Aragón solo tiene en paro al 5,5% de sus graduados superiores

Competir internacionalmente y desempeñar un papel central en el desarrollo económico y social del país debería ser uno de los objetivos de la universidad para que deje de pasar lo que está pasando ahora mismo: casi el 36% de los graduados ocupan puestos de baja cualificación. ¿Como revertir la situación para hacer más competitivo el sistema universitario español, que cuenta con 50 universidades públicas y 36 privadas? Con medidas que incluyan nuevas estrategias de financiación, fomento de la internacionalización, consolidación laboral de los docentes e investigadores y mejora de la empleabilidad de los egresados. Así lo explica Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, cuyo patronato está presidido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander), institución que lleva veinte años analizando con lupa la educación superior y que el pasado martes presentó su nuevo informe anual.

Más allá de la adaptación del empleo, el informe otorga a la comunidad una buena nota en cuanto a la tasa de empleo de los jóvenes que terminan sus estudios. Con una tasa de paro del 5,5%, Aragón se encuentra entre los territorios que más oportunidades ofrece a los recién graduados junto al País Vasco, Cataluña y La Rioja, independientemente del nivel de cualificación. Entre el conjunto de la población la tasa de paro aragonesa ronda el 8%.

«Es crucial que las universidades preparen a los estudiantes para futuros escenarios profesionales, fomentando capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptación al cambio y las habilidades digitales», destaca un informe que precisa un porcentaje del 42,9% de graduados superiores en la población de los 25 a los 64 años.

El informe aborda igualmente la relación de las comunidades autónomas con las universidades públicas presenciales en su territorio, considerando que la educación es una competencia descentralizada en España. En 2022 el 82% del total de las transferencias recibidas provinieron de las administraciones autonómicas. La comunidades con mayores aportaciones fueron La Rioja, Navarra y Cataluña presentaron las mayores aportaciones, con más de 9.000 euros por estudiante. En el caso de la Universidad de Zaragoza se transfirieron 7.162 euros por alumno, algo más de la media estatal de 6.671 euros.

Matriculados

En estas circunstancias, un aragonés tiene que aportar de media 1.302 euros por curso. Por universidades, entre las diez con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y la de Alcalá) y cuatro catalanas (Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida), además de la Universidad de Zaragoza. Con todo, Aragón también figura en el grupo de cabeza cuando se calcula el gasto por alumno, que en el año 2023 quedó fijado en 8.480 euros, bastante por encima de la media estatal, fijada en 7.589 euros.

La Universidad de Zaragoza también se mueve en los puestos medios de la tabla clasificatoria a la hora de analizar el precio del crédito matriculado con 17,32 euros en los grados y los 29,82 en los másteres. En los últimos años los precios han ido a la baja, pero aún están lejos, en el primero de los casos, de la media estatal de 15,49 euros por crédito.

En términos de retornos a la sociedad en producción científica, la Universidad de Zaragoza genera cerca del 70% de las publicaciones de la comunidad y alberga más del 45% de los investigadores. Las instituciones con las se tienen más lazos de colaboración pertenecen a su mismo sector, es decir, universidades (61,19%), seguido del sector gobierno en el que destacan los centros de investigación del CSIC y las del gobierno autonómico.

En el apartado de los retos de la universidad española, el informe también constata la falta de movilidad, tanto entre comunidades como entre países. Además, en casi todos los casos los desplazamientos son mayores en máster que en grado, excepto en Aragón, Navarra y La Rioja, donde el grado presenta una movilidad ligeramente superior.

Contratos inestables

El pilar sobre el que se sostiene la calidad educativa y la producción científica de la universidad es el personal docente e investigador, que según el informe de la fundación Conocimiento y Desarrollo ha crecido en toda España un 9,3% desde el curso 2018-19 aunque de manera desigual: 6% en las públicas y 26% en las privadas, porcentaje que se explica por el aumento de los centros privados. Un reto importante es cómo afrontar el envejecimiento de este personal, que tiene una edad media de 49,5 años. En la próxima década se jubilarán un 18% de ellos. La conclusión es que faltan docentes e investigadores.

La causa, entre otras, hay que buscarla en la precariedad laboral: sueldos nada competitivos y falta de perspectiva de estabilización. En el curso 2022-23, solo el 52% de los PDI de los centros públicos tenía un contrato permanente (82% en el caso de las privadas). Con la nueva legislación en el curso 2025-26 la temporalidad del profesorado quedará reducida a un 8%.