Más de 250 aragoneses esperan una ayuda de dependencia desde hace más de un año
En 2024 han fallecido 853 personas en Aragón pendientes de resolución del grado o la prestación

Una mujer mayor espera sentada en un banco de Madrid, en una imagen de archivo. / Europa Press
Casi siete meses -198 días- es el tiempo medio que deben esperar los aragoneses desde que solicitan su prestación de dependencia hasta que esta se aprueba. Es la quinta comunidad con menos plazos de tramitación y su media es, por tanto, inferior a la estatal, que está cifrada en casi diez meses (330 días). Así se desprende del informe nacional elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con motivo del 18 aniversario de la ley de Dependencia.
En todo caso, hay que tener en consideración que en Aragón hay 725 personas que tienen todo el procedimiento resuelto y que todavía no han recibido la prestación económica o el servicio que se les ha reconocido. De ellas, 256 llevan más de seis meses esperando, lo que indica que presentaron la solicitud hace más de un año y continúan pendientes de recibir o bien la prestación o bien el servicio. El documento también revela que, entre enero y octubre de 2024, han fallecido 853 aragoneses pendientes de resolución de grado o resolución de prestación.
Por partes. Las personas que cuentan con todo el procedimiento resuelto quiere decir que se les ha reconocido el derecho a recibir la dependencia a través del Programa Individual de atención (PIA), que es un proceso burocrático que permite conocer la dependencia de una persona o cambiar las prestaciones que se le conceden por su carácter dependiente. Para poder recibir este documento, la persona debe tener el grado de dependencia (1, 2 o 3) reconocido. Así, son 725 los aragoneses que cuentan con el PIA y que desde hace meses se mantienen a la espera de recibir la prestación económica o el servicio que les corresponde, según el informe.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Aragón realizó un balance de la atención a la dependencia en 2024 e informó de que se batió el récord al atender a 43.736 personas. Además, sostuvieron que, de septiembre de 2023 a septiembre de 2024 se produjo un aumento del porcentaje de personas con resolución del PIA en Aragón: del 3,00% al 3,23%.
En esta misma línea van las cifras ofrecidas por el coordinador de Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, que revelan que la comunidad se sitúa por debajo de la media nacional en el limbo de la dependencia, entendido este como el concepto que se emplea para denominar a quienes tienen el grado reconocido pero están pendientes de recibir el PIA.
Mientras en Aragón la media de la lista de espera es de 10,47%, en España es de un 13,4%. Según detalló el pasado septiembre el Gobierno autonómico, el limbo de personas pendientes de recibir su PIA se redujo a 76.
Según sostiene García, si se ha conseguido lograr una reducción de las listas de espera y un incremento del número de atenciones ha sido a raíz del «bajo coste» de las prestaciones económicas y de la «reducida intensidad» de los servicios. Por un lado, los datos reflejan que Aragón está por debajo de la media en cuanto a gasto por persona potencialmente dependiente: 1.066 euros frente a los 1.378 euros de media estatal.
Pérdida de financiación
Por otro lado, como denunció García, las horas mensuales que se ofrecen de servicio en Aragón son inferiores a las del resto de comunidades. La suma de todo ello da un resultado «poco efectivo para atender adecuadamente a las necesidades de las personas en situación de dependencia», según apunta.
También en materia económica, el coordinador de servicios sociales manifestó que Aragón es una de las seis comunidades que «ha perdido financiación estatal». Según explica, entre los criterios establecidos por la Administración Central está que si la comunidad autónoma reduce su aportación a la ley de dependencia a raíz de que el Estado aumente su presupuesto, el Gobierno Estatal reducirá la cuantía destinada a esa región en los dos próximos años. Así, en 2023 Aragón recibió 1,5 millones menos por tener un presupuesto inferior al de la media de los años 2020 y 2021. García lo califica como «un problema de inversión». «Cuando el Gobierno de Aragón presente los presupuestos para 2025, o cuando la oposición presente sus enmiendas, veremos si hay algo más que retórica en lo que se dice sobre nuestros mayores o las personas que necesitan apoyo para las actividades básicas de su día», afirma.
Los datos de Aragón se engloban dentro de un informe nacional que subraya que en torno al 3,4% de la población española requiere de apoyos para llevar a cabo las necesidades básicas de la vida diaria. Desde el colectivo, reclaman que «el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento».
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