España tardará al menos 15 años en equipararse a la UE en pisos públicos

La vivienda protegida ha emergido con fuerza en el debate público, donde es señalada, por su escasez, como una de las causas que explican buena parte del estrés que padece el sector, y a la vez es vista como uno de los bálsamos que podrían aliviarlo. Solo el 2,5% de las viviendas que hay en España son de titularidad pública o tienen un uso social, frente al 9,3% que le otorgan esa finalidad, de media, los países la UE, el 16,8% que le dedican en Francia o el 24% que le destinan en Austria.

La unanimidad en el diagnóstico acerca de la baja oferta contrasta con la dificultad que expresan los propios profesionales y analistas para identificar con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de vivienda pública, etiqueta que a menudo se usa para identificar desde las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se construían en España hace décadas hasta los pisos sociales de titularidad pública que actualmente se ofertan en régimen de alquiler.

«A la confusión se añade que cada comunidad autónoma, titular de las competencias, utiliza su propia normativa y terminología. El resultado es que hoy es imposible saber con certeza cuánta vivienda pública hay en España», reconoce Núria Lambea, subdirectora de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que señala un efecto perverso del modelo actual: «La poca vivienda protegida que hay se destina a grupos vulnerables, dejando desatendidos grandes sectores de población, como jóvenes, personas con sueldos precarios y clases bajas, que ni pueden acceder al mercado libre por falta de presupuesto, ni a viviendas sociales porque apenas hay», advierte.

Connotaciones históricas

Las razones de esta escasez tienen connotaciones históricas y políticas. «No hay vivienda pública porque no hemos querido. En la dictadura se construyeron millones de VPO que con los años pasaron a ser privadas. Al llegar la democracia, nos dotamos de un buen sistema público de salud, enseñanza y pensiones, pero decidimos dejar la vivienda en manos del mercado. Aznar declaró todo el suelo edificable y el estallido de la burbuja paró en seco la construcción», resume Javier Burón, gerente de Nasuvinsa, empresa pública de vivienda de Navarra, y con larga trayectoria en el sector.

En España se edificaron 6,8 millones de viviendas protegidas entre 1959 y 2011, año en el que se detuvo toda la construcción y de forma especial la que contaba con dinero público en su presupuesto, que desde entonces no se ha recuperado. Aquel modelo es visto ahora por el sector con tanta añoranza como resquemor. «Hizo posible que hoy el 47% de los españoles puedan ser propietarios de las casas donde viven y estar libres de deudas. En Alemania, solo el 19% de la población puede decir lo mismo. En Países Bajos, el 8%. En Suiza, apenas el 4%. Esto también hay que recordarlo cuando nos comparamos con Europa», destaca Sergio Nasarre, catedrático de derecho civil en la URV y experto en vivienda. En su opinión, la vivienda pública en propiedad «es la que más necesitan las clases bajas, porque les permite ser dueños de sus destinos sin tener que depender toda la vida de subsidios ni de alquileres sociales».

Sin embargo, aquella fórmula incluía una particularidad que hoy levanta sarpullidos: pasados unos años -alrededor de diez, pero el plazo dependía del plan urbanístico bajo el que se hubiera construido-, la vivienda dejaba de estar protegida y su dueño, que había pagado por ella menos de lo que le habría costado en el mercado libre, podía venderla al precio que quisiera. «Esto no solo permitió a unos pocos beneficiarse de una plusvalía generada con el dinero de todos, sino que hizo desaparecer un parque de vivienda pública que podría haber seguido teniendo un uso social», señala Juli Ponce, catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat de Barcelona y codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda.

La ley de vivienda aprobada en mayo de 2023 prohíbe la recalificación durante al menos 30 años de las nuevas viviendas protegidas que se construyan a partir de ahora, pero el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esa prohibición y la decisión está ahora en manos de cada comunidad autónoma. Cataluña, País Vasco y Navarra la mantienen, pero Madrid la limita a diez años y Andalucía quiere rebajarla a siete.

Lo que nadie cuestiona hoy es la necesidad de que vuelva a edificarse vivienda pública, sea para destinarla a la venta a personas y familias que no pueden acceder al mercado libre por limitaciones de presupuesto, como para ofrecerla en régimen de alquiler social a quienes tampoco pueden pagar las mensualidades que se piden hoy en las grandes ciudades.

El Banco de España ha calculado que el país necesita un millón y medio de viviendas protegidas para equipararnos a Europa, lo que implica edificar 100.000 cada año durante una década y media. Esto abarca, como mínimo, cuatro legislaturas. «Solo se podría lograr poniendo en marcha políticas de vivienda a medio y largo plazo y buscando el consenso con todos los actores, pero los políticos no piensan más allá de las elecciones que hay cada cuatro años», se lamenta Núria Lambea.

Tras la aprobación de la ley de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la construcción de 184.000 viviendas para alquileres sociales. En opinión de Javier Burón, antes de hablar de cifras, hay que «crear el ecosistema» que las haga posibles. «Ahora mismo, lo urgente no son las casas, sino poner de acuerdo a los inversores, los constructores y a las entidades que gestionarán esos alquileres. Ese tejido no existe y hay que crearlo si queremos resolver la deuda pendiente que tenemos con este tema desde que llegó la democracia. Se trata de convertir a la vivienda pública en un nuevo pilar de la sociedad del bienestar», concluye el experto.