La denuncia por las mascarillas defectuosas del IASS llega al juzgado

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha trasladado al juzgado de instrucción número 12 de Zaragoza la denuncia interpuesta por parte del Gobierno de Aragón contra la empresa Escrow Trust Europe Foundation, afincada en Países Bajos, por la compra de 10.000 mascarillas por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales durante la pandemia del coronavirus que resultaron no servir para el nivel de protección sanitaria que definía su etiquetado.

El pasado mes de abril, el Gobierno de Aragón decidió llevar ante la Fiscalía Provincial de zaragoza la compra de 10.000 mascarillas defectuosas realizada durante los momentos más duros de la pandemia. Así lo anunció la consejera de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Mamen Susín, que desgranó las causas que llevan al Ejecutivo autonómico a recurrir a la vía judicial para intentar resolver un caso que tuvo un impacto negativo de más de 25.000 euros en las arcas del Instituto Aragonés de la Salud (IASS).

La consejera explicó que el contrato al que se hace referencia es el firmado el 2 de abril de 2020 por el Gobierno de Aragón con la empresa Escrow Trust Europe Foundation. El importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas. La primera, fechada el mismo día de la venta, se presentó por correo electrónico por un importe de 154.170 euros. La segunda factura, que regularizaba o complementaba la primera facturación, se emitió en fecha 22 de abril de 2020 por un importe de 106.518 €, de lo que resultaba un saldo pendiente de pago a favor de la empresa de 16.117,69 €. "El IASS no ha pagado el importe adicional, que queda pendiente de pago a la empresa según lo que refleja la segunda factura", detalló Susín.

La consejera explicó cómo el propio Gobierno de Aragón se puso en contacto con algunos laboratorios para valorar las características de los cubrebocas y entonces ya existieron "informes que muestran reparos respecto a la calidad de las mascarillas". Este tipo de cubrebocas se pagaron a "4,15 euros", unas cinco veces más caras que las mascarillas de tres capas que se adquirieron a la misma firma, que forma parte del grupo Santacatalina. En total, se llegaron a comprar 10.000 mascarillas.

"El cobro de 4,15 euros por las mascarillas de uso médico frente a los 0,16 euros que costaron las otras mascarillas solo es razonable si, a priori, existe una calidad superior", dijo Susín, que esgrimió esta prueba como "la confirmación de que el posible engaño al IASS se habría articulado en el envío de material de un producto que no cumple con las características reales". El 25 de mayo, otro laboratorio emitió un informe que afirmaba que las mascarillas "no podían ser consideradas ni FFP2 ni FFP3".

Al llevar el caso a la Justicia, el Gobierno de Aragón pretende aclarar si este caso puede considerarse una estafa.