Veintidós personas pidieron la eutanasia en Aragón en 2023 y se practicaron cinco

El año pasado 766 personas pidieron la eutanasia en el conjunto del país, un 24,8 % más que en 2022, de las que 334 recibieron la ayuda para morir, mientras que en Aragón fueron veintidós las personas que solicitaron la eutanasia, y se practicaron cinco. El año pasado cuando las solicitudes fueron 26 y tuvieron lugar ocho.

Así se refleja en los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, que recogen, no obstante, que una cuarta parte de los solicitantes de todo el país falleció antes de que se resolviera su demanda.

Aragón en la comunidad con el menor porcentaje de eutanasias realizadas sobre el total de solicitadas, un 12 %, dato que contrasta con el cien por cien de Murcia o Extremadura (comunidades donde, no obstante, solo se pidieron dos), con el 81 % del País Vasco o el 56 % de Andalucía.

De las veintidós solicitudes formuladas en Aragón de la prestación de ayuda para morir, recogida en la ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, quince provinieron de hombres y siete de mujeres.

Las cinco eutanasias realizadas en Aragón lo fueron por un procedimiento referido a las personas solicitantes con capacidad de hecho y no por instrucciones previas.

El número total de solicitantes de eutanasia en España desde que se aprobó la ley (LORE) en 2021 se eleva así a 1.515 y a 697 las practicadas, de acuerdo con el "Informe de Evaluación Anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España" del Ministerio.

De esta forma, 2023 ha sido el año en el que más demandas de este derecho se han atendido tras las 576 contabilizadas en 2022 y las 173 de 2021, si bien hay que tener en cuenta que la ley entró en vigor en junio de ese año, por lo que esta cifra se ciñe solo al segundo semestre.

Con todo, la tasa de mortalidad por eutanasia en 2023, fue del 0,0767 % del total de fallecimientos, lo que refleja que "sigue siendo una opción minoritaria y altamente regulada", destaca el documento.

Solo el 3 % cambia de opinión

Tres de cada cuatro solicitudes presentadas el año pasado (el 76 %) se aceptaron; menos del 3 % de pacientes a los que se reconoció el derecho cambiaron de opinión y revocaron la prestación, mientras que 33 pidieron aplazarla una vez aprobada, apenas un 4 % del total.

Por contra, 188 se denegaron; 78 solicitantes presentaron reclamaciones a la negativa ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE), que acabó estimando favorables más de la mitad (58 %).

Sin embargo, cerca del 25 % (190 personas), murieron durante el proceso, con un tiempo promedio de 30 días entre que hicieron la solicitud y su fallecimiento. En total, desde 2021 han sido 374 los solicitantes que han muerto aguardando una respuesta.

En este sentido, la media de espera se sitúa en 67 días entre la solicitud y el momento de la prestación de la ayuda para morir, con una mediana de 54,2 días.

El perfil: 70-79 años, con cáncer o enfermedades neurológicas

El 28 % (215) de los solicitantes de eutanasia de 2023 tenía entre 70 y 79 años, prácticamente el doble que un año antes, lo que les convirtió en el perfil más frecuente; la edad media se situó 68,78 años y la mediana en 78,46.

Del total de peticionarios, 7 tenían menos de 30 años; 19 estaban entre 30 y 39 años; 57 entre los 40 y 49 años; 106 entre 50 y 59 años; 181 entre 60 y 69 y otras 181 superaban los 80, en este último caso también más del doble que un año antes.

La ayuda para morir la pidieron prácticamente por igual los hombres (50,7 %) y las mujeres (49,21 %).

Y lo hicieron principalmente por cáncer y enfermedades de tipo neurológico, que tenían el 70 % de los pacientes (35 % en cada caso).

Uno de los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir contemplados en la LORE es la capacidad de hecho, es decir, que la persona sea capaz y consciente en el momento de pedir la eutanasia. Aunque la inmensa mayoría (95 %) la tenía en 2023, un 15 % estaban en riesgo inminente de perderla.

La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública, que prestó el 92 % de las ayudas; la mayor parte de los pacientes reclamó que fuera un equipo sanitario el que le diera la medicación (95 %) frente a la autoadministración, que solo eligieron 18 personas.

En el 47 % de los casos, los pacientes prefirieron recibir la prestación en el hospital y un 44 % en su domicilio. Un 12,5 % se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.

Cantabria y Aragón a la cola

Por comunidades, la que más solicitantes de este derecho asistió en 2023 fue, con diferencia, Cataluña con 219, muy por delante de Madrid (89); Canarias (62); País Vasco (58); Comunidad Valenciana (56); Andalucía (43); Galicia (41); Baleares (37) o Asturias (33).

A estas les siguieron Castilla-La Mancha (28); Castilla y León (27); Navarra (24); Aragón (22); Cantabria (19); La Rioja (4); Extremadura y Murcia (2 cada una). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tuvieron ninguno.

Sin embargo, las que más prestaciones de ayuda para morir cumplieron sobre el total de solicitantes fueron Murcia y Extremadura, que realizaron las dos pedidas, seguidas del País Vasco (81 %).

Por encima o igual a la media nacional del 44 % también estuvieron Andalucía (56 %); La Rioja (50 %); la Comunidad Valenciana (46 %) y Castilla y León (44 %).

No alcanzaron ese porcentaje Cataluña (43 %); Navarra y Galicia, ambas con un 42 %; Madrid (39 %); Baleares y Castilla-La Mancha (32 %) y Asturias (27 %). Las cifras más bajas fueron, de lejos, Cantabria (16 %) y Aragón, que apenas efectuó el 12 % de las solicitadas.