A fondo | 20 años de la ley contra la violencia machista

Dentro de unos días se cumplirán 20 años desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y es buen momento para apuntar un balance de sus luces y sus sombras. Vaya por delante que, en mi modesta opinión, ha sido y es un buen instrumento para ir prevenir, proteger y castigar la violencia que sufren muchas mujeres por el solo hecho de serlo.

Hoy no sería posible aprobarla. Fue votada a favor por la totalidad de las y los Diputados del Congreso; obtuvo 320 votos a favor, ni una sola abstención, ni un solo voto en contra. La situación interna y externa eran favorables, el PSOE gobernaba y fue la primera ley orgánica que propuso, con el resultado indicado.

En aquel momento, la extrema derecha no había accedido al Parlamento y existía un movimiento feminista importante, así como una buena sensibilidad social hacia la desigualdad de mujeres y varones en nuestra sociedad. Desde unos años antes, el feminismo de la tercera ola había creado las condiciones necesarias para que tuvieran lugar varios hitos.

Ana Orantes: un antes y un después

En primer lugar, la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena del año 1993 que reconoció, atención, por primera vez, a las mujeres el derecho al pleno disfrute de los derechos humanos. En segundo lugar, en 1994 se aprobó en el seno de la Organización de estados Americanos, la Convención Belem do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y, por último, en septiembre del año 1995 tuvo lugar en Pekín la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en la que participaron 187 Gobiernos y 17.000 mujeres de todo el mundo (tuve el gran honor de poder asistir) donde se aprobaron la Plataforma y el Programa de Acción de Pekín, cuyos compromisos para, entre otros fines, poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en el mundo, siguen siendo fundamentales.

En ese marco social y político en el año 1997 tuvo lugar en Granada el asesinato de Ana Orantes por su marido, tras haber intervenido ella en una televisión denunciando los malos tratos que sufría. Este crimen machista fue la espoleta que hizo que el movimiento feminista se aplicara para elaborar las líneas de lo que habría de ser el texto de esta ley, contribuyendo a ello también las conclusiones alcanzadas en dos estudios que la Asociación de Mujeres Juristas Themis llevó a cabo en los años 1999 y 2002 sobre el inadecuado tratamiento judicial que recibían las denuncias de mujeres por malos tratos infligidos por sus parejas. Todo lo anterior fue el germen de esta Ley Orgánica, de la que este año conmemoramos su 20 aniversario: salió adelante porque tuvo un gran apoyo social y político.

Desde su entrada en vigor, más de tres millones de mujeres, casi 200.000 en el año 2023, han denunciado e intentado salir de situaciones violentas, de peligro para ellas y sus hijas e hijos. Es verdad que muchas, un 10% aproximadamente, no ratificaron sus denuncias; que otras, se negaron a testificar contra su pareja o expareja; otras más no pudieron probar los hechos que denunciaban; otras no encontraron la protección que necesitaban, pero la mayoría de ellas siguieron adelante y pudieron salir del pozo negro de la violencia machista e iniciar una vida en paz. En el año 2023, según la estadística del CGPJ, el porcentaje de sentencias condenatorias fue del 92% en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; del 81% en las Audiencias provinciales y del 69% en los Juzgados de lo Penal.

Una cifra aún muy elevada que disminuye desde la vigencia de la ley

El número de mujeres asesinadas en España, siendo muy elevado aún, ha disminuido tras la entrada en vigor de la ley. Según las cifras oficiales, en el año 2010 fueron asesinadas 73 mujeres frente a 52 que lo fueron en 2022 y a 63 en el año 2023, con un aumento considerable, como se observa, respecto al año 2022. Pero como soy de ver el vaso medio lleno, veo que, en 13 años, de 2010 a 2023, el descenso de mujeres asesinadas fue del 13,7%. Es disminución, sí, pero totalmente insuficiente; si consideramos la cifra de 2022 (parece que este año 2024 se aproximara más a ésta que a la de 2023), el descenso fue del 28,7%.

No sirve el argumento que desde el negacionismo de la violencia machista se da en ocasiones, alegando que es una ley inútil puesto que sigue habiendo violencia y continúan matando a mujeres. Es lo mismo que querer invalidar el Código Penal porque sigue habiendo robos. El dato que horroriza es que, de las 63 mujeres asesinadas en 2023, 15 de ellas, el 23,8%, habían denunciado y solicitado protección e incluso cuatro mujeres tenían, cuando fueron asesinadas, ordenes de protección en vigor, lo que es un estrepitoso fracaso del sistema judicial y policial y esta es una de las sombras de la situación actual. Pero este fallo no es de la ley, es de quienes deben aplicarla y de quienes deben valorar la protección idónea que se debe dar según el riesgo que presenta cada caso.

Tenemos una ley extraordinaria para combatir la violencia machista, para proteger a las víctimas y para transformar las estructuras de una sociedad patriarcal que reproduce la desigualdad de mujeres y varones y con ella, como consecuencia, la violencia machista. El reto es dotarla de medios suficientes para que despegue toda su eficacia, sin perder de vista un aspecto fundamental como es la educación, de manera que nuestra infancia y adolescencia sea instruida en valores democráticos de respeto a las y los demás y de igualdad. Solo de esa forma aseguraremos una sociedad mejor, más igualitaria y más libre para el futuro.