PP y Vox, el exclusivo idilio zaragozano

La firma del acuerdo, que se presenta como inminente a falta de cerrar algunos «flecos», resulta cuanto menos llamativa teniendo en cuenta el contexto actual, con Santiago Abascal jugando a las amenazas para amedrentar a un PP que, aunque de forma velada, acaba aceptando. Sucedió la semana pasada, cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, dio por rotas todas las negociaciones regionales. Un órdago que excluía a los ayuntamientos pero que no deja de enrarecer un ambiente de negociación que en el caso de Aragón viene marcado por la ruptura de PP y Vox en el Ejecutivo el pasado verano. De ahí el miedo que existe en la planta noble municipal, donde no descartan que los de la ultraderecha dinamiten el acuerdo a última hora por encomienda de Madrid.

Es por eso que se trabaja desde la «máxima discreción» y con pies de plomo para no molestar a los de Abascal. Un año más, PP y Vox coinciden en la necesidad de continuar con la reducción de la deuda, rebajar la presión fiscal, aumentar las inversiones y fortalecer los servicios públicos. Sobre esta base se ha empezado a trabajar para entrar al detalle en proyectos más peliagudos.

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Pese a que desde el PP zaragozano insisten en que el caso del ayuntamiento no es el mismo que el de Huesca –donde el entendimiento entre PP y Vox es imposible- y que las malas relaciones entre Azcón y Nolasco no afectan al día a día de la casa consistorial zaragozana, es imposible obviar el ruido. Eso sí, los dardos suelen llegar siempre desde la misma dirección: desde Vox. El último, por ejemplo, desde el portavoz municipal de la formación ultra, Julio Calvo, que acusó a la alcaldesa de gestionar el ayuntamiento «con criterios de un centro comercial o parque de atracciones donde siempre hay que presentar iniciativas para entretener al personal y que la fiesta no de caiga». «Un ayuntamiento es otra cosa», afirmó.

Los escollos

Una de ellas, casi la principal, es la construcción de la nueva Romareda, recién adjudicada con un importante ahorro del 10%. Desde Vox no terminaron de gustar las formas en las que la sociedad mixta presidida por Natalia Chueca se recompuso con la última inyección de 72 millones de dinero público. De ellos, la mitad son aportados por el consistorio y se extraen, por un lado, de los plurianuales de la Ciudad Inteligente del Deporte (cuestión que Vox celebra) y, por otro, a través de préstamos participativos. Es en las condiciones de este último punto donde la formación de Abascal quiere que se refleje bien cómo y en qué condiciones van a retornar desde la sociedad Nueva Romareda dichos aportes, que ascienden a 16 millones.

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Otra de las exigencias más sonadas desde la ultraderecha es la plusvalía. Un clásico de Vox. Una de sus más famosas «líneas rojas» en las que exigen la rebaja anual del 2% en un impuesto que reporta a las arcas municipales cerca de 30 millones de euros. Tanto es así, que la negociación definitiva de las ordenanzas fiscales condiciona a la del presupuesto. En la votación de las ordenanzas Vox ya demostró que no va de farol –pese a que acostumbra a decir una cosa y hacer la contraria, siempre a base de órdagos– y los ultras llegaron incluso a votar de la mano de la izquierda, sumándose a ZeC y al PSOE para limitar la subida de la tasa de basuras al incremento del IPC. Un giro de guión que no se espera en las cuentas.

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En el apartado de gestión, la ultraderecha espera que se sigan dotando a los polígonos industriales con una mayor inversión y que se incrementen las partidas para el Casco Histórico, especialmente las destinadas a Zamoray-Pignatelli. Cabe recordar que Armando Martínez, concejal de Vox y vicepresidente de la delegación zaragozana del partido, preside la Junta de Distrito.

En cuanto a las cifras, desde la formación de Abascal calculan que el pasado año influyeron en unos 12 millones de los 950 iniciales que se plantearon a finales de diciembre de 2023. Ahora, la ambición del grupo que lidera Julio Calvo es que esa cifra oscile entre los 20 y los 30 millones, aunque en este cómputo incluyen rebajas fiscales ya acordadas como las de las basuras o las plusvalías, así como los cambios en la zona azul.