un alto nivel de profesionalidad» para garantizar el nivel de transparencia y ajuste de cuentas al que están obligadas, algo que será difícil de suplir con el voluntariado. «Habrá que ver cómo se reestructuran las entidades para mantener el trabajo que hemos desarrollado estos últimos 30 años», expresa.

Además del Gobierno de Aragón, hasta ahora la entidad pública que más aportaba a cooperación al desarrollo, en los últimos ejercicios también ha recortado una buena parte de sus aportaciones a la ayuda internacional otras administraciones como el Ayuntamiento de Zaragoza, el de Huesca o el de Utebo. 

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